El análisis de Antoni Bassas: '25% de imposición, 100% de falta de respuesta'

La noticia ya la saben: la justicia ha dado 15 días a la Generalitat para empezar a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano a todos los alumnos de Catalunya.

Los jueces, por decirlo así, se han cansado de esperar. Con aquello que contestó el Govern de que haría una reforma de la ley de política lingüística no hay bastante, y le dicen a la Generalitat que quieren un resultado efectivo y un inmediato cumplimiento de su resolución. La forma de aplicar la resolución es cosa de la Generalitat, pero sugiere que haga una asignatura troncal en castellano.

Parece que el Govern tenía el compromiso de que la Abogacía del Estado no pediría el cumplimiento de la resolución, a la espera de la nueva ley de política lingüística (la que inicialmente habían pactado el PSC, Esquerra, Junts y los comuns pero de la cual Junts se desdijo), pero el TSJC se ha adelantado a la situación porque ha atendido el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, a quien los jueces han reconocido como parte afectada. Ojo que, de los cinco jueces del tribunal, hay dos que no están de acuerdo, porque creen que no se puede admitir cualquier alumno como parte legitimada para pedir la ejecución. Pero el caso es que aquí tenemos la resolución de la justicia.

Mientras la justicia dice esto, el Govern dice a los directores y los maestros que no cedan (en parte porque ahora el Govern tiene hasta el próximo lunes para presentar recurso, y cuando el tribunal conteste faltarán pocos días para el final de curso), pero ya se ve que los directores de escuelas y los maestros se sienten desprotegidos: ¿qué deben hacer? ¿Han de decir a la profesora de mates o de naturales que dé clases en castellano?

El momento es muy desgraciado, porque recuerden que el acuerdo inicial de los cuatro grupos en el Parlament pretendía que no fueran los tribunales, sino la Generalitat, quien decidiera en qué lengua se enseña en las escuelas catalanas, y hacerlo sin porcentajes; y, a cambio, se reconocía que el castellano es una lengua de aprendizaje. Pues bien, con esto los tribunales tampoco han tenido bastante.

Pero lo que más subleva son otras cosas: para empezar, que todo el mundo sabe que el dominio y el uso del castellano en Catalunya es superior al del catalán, que ninguna familia puede decir que su hijo no sabe castellano cuando acaba la enseñanza obligatoria y, en cambio, el conocimiento del catalán es muy justo.

Que esta es la eterna lucha contra la enseñanza normalizada del catalán. Y precisamente, como siempre estamos así, es imposible que el catalán no acabe viéndose manchado por la connotación de ser una lengua marcada, lo cual castiga la autoestima de sus hablantes y de sus aprendedores. Solo hay que ver que en el texto del tribunal hay más de 130 incorrecciones, como si les diera igual.

Estamos así, en parte, por el miedo de ser tildados de nacionalistas, por la pereza de estar encima, porque ha desaparecido el liderazgo y el entusiasmo, a menudo voluntarista, que acabó convirtiendo el catalán en la lengua de la enseñanza. Ahora el Govern solo dice que la sentencia es una aberración y el conseller llega a decir que es el año en que habrá más catalán que nunca en las escuelas, como si no hubiéramos sido capaces de transmitir a las nuevas generaciones que el catalán no pasa a estar normalizado porque una ley no lo diga, que es una lengua que, por desgracia, tiene enemigos, y que poder enseñar en una lengua que ha sido prohibida y perseguida es una alegría cívica y una victoria de la cultura y de la libertad. El desconcierto alrededor de la respuesta que hay que dar a la situación es el reflejo del desconcierto general de un autogobierno tutelado.

Buenos días.