Democracia plena también para las personas con discapacidad

El pasado 6 de diciembre, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, el BOE publicó una reforma de la ley electoral que permitía votar a las personas discapacitadas, acabando así con una anomalía histórica de la democracia española. Todos los que tenemos hijos discapacitados conocemos los razonamientos absurdos y las decisiones arbitrarias de muchos jueces que durante años han intervenido para negar este derecho: se les preguntaba por ejemplo cuántos senadores aporta Cataluña al Senado o se les hacía distinguir entre un sindicato y un partido político. ¿Cuánta gente dejaría de poder votar en España si aplicáramos este criterio a todos? Afortunadamente, y siguiendo las consignas del derecho internacional, este derecho se ha recuperado y en las próximas elecciones podrán votar más de 100.000 personas que antes no podían.

A las puertas de una temporada cargada de convocatorias electorales ya nos disponíamos a disfrutar de esta primera oportunidad, cuando nos encontramos con una nueva disposición del BOE, esta vez por mandato de la Junta electoral, que nos ha dejado helados. La Junta electoral, en una disposición más ideológica que técnica, ha decidido limitar el derecho aprobado por el gobierno y fiscalizar su ejercicio, ya que, aunque admite que no se puede "evitar" que los discapacitados voten, cualquier miembro de la mesa, apoderado o interventor, podrá valorar si su voto es "consciente, libre y/o voluntario" y, si considera que no lo es, tendrá que hacerlo constar en acta y apuntar el nombre y el DNI de la persona discapacitada. Ni apoderados ni interventores pueden tener la capacidad de decidir si un voto es consciente, libre y voluntario y muchos menos en el caso de una persona con discapacidad, porque evaluar a una persona y sacar conclusiones no es algo que se pueda hacer mientras vota.

¿Alguien se imagina que al entrar a un colegio electoral tuviera que pasar el filtro de interventores o apoderados que decidieran si nuestro voto es consciente, libre o voluntario? ¿Les pasa por la cabeza? ¿Qué preguntas nos harían para determinar esta libertad, conciencia o voluntariedad? ¿Cuánta gente no podría votar en este caso? ¿Cazas de brujas de votantes? ¿Evaluarán también la capacidad de muchos abuelos y abuelas ingresados en residencias? ¿La de mucha gente que vota a partidos dispuestos a recortar incluso el derecho a voto si tienen la oportunidad? No parece aceptable, pero cuando hablamos de personas discapacitadas a menudo aceptamos razonamientos que no deberíamos aceptar. Como nuestras capacidades son las mayoritarias, despreciamos las suyas, y pensamos que la diferencia les inhabilita. El derecho a votar, como cualquier otro derecho humano, es inherente al hecho de ser persona y punto.

Hace unos días Arcadi Espada ponía en duda su derecho a la salud y educación públicas, y ahora les aprobamos el derecho a voto para cuestionarlo inmediatamente después. ¡Basta! Pensando en mi hijo, me parece surrealista que, con la ilusión de sus primeras elecciones, alguien empiece a investigar sobre su capacidad o libertad de votar lo que quiera votar. Diariamente ya soportamos bastantes microvulneraciones (o no tanto micro) de los derechos que tienen, para que ahora también tengan que pasar un trance como este en el colegio electoral. Si no se puede impedir el voto, ¿cuál es el objetivo de este dictamen? Criminalizar a las personas con discapacidad y perpetuar la idea de que cualquiera puede cuestionar su conciencia, libertad o voluntariedad.

Es muy grave. Ahora, cualquier persona, aunque no tenga formación alguna, podrá juzgar, sembrar sospechas y decidir si el voto de mi hijo es libre, consciente y voluntario. Teniendo en cuenta que en estas elecciones habrá apoderados e interventores de partidos predispuestos a recortar derechos de los ciudadanos, ¡ni hecho a medida! Un abuso de poder contra los más vulnerables por parte de una Junta Electoral anclada en el pasado, y que sólo se entiende como venganza por una ley que no les habrá gustado.

Exigimos que la Junta electoral cambie esta disposición. No puede ser que los teóricos garantes de un proceso sean los principales sospechosos de negar los derechos del mismo proceso. Mi hijo con Síndrome de Down tiene, a estas alturas, más claro a quién quiere votar que sus hermanos. Si esto no se cambia, tendremos que entender que no estamos en un estado de derecho, sino en un estado que otorga a cualquiera el poder de interpretar el derecho de un tercero, sobre todo si éste pertenece a un colectivo vulnerable.