09/10/2021

Gestionar

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Gestionar

Se habla mucho de la importancia de la gestión en las políticas públicas de las administraciones catalanas. A veces poniéndola por encima de la política misma (“Dejaos de política y haced buena gestión, que es lo que la gente quiere”), a veces situándola en su base (“La buena gestión es un pilar de la buena política”). Yo comulgo con la segunda apreciación. Pero sea como fuere creo que es útil hacer algunas distinciones en relación con el marco normativo que la encuadra.

1. En principio se gestionan competencias. Una administración con capacidad de volar alto será aquella que en muchos ámbitos específicos disponga de un marco normativo lo suficientemente amplio para permitir desplegar ambición y creatividad en el ejercicio de la competencia. Visto desde Catalunya, nuestro interés es disponer de, a menudo reclamar, competencias de este tipo. No hay que añadir que tendremos que considerar mediocre una administración que dispone de la capacidad de volar alto pero que, en relación a los recursos de los que dispone, vuela bajo.

2. Una administración puede disponer de una competencia pero encontrarse en una situación opuesta a la que acabo de describir: totalmente atada de manos y pies por reglamentos y disposiciones que no dejan margen a la ambición y la creatividad. Lo que le toca hacer es ejecutar bien las instrucciones que le vienen dadas. Por supuesto, hacer bien lo que se tiene que hacer siempre es recomendable. Pero la gestión de estas competencias tiene un interés limitado. Tanto porque en cada caso concreto no permiten diseñar las políticas que orientan la gestión como porque, si son numerosas, pueden acabar marcando el tono de la administración. Si su tarea mayoritaria es cumplir reglamentos es muy probable que esta acabe siendo su tarea exclusiva. Esto es lo que sabrá, y querrá, hacer. Una implicación para Catalunya es clara: gastar capital político en reclamar competencias que vienen acompañadas de reglamentos muy cerrados no es recomendable.

3. La situación intermedia a las dos anteriores es la más relevante. Vivimos en el contexto español un fenómeno que podríamos llamar de horror administrativo al vacío, y que da pie a dinámicas hiper reguladoras. En parte por el deseo de no dar mucha libertad a las comunidades autónomas, en parte por algo más básico: el sentimiento de que la realidad es imperfecta si no emana del BOE. Si la tecnología abre un nuevo ámbito de actividad (pensad en internet), o si una iniciativa autonómica aprovecha una rendija en la normativa vigente para innovar, la administración central la considera una fuente potencial de desorden y corre a proponer nuevas leyes y reglamentos que cierren el espacio abierto. Además, la pulsión centralizadora, siempre presente y dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad, lleva a reglamentos uniformistas. Con los fondos europeos estamos viviendo un ejemplo espectacular. Cuando se dice que las autonomías gestionan el 50% de los Next Generation lo que se quiere decir es “los servidores públicos de las autonomías ejecutan el 50% del gasto siguiendo las muy precisas instrucciones que llegan de los ministerios”. Y no penséis que aunque sea poco esto es una concesión. Es simplemente que la administración central no tiene personal para poderlo hacer.

4. Hay una última posibilidad: la de gestionar sin competencias. Parece una boutade, pero no lo es. En cada tema concreto las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil tienen capacidad de influir. El ejercicio de soft power puede llevar hacia procesos de negociación que acaben en compromisos beneficiosos para todas las partes, aunque en teoría una de ellas podría dictar. Un ejemplo es el de las infraestructuras aeroportuarias. El proceso de diseño de la T1, antes de la Olimpíada, estuvo muy cargada de tensiones e ideas contrapuestas. Pero hubo una negociación continuada y mínimamente formalizada en que en el lado catalán jugó un papel muy importante la Cámara de comercio. El resultado fue un éxito que satisfizo a todo el mundo. En cambio, ya en este siglo, y a raíz del abandono del aeropuerto por parte de Iberia, se reivindicó su gestión singularizada. Hubo negociación, larga, pero no prosperamos: Aena ganó la partida, ayudada por la llegada al gobierno del PP en 2011. Sin competencias pudimos gestionar el tema con eficacia en un caso y no en el otro. Ahora se plantea una segunda ampliación y de momento no hemos conseguido una negociación real con Aena. Pero conviene no olvidar el precedente satisfactorio de la primera ampliación. Si fue posible entonces tendría que ser posible ahora.

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