23/11/2020

La obligación del Govern es organizar unas elecciones seguras

2 min
Una nena dipositant el vot del seu pare en les eleccions al Parlament / CÈLIA ATSET

BarcelonaRafael Ribó, Síndic de Greuges (equivalente al defensor del pueblo), pidió ayer que se constituya un comité de expertos que determine, con la fecha tope del 15 de enero, si hay las condiciones sanitarias para celebrar las elecciones el 14 de febrero. También instó a los partidos a hacer una reforma legal que permita, por ejemplo, ampliar las jornadas de votación para evitar aglomeraciones y reducir así el riesgo de contagio. Las recomendaciones de Ribó se suman así a los diferentes estudios elaborados por el Govern sobre cómo afrontar estas elecciones. Pero también a las declaraciones de varios miembros del Govern, como por ejemplo la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y el titular de Interior, Miquel Sàmper, que pusieron en entredicho, o al menos cuestionaron, que las elecciones se puedan celebrar efectivamente el 14 de febrero.

Tanto desde JxCat, por boca de Elsa Artadi, como desde ERC, con Marta Vilalta, se pidió ayer poner fin a las especulaciones sobre la fecha electoral y dejar trabajar al Govern en sus planes para garantizar que se puedan llevar a cabo con la máxima normalidad. No hay duda que organizar unas elecciones en plena pandemia representa un reto logístico y político muy importante, pero lo que tiene que hacer el Govern es tomar todas las medidas necesarias para que las elecciones se puedan celebrar en la fecha fijada sin que se conculquen derechos ni se ponga en riesgo la salud de nadie. Y esto, tal como demuestran experiencias de otros países, se puede hacer.

De hecho, la administración cuenta con un amplio abanico de opciones para hacer que los comicios sean el máximo de seguros, como poner los centros de votación en instalaciones más amplias, por ejemplo pabellones deportivos, y también dinamizar el voto por correo. Tal como se demostró en el caso de Galicia y Euskadi, el reto más difícil es el de garantizar el derecho de las personas que hayan dado positivo entre que se cierra el voto por correo y el día de las elecciones. Lo que no es aceptable es privar nadie del derecho de sufragio por el hecho de sufrir una enfermedad infecciosa en pleno siglo XXI.

Pero más allá de estos aspectos, lo que sería deseable sería acabar ya con las especulaciones sobre la fecha electoral, porque, si no, se puede llegar a pensar que alguien tiene un interés especial en posponer las elecciones por un interés partidista. Y esto sería inaceptable. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que este Govern, con dos partidos enfrentados entre ellos y sin presidente, está agotado, y que es necesario que la ciudadanía se vuelva a pronunciar para decidir qué proyecto tiene más apoyo y que se pueda conformar un Govern más fuerte y estable. Y solo en el supuesto de que el contexto haga verdaderamente inviable la celebración de las elecciones, por ejemplo en caso de confinamiento total, sería justificable un aplazamiento.

Mientras tanto, la obligación del Govern es garantizar tanto el derecho a celebrar elecciones cuando el Parlament así lo decida como que se hagan en las mejores condiciones sanitarias posibles. De hecho, no hacerlo sería, un año después del inicio de la pandemia, uno de los principales fracasos de la actual administración.

stats