Un Pedro Sánchez con futuro incierto asegura cinco años a Manuel Marchena
El presidente del Gobierno “hace un Marlaska”, pero en este caso no podrá cesar al juez
MadridLa operación Marchena, consumada de forma muy reservada la semana pasada, se lanzó a rodar, según fuentes judiciales consultadas por ARA, hace menos de un mes.
La negociación contempló los intereses políticos de ambas partes.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quería mantener la influencia de su partido a través de un magistrado con credenciales conservadoras, y ofreció, a cambio de esa presidencia, perder la mayoría numérica en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El presidente Pedro Sánchez apreció la rentabilidad –para su pretendido objetivo de “desinflamar” la situación en Cataluña- de quitar del tribunal al magistrado que había promovido el 31 de octubre de 2017 la admisión a trámite de la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los dirigentes independentistas, quien acababa de confirmar, hace algunas semanas, la conclusión del sumario por parte del juez instructor, Pablo Llarena, y había dictado el auto de apertura del juicio oral. Sánchez encontró la posibilidad de hacer, pues, lo que define como un nuevo “gesto” al soberanismo.
Ya al formar su gobierno, el presidente sorprendió a propios y extraños al escoger para la cartera de Interior al juez Fernando Grande-Marlaska, cuya carrera a puestos relevantes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial se vio respaldada por el PP. Sánchez quería al juez para dar la cara a la hora de aplicar determinadas políticas –acercamiento de presos al País Vasco y Cataluña- consideradas casus belli por la derecha. Necesitaba al juez como escudo.
En La Moncloa, según aseguran fuentes ministeriales, se estima que esa apuesta ha dado resultados razonables. En esa línea, la posibilidad de elevar a Marchena desde la presidencia de la Sala Segunda y la presidencia y ponencia del juicio oral del procés –previsto para empezar a finales de enero próximo- a la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ fue valorada como una pieza mayor. Y si, además, era “presentable” con la contrapartida de una renuncia del PP a la mayoría numérica, se podría obtener una rentabilidad a medio plazo.
El mensaje: Marchena será sustituido en la presidencia y ponencia (el que propone el texto de la sentencia) del juicio oral por el magistrado más antiguo, Andrés Martínez Arrieta, un hombre más moderado. Con todo, las defensas de los procesados le han recusado, sin éxito.
Sánchez, cuyo gobierno tiene una duración incierta, lo mismo que los resultados electorales futuros del PSOE, ha asegurado, en cambio, cinco años a Marchena. A Marlaska puede cesarle, pero no así a Marchena.
Es probable que, en las conversaciones y elucubraciones de estas últimas semanas, señala una fuente judicial a ARA, Pedro Sánchez haya calibrado que mientras Marchena se encontraría muy limitado en su futuro margen de maniobra dentro del tribunal del procés, otro miembro, como Martínez Arrieta, menos implicado en la gestión de la causa, podría resultar más flexible en el desenlace. Y que, quizá, desde fuera, es decir, desde la presidencia del Supremo, Marchena pudiera contribuir también a “desinflamar” en una retribución a su nombramiento.
La mayoría numérica del sector progresista (11 vocales) frente al sector conservador (9) tiene que someterse a la prueba de los hechos. Porque a diferencia de los del PP, los vocales progresistas siempre se dividen y se convierten en una jaula de grillos. Por otra parte, no se destaca entre ellos –a falta de conocer la lista completa- una personalidad con la autoridad suficiente de liderar una oposición a Marchena. Bastaría que el futuro presidente consiga cooptar solamente a uno de los miembros del sector progresista –lo que permitiría reunir al sector conservador 10 votos contra 10 del sector progresista- para alcanzar la mayoría con su voto de calidad.
Ayer, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez acordaron que entre los vocales progresistas irá la magistrada Victoria Rosell. No dejará de ser interesante ver a Rosell en el pleno del CGPJ con Marchena, quien admitió a trámite y fue ponente en una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra la magistrada, basada en un testimonio fabricado de un juez de Canarias.
Las diligencias llevaron a la renuncia de Rosell a su escaño en el Congreso de los Diputados. Más tarde, al descubrirse la falsedad de las acusaciones, la querella fue archivada. Pero la investigación de la Sala Segunda arruinó la carrera política de la magistrada.
