04/12/2020

Ensañamiento

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Carme Forcadell, saludant els concentrats a les portes de la presó de Wad-Ras, a Barcelona

BarcelonaLa decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a los presos políticos catalanes era previsible, pero no por eso se tiene que dejar de denunciar la injusticia y el ensañamiento que supone contra unas personas que ya han sido condenadas a penas muy altas por un delito, el de sedición, que no existe en muchos países de nuestro entorno y que es fuertemente cuestionado por muchos juristas. Carme Forcadell y Dolors Bassa ya tuvieron que ingresar ayer por la noche en sus respectivos centros penitenciarios en unas imágenes que indignan a una mayoría social catalana y que son fruto de una segunda condena.

Porque lo que no entiende el Supremo, y en especial el presidente de la sala segunda, Manuel Marchena, es que su decisión confirma justamente que esta es una causa política, y que por lo tanto los condenados son presos políticos. El tono de los autos, su desprecio por las opiniones de los jueces de vigilancia penitenciaria, que recordamos que son especialistas en materia de cumplimiento de condenas, y sus críticas al departamento de Justicia son la prueba fehaciente de que se trata de una revancha, de un intento desesperado de defender una condena que, además de contener un relato que fue refutado por la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional sobre el mayor Trapero, no se habría dictado nunca en la vecina Europa y algún día será revisada por jueces europeos.

Por este motivo los autos parecen más una autojustificación que un texto técnico sobre cumplimiento de condenas. Se afirma que los condenados "dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objetivo de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y los jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables". ¿Cómo se decide quién está dinamitando las bases de la convivencia? ¿Dónde hubo un "alzamiento"? Y menos todavía "tumultuario". Y finalmente: ¿una concentración de la PAH para impedir un desahucio también sería constitutivo del delito de sedición? El juez dice que no se persigue la ideología independentista, pero es evidente que sí porque si no las prisiones estarían llenas de activistas de otras muchas causas.

Esta semana hemos visto cómo el gobierno de Hong Kong ha condenado a los líderes de las protestas a favor de la democracia a 13 meses de prisión por unas actuaciones perfectamente asimilables al papel que jugaron Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. ¡13 meses contra 9 años de prisión! Esta comparación tendría que hacerles caer la cara de vergüenza a los demócratas españoles.

La actitud del Supremo demuestra que la politización de la justicia y su sesgo ultraconservador y nacionalista son hoy el mayor problema de la democracia española. El gobierno de Sánchez e Iglesias tendrían que tomar buena nota y ponerse manos a la obra, sea con indultos, con la revisión del Código Penal (para eliminar el delito de sedición o condicionarlo al uso de armas) o con la vía más efectiva de todas: una ley de amnistía. Solo así se podrán dar pasos para normalizar la vida política y abordar el conflicto político en una mesa de negociación.

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