El análisis de Antoni Bassas: 'La pandemia ha mostrado el envejecimiento de la administración'

El TSJC se tiene que pronunciar hoy sobre varias impugnaciones contra el decreto del Govern de convocatoria de elecciones, que suspendió la fecha el 14 de febrero y las fijó para el 30 de mayo.

De forma que, una vez más en Catalunya, la justicia tendrá la última palabra sobre una decisión política, y concretamente, sobre una decisión del Govern: el aplazamiento que está previsto en la ley, pero que el ejecutivo acordó con el aval de la gran mayoría de las fuerzas parlamentarias. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tendrá que decidir, al menos, sobre cinco impugnaciones del decreto.

Los cinco recursos anunciados contra el decreto del Govern son los presentados por Federalistas de Izquierdas, Lliga Democràtica, Izquierda en Positivo, Impulso Ciudadano y una persona a título individual de la cual no ha trascendido ni el contenido ni el nombre del presentante.

Sobre este aplazamientos, tres ideas: decir que el 30 de mayo estaremos mejor ya se sabía cuando fijaron el 14 de febrero como fecha para ir a votar. Lo que hacía falta era haber trabajado para hacerlo posible.

Vivimos una época en la que todo acaba en los tribunales, y más en Catalunya. La pataleta del PSC y del PSOE, que en este caso es lo mismo, porque ahora se les podía desvanecer el efecto Illa, no es seria. Y más teniendo en cuenta que Illa es el ministro de Sanidad y se supone que tiene que estar más atento a los argumentos de cautela sanitaria que a sus intereses electorales y a los de su partido.

Pero la tercera idea tiene que ver con nosotros, como sociedad y como país. Admito que tomar decisiones a meses vista en medio de una pandemia no es fácil para el Govern de la Generalitat ni para ningún gobierno, pero el aplazamiento también nos habla de la lentitud de la administración a la hora de adaptarse a las necesidades del momento, y ya no les digo a las urgencias de la gente. Porque no son solo las elecciones: es el cobro de las ayudas a los autónomos, el cobro de los ERTE, las renovaciones de papeles, los trámites en los juzgados… Todo esto va muy lento. Y, en cambio, al ciudadano no le perdonan ni un euro de impuestos ni un solo día de retraso en el pago.

Y aquí hace falta que los funcionarios hagan autocrítica y digan si pueden o no pueden arremangarse como han tenido que hacer los sanitarios y los maestros. Lo formulo en forma de pregunta porque me gustaría oír las respuestas.

Pasa, además, que el contraste entre la eficacia y la lentitud de la administración al solucionar los problemas de los ciudadanos topa con la rapidez de la vida tecnológica de cada día. Cuando en internet todo va rápido, cuando compras y vendes y cobras y pagas desde el móvil, la administración queda muy vieja, por más que te lo vistan de garantismo. Un ejemplo: con voto electrónico, muchos de los problemas de la pandemia, e incluso del voto por correo, quedan solucionados. El voto electrónico puede emitirse con las máximas garantías tecnológicas y jurídicas, y lo que hace falta es reunir a los expertos para llegar a un consenso. El problema es que habría que tocar la ley electoral y los partidos van a lo suyo, porque tienen perfectamente calculado qué les beneficia y qué les perjudica con el actual sistema y de eso hace años que viven.

Cuando decimos que hacen falta nuevos liderazgos no nos referimos solo a caras nuevas, sino a gente dispuesta a ayudar al país a llevarlo a un más alto nivel de autoexigencia y de modernidad. O, al menos, esto es lo que me gustaría que pasara en Catalunya.

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.