El espíritu del '82

MadridLa actividad de Felipe González en relación con la crisis del coronavirus es pública. Ha escrito artículos y se ha expresado en entrevistas radiofónicas y esta misma semana participó en una videoconferencia sobre gobernanza en el mundo. Y, también, ha suscrito una carta de responsables políticos al G-20 en la que se proponen medidas de emergencia. Seguramente a la expresión de sus puntos de vista une contactos con personalidades del exterior, tanto en América Latina como en la Unión Europea.

El contenido de su intervención, por su insistencia, revela, en gran medida, una preocupación por la gestión del gobierno que lidera el PSOE, a quien recomienda ejercitar el dialogo y el pacto de las medidas a adoptar, así como promover una intensa actividad parlamentaria.

El diálogo con los líderes políticos, según apuntamos el jueves 2 de abril, más que una opción era para Pedro Sánchez una obligación, en un país en el que la política padece, mucho antes de propagarse el Covid-19, del crispavirus, para el cual, tras largos años de convivir con él, se carece de una vacuna eficaz. Y, a la luz de la traumática historia del 11-M, ese diálogo y esa consulta debían estar presente en toda la acción del gobierno.

Dos días más tarde, el 4 de abril, Felipe González apuntaba en el diarioEl País que "el Gobierno tiene que contar con todas las fuerzas políticas para llegar al máximo consenso en las medidas que hay que implementar". A su entender, el pluralismo político "está representado en el Parlamento y no tiene ningún sentido que esté paralizado".

González alude especialmente a un punto traído por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, días antes, el 29 y 30 de marzo, sobre el artículo 128 de la Constitución, según el cual “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

El expresidente de Gobierno advierte: “En España no se puede aludir al artículo 128 sin reconocer y cumplir con el resto de principios constitucionales”. Apunta que el “enorme desafío” de la pandemia exige que el Estado “asuma ese papel previsto en el artículo 128 de la Constitución, respetando todo su contenido y en respuesta a la defensa del interés general”.

En ese interés general, González subraya el diálogo con sindicatos y empresarios.

Y advierte: “No habrá empleo sin empleadores, ni las empresas privadas podrán ser sustituidas por la tentación estatalizadora que nos conduciría al fracaso. Nada hay más equivocado en esta emergencia que buscar culpables en lugar de aunar esfuerzos”.

Felipe González, pues, no ha querido, al parecer deliberadamente, describir a modo de boceto un plan general para lo que ya es considerada la crisis generalizada de la economía desde la Gran Depresión de los años treinta y la época de la Segunda Guerra Mundial.

Vamos, que parece renunciar, al menos hasta ahora, a esbozar un plan socialdemócrata.

Y, mira por dónde, la crisis en curso plantea después de varias décadas la oportunidad del renacimiento de una socialdemocracia asimilada al triunfo del neoliberalismo.

El economista y académico británico-estadounidense Willem Buiter, economista jefe del banco norteamericano Citigroup entre 2010 y 2018, señala esta misma semana en su columna el papel de lo que denomina el “nuevo socialismo”.

“En última instancia, todo el tratamiento relacionado con el coronavirus (incluida la hospitalización) deberá ser cubierto por el estado, y solo los gobiernos nacionales pueden reunir fondos en esa escala. Del mismo modo, el estado también deberá proporcionar una compensación total a los trabajadores que pierden ingresos como resultado de la crisis. Para mantener la demanda agregada, los gobiernos podrían introducir un ingreso básico universal temporal, mediante el cual cada adulto recibe una transferencia de efectivo periódica mientras dura la crisis”.

Sin embargo, según Buiter, que es ahora profesor invitado en la Universidad de Columbia, Nueva York, sñala que “incluso con el apoyo de ingresos provisto por el gobierno, es probable que las empresas experimenten un déficit dramático de ingresos, debido a interrupciones relacionadas con la crisis en la fuerza laboral, la demanda interna y externa y las cadenas de suministro en todos los niveles. Aquí, el estado podría intervenir como comprador de último recurso, o podría proporcionar crédito o garantías de crédito a empresas con dificultades financieras. Dicho crédito podría convertirse en capital, ya sea inmediatamente o una vez que la crisis haya terminado, en forma de acciones preferentes sin derecho a voto, impidiendo así el deslizamiento hacia una economía de planificación central”.

Buiter sostiene que “el nuevo socialismo también tendrá una dimensión internacional”.

Según vaticina, “las economías de mercado capitalistas tendrán que ceder, al menos temporalmente, a una forma improvisada de socialismo dirigida a restaurar los flujos de ingresos para los hogares y los flujos de ingresos para las empresas. Luego veremos si las consecuencias de este experimento con el socialismo duran mucho más allá del final de la pandemia”.

La crisis en curso no será un paréntesis para volver a la normalidad previa, como parece creer Felipe González. Porque esa normalidad ha saltado por los aires, aflorando una desigualdad e injusticias no solo indisimulables sino también ya insostenibles.

Por ello, el agujero que supone la ausencia de líneas de un posible plan socialdemócrata en las intervenciones del expresidente marca un alejamiento manifiesto de las necesidades de su propio partido, el PSOE.

O dicho de otro modo, un abandono visible del espíritu con que 10.127.392 de ciudadanos, o 48,11% de los votos, otorgaron al PSOE 202 escaños en el Congreso de los Diputados un jueves 28 de octubre de 1982.

En su libro Socialdemocracia y crisis económica en Europa (Alfons el Magnànim, 1991) Fritz Scharpf, director emérito del Instituto Max Planck de Alemania, hacía una advertencia que conviene evocar.

“Los socialdemócratas podrían hacer su reticente paz con el capitalismo solo si también pudieran esperar evitar sus crisis recurrentes o al menos amortiguarlas lo suficiente como para asegurar el continuo crecimiento económico necesario para mantener el pleno empleo y expandir los servicios públicos. La esperanza fue proporcionada por la economía keynesiana. Fue solo en alianza con el keynesianismo que los conceptos socialdemócratas pudieron lograr la hegemonía intelectual que perfiló la era de la posguerra ".