¿Se imaginan a un grupo de médicos peleándose a gritos o ignorándose abiertamente mientras el paciente a la espera de diagnóstico se va desangrando delante de ellos? No es una escena inimaginable, pero la solidez de los protocolos médicos, la competencia técnica de una profesión meritocrática, el principio de jerarquía y el miedo a las consecuencias profesionales y personales limitan la actuación irracional e irresponsable ante un paciente moribundo. Del mismo modo que un médico, un arquitecto paga caro el hundimiento de un edificio, un ingeniero el de un puente y un conductor de autobús un accidente. Exactamente lo contrario de lo que pasa en la política española, donde se respira un ambiente de irresponsabilidad, donde el progreso se atasca por la incapacidad de hacer ni siquiera un diagnóstico que respete los hechos y permita ejecutar políticas para salir del barro en el cual se va hundiendo la cosa pública. Entretenerse en describir este proceso de degradación en el cual va cayendo la política no parece muy útil, pero sí puede serlo hacer un diagnóstico que se pueda discutir y debatir con aquellos que estén interesados en salir de la parálisis e intentar salvar al moribundo.
Agotamiento constitucional
El presidente de Real Academia Española, el jurista Santiago Muñoz Machado, admitía esta semana en un debate organizado por el ICIP y el Cidob que la Constitución está “muy inválida”, “muy defectuosa”. Desgraciadamente, el diagnóstico compartido con el prestigioso académico es pecado mortal en la prensa cavernaria y todavía pocas voces españolas de su prestigio osan admitir que la carta magna tiene esclerosis después de más de cuatro décadas sin adaptarla y después de la involución del espíritu constitucional que impuso el PP. Falta todavía masa crítica para hacer posible una adaptación de la Constitución a la realidad que no sea una involución territorial mayor.
La judicialización de la política carcome el tercer pilar del Estado y no hay que estar en Catalunya para verlo ni para tomar conciencia de que la imagen de la justicia española ha empeorado en Europa. Los propios jueces expresan en una encuesta publicada esta semana que los políticos eluden sus responsabilidades y optan por judicializar los asuntos complejos en lugar de llegar a acuerdos (lo piensan un 88% de los jueces).
En Catalunya, la desconfianza en la justicia es profunda tres años después de que dos activistas sociales, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, entraran en la cárcel con penas que no son solo injustas sino que suponen una peligrosa amenaza para cualquier causa civil, sea cual sea su origen. La aceptación por parte de tantos intelectuales españoles del abuso de poder sobre la causa independentista es uno de los síntomas más inquietantes de la enfermedad democrática que afecta a España.
Obstruccionismo y contrarreforma
Las mayorías cualificadas necesarias para las reformas y para la elección de organismos clave son incompatibles con una oposición obstruccionista. La polarización bloquea la renovación de instituciones importantes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El gobierno de coalición de Pedro Sánchez vive una operación de acoso de la derecha política y mediática sin tregua y el jugador de póquer amenaza con cambiar la ley haciendo las delicias de Hungría y Polonia.
También en Catalunya numerosos organismos están atascados. La situación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es un ejemplo paradigmático de ello, con la presidenta y todos los consejeros excepto uno con el mandato agotado desde marzo de 2018.
La incapacidad de tomar decisiones conjuntas afecta también a la continuidad de las políticas más allá de las legislaturas en temas capitales para el progreso como la educación, la lucha contra el paro juvenil o la supervivencia del estado del bienestar.
Madrid: el agujero negro
Los lamentos históricos de Catalunya por el drenaje de recursos del Madrid capital, que actúa como un agujero negro, empiezan a ser compartidos por Valencia, las Baleares y otras comunidades que con el PP estaban más centradas en el enriquecimiento particular que en el progreso colectivo. Quizás algún día lejano la desvergüenza del Madrid del estilo Ayuso acabará generando un movimiento reformador federalista. ¿Será tarde para Catalunya? Visto hoy, el Procés se ha acabado, pero los últimos años han transformado la sociedad catalana profundamente, y hay una mayoría que no quiere cantos de sirena sino reconocimiento, respeto y un trato justo, no colonial. La mayoría está emocionalmente a años luz de dejarse enamorar de nuevo por un proyecto conjunto con España, como pedía en el debate al cual me refería a comienzos de estas líneas el presidente de la Real Academia Española.
Cualquier futuro, sin embargo, pasará por la negociación, y cuanto antes se pongan las bases del diagnóstico y el reconocimiento mutuo, antes se saldrá del barro. Negociación, sí; enamoramiento, no.
