Uno mes después de la catastrófica DANA que arrasó comarcas enteras de la Comunidad Valenciana, con una especial afectación en l'Horta Sud, la situación todavía está lejos de alcanzar la normalidad. No sólo por la magnitud de la tragedia humana, con 222 víctimas mortales y cinco desaparecidos, sino porque el grado de devastación de una zona densamente poblada y con mucha actividad económica como aquélla no tiene precedentes en la historia reciente. Por ahora las calles vuelven a ser transitables, pero todavía hay bajos y garajes inundados. Muchos edificios públicos no son seguros, así que hay escuelas, por ejemplo, donde todavía no se ha podido reanudar la actividad lectiva. Toda la basura y los vehículos que quedaron inutilizados se acumulan ahora en vertederos improvisados para desesperación de los vecinos. De hecho, las labores de reconstrucción a gran escala todavía no han comenzado. Y éste debe ser el gran reto de la legislatura.
Mientras tanto, en el ámbito político las responsabilidades tampoco se han asumido, en especial las del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que un mes después todavía no ha ofrecido una rueda de prensa abierta a preguntas e intenta que las suyas apariciones públicas sean en lugares donde no pueda recibir abucheos de la población. Por ejemplo, este viernes ha hecho una comparecencia cuando hace un mes de la DANA en un lugar despoblado de la huerta de Utiel. Un mes después todavía no se sabe con exactitud cuál fue su agenda entre las 17.30 h, cuando supuestamente terminó el almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana, y las 19.30 h, cuando llegó al Cecopio. Durante esas horas fatídicas, el presidente valenciano estuvo desaparecido. Él afirma que siempre estuvo en comunicación. Pero no sabemos con quién ni qué información recibió, porque la situación era ya dramática en algunos puntos desde la mañana. Existe consenso en señalar que la gestión de la emergencia por parte de la Generalitat Valenciana fue nefasta; y, de hecho, le ha costado el puesto a la consejera del ramo, ya que la tardanza en avisar a la población es lo que provocó el alto número de víctimas. Y éste es un extremo que puede acabar teniendo consecuencias penales.
Por otra parte, el gobierno español afirma que su actuación ha sido impecable, pero la realidad es que esto tampoco se puede afirmar, ante lo que han sufrido las víctimas de la DANA. Algunos pueblos permanecieron abandonados durante días enteros hasta que vieron aparecer algún militar o bombero. Y si no hubiera sido por los voluntarios, las calles todavía estarían llenas de barro. La respuesta del Estado en su conjunto no fue tan diligente y rápida como era necesario, y habrá que extraer conclusiones de cara al futuro.
Quizás los avisos a la población no pueden depender de una sola persona, con el peligro de que ésta sea incompetente, y deben estar más protocolizados. También será necesario analizar si se pueden mejorar los sistemas de coordinación entre administraciones. Y, sobre todo, ver si es necesario aumentar las dotaciones de los equipos de emergencias. Y, por último, ver cómo se adaptan el urbanismo y el tejido productivo a este nuevo escenario provocado por el cambio climático. Un mes después, la mayoría de deberes todavía están por hacer.
