La renovación del CGPJ y el TC, para después de las elecciones catalanas
Lesmes evitará hacer nuevos nombramientos en el pleno del órgano judicial del 17 de diciembre
MadridLa renovación de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidente, así como de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, se aplaza una vez más, en este caso hasta después de las elecciones autonómicas en Cataluña del 14 de febrero, según fuentes gubernamentales y del CGPJ consultadas por el diario ARA. Hoy hace exactamente siete años que el nuevo consejo elegido en 2013 eligió a Carlos Lesmes presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, con 16 votos a favor, frente a la magistrada Pilar Teso Gamella, que obtuvo cuatro votos de un sector progresista dividido.
El entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acordó con el PP el apoyo a Lesmes, tras oponerse a la candidatura del magistrado de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que proponía el PP. Fuentes gubernamentales que han participado en las negociaciones con dirigentes del PP ya admiten que, con la información de que se dispone ahora, el PP no desbloqueará la renovación en lo que queda de diciembre. Y que no cabe esperar un cambio de su actitud hasta después de las elecciones catalanas del 14 de febrero.
Esta nueva previsión coincide con comentarios realizados por Lesmes el pasado jueves en la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, según ha podido recoger este periódico. El presidente señaló que aún sin contar con una información precisa, todo apuntaba a considerar febrero como el mes más probable. Lesmes explicó que está de acuerdo con evitar nuevos nombramientos de jueces para cubrir plazas pendientes a menos que los vocales cuenten con una amplia mayoría para hacerlos, cosa que no ocurre. Aseguró, pues, que no va a impulsar nuevos nombramientos.
El orden del día del próximo pleno del CGPJ, que se celebrará el 17 de diciembre, precisamente no prevé nombramientos, aunque en principio siguen pendientes los del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, bloqueado desde hace año y medio; el del TSJ del País Vasco; dos magistrados en la sala primera de lo civil y dos en la cuarta de lo social del Tribunal Supremo; y presidencia de la sala de lo contencioso-administrativo de Asturias. Dos días antes del citado pleno del CGPJ, está previsto que el pleno del Congreso de los Diputados celebre el debate sobre la propuesta del PSOE y Unidas Podemos según la cual el CGPJ no puede seguir realizando nombramientos por estar “en funciones”.
El modelo de Barrionuevo y Vera
En el puzle político-judicial hay que colocar una pieza relevante: los indultos de los dirigentes presos. Existía en el gobierno español, meses atrás, el deseo de anunciarlos y concretarlos antes de Navidades. El “modelo” era el indulto del exministro del Interior, José Barrionuevo, y del exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenados a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, por parte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El gobierno de José María Aznar concedió el indulto parcial por el tiempo que les quedaba por cumplir de la pena el 23 de diciembre de 1998 y salieron de la cárcel de Guadalajara el 24 de diciembre de aquel año.
Pero aquel indulto contó con el informe favorable de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Aunque su informe no es vinculante en el caso de indultos parciales para penados que ya han cumplido parte de la pena, el gobierno de Aznar argumentó que se había limitado a respetar el criterio del Tribunal Supremo. Ahora, precisamente, los tiempos dependerán de la tramitación. La Sala Segunda pedirá antes de pronunciarse un informe a la Fiscalía, lo que augura un par de meses como mínimo hasta que se emita el informe sobre los indultos.
Una fuente judicial consultada relaciona, precisamente, los indultos con la reciente decisión adoptada por la Sala Segunda de revocar el tercer grado a los presos independentistas. “Han visto el tercer grado como una provocación. Las salidas se concedieron muy rápido. Los condenados hicieron declaraciones políticas que chocaban con el cumplimiento de la pena. Una cosa es salir como medio de reinserción y otra utilizar los permisos para cuestionar la condena. El Tribunal Supremo ha tratado de reafirmar su autoridad, viendo que se le viene encima el indulto o la modificación legal del delito de sedición. Los meses que les quedan por cumplir, que los cumplan de verdad, han venido a decir”.
