El análisis de Antoni Bassas: 'Gobierno Aragonès, ¿cómo defendemos a los trabajadores públicos a los que el Tribunal de Cuentas quiere arruinar?'
¿Cómo se puede hablar de algo con normalidad con el gobierno español si vives amenazado por los organismos del Estado? Hace falta una respuesta del Govern. Y, si no, ya nos las arreglaremos nosotros
Pasado mañana se encontrarán en Waterloo el president Puigdemont y el vicepresidente Junqueras. Después hablaremos de ello, porque en el primerísimo primer plano tenemos la quinta oleada del covid-19: empezamos una semana con el nivel de contagios que teníamos en enero, cuando casi nadie estaba vacunado. Es urgente la vacunación de todos los adolescentes y jóvenes hasta 30 años, que es la última franja para la que se ha abierto la vacunación. La edad media de las personas que se contagian en Catalunya es de 26 años y medio. Volvemos a tener más de 500 ingresados en los hospitales (de momento, en las UCI no lo notan), por lo tanto, es una oleada que está complicando la vida a los centros de asistencia primaria, donde tienen que ocuparse de los positivos y seguir vacunando, y lo están haciendo, porque cerca del 40% de catalanes tenemos toda la pauta de vacunación completa.
Volvemos a estar atrapados en el arranque de caballo y la parada de burro, porque este rebrote nos coge cuando la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en todas partes, y cuando por Barcelona ya se ven los autocares que llevan arriba y abajo a los turistas de los cruceros y los buses turísticos municipales vuelven a ofrecer el servicio.
Esta es la emergencia más visible. Hay otra persistente, que es la emergencia nacional. Hay un tic-tac de fondo, cada vez más ensordecedor, que es el del plazo para pagar las fianzas dictadas por el Tribunal de Cuentas.
Mañana podría ser (tendría que ser) un día clave, el día que el Govern anunciara de una vez qué piensa hacer para no dejar abandonados a dos presidents y docenas de consellers y altos cargos de la Generalitat que no solo no han cometido ningún delito sino que estaban haciendo uso de sus competencias estatutarias y estaban aplicando el programa electoral con el que habían ganado las elecciones. Digo que mañana tendría que ser el día porque mañana es martes y hay reunión del consejo ejecutivo. Nos consta que el Govern ha estado estudiando cómo encontrar el dinero sin volver a caer en la malversación. Pero si no puede cubrirlo la Generalitat, que el Govern lo denuncie, nos lo diga y tratamos de recoger el dinero entre nosotros. Estamos hablando de políticos que pusieron las urnas el 9-N y y el 1 de Octubre. No los podemos dejar solos.
Todo ello está generando inquietud y malestar entre los afectados, que ven que pasan los días y la espada del embargo de sus bienes cuelga sobre sus cabezas. Fíjense qué paradoja: el dinero que recaudará el Tribunal de Cuentas tendría que ir a la Generalitat porque habría sido la parte perjudicada, pero la Generalitat dice que ella no es perjudicada. Todo esto pasa, y esta es la emergencia de fondo, por eso que hoy explicamos en la portada: "La presión judicial condiciona a los funcionarios de la Generalitat". Lo explica Núria Orriols. La inquietud llega al punto de que en un caso se negó la firma para hacer una traducción de un discurso de un miembro del Govern porque contenía la palabra independencia o se refería a la autodeterminación.
O se han encargado estudios académicos sobre procesos de secesión y ha habido dificultades para pagarlos porque el interventor delegado del departamento afectado consideraba que podían ser susceptibles de una investigación. O se han extremado precauciones a la hora de abrir nuevas delegaciones en el extranjero. Hechos que en su momento nadie denunció o impugnó –como los viajes al extranjero del president– en el marco de las competencias de la Generalitat ahora se han convertido en susceptibles de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas. Esto hace ir a los funcionarios con un “exceso de celo” en materia de contratación y a la hora de autorizar viajes.
Esto no es autogobierno, ni es democracia, es una vergüenza. ¿Cómo tienen después la cara de decir que cualquier idea se puede defender en democracia, si la persecución es constante? Me gustaría oír al Govern y los partidos que lo integran dando respuesta a estas situaciones.
Porque después lees lo que avanza hoy La Vanguardia, que dice que el gobierno español quiere que se empiecen a reunir a toda máquina a sus ministros con el gobierno de la Generalitat, en las llamadas comisiones bilaterales: fiscalidad, infraestructuras, transferencias. Todo esto está muy bien, pero no están haciendo nada que, de toda manera, no hubieran tenido que hacer. Y, sobre todo, ¿cómo se puede hablar de algo con normalidad con el gobierno español si vives amenazado por los organismos del Estado? Hace falta una respuesta del Govern. Y, si no, ya nos las arreglaremos nosotros.
Un recuerdo para los exiliados y para los represaliados. Y que tengamos un buen día.
