Más allá del Capitolio

Sedición. Insurrección. Golpe de Estado. Traición a la patria. En su búsqueda de un lenguaje para describir las protestas en el Capitolio, los comentaristas estadounidenses recurren a una especie de legalismo extremo. Para demostrar que son progresistas, algunos añaden que si los manifestantes no fueran de derechas o directamente supremacistas blancos, el dispositivo y la actitud de las fuerzas de seguridad hubieran sido de otro carácter. En lo último, parece que tienen razón. En el 2011, la policía detuvo a 700 manifestantes del movimiento Occupy Wall Street por ocupar el Puente de Brooklyn. Mas recientemente, durante las protestas contra el asesinato de George Floyd, los antirracistas se encontraron con un muro de tropas de la Guardia Nacional bloqueando el acceso al Memorial de Lincoln. A los trumpistas, en cambio, les abrieron el paso para ocupar el Capitolio en medio de una sesión clave.

No obstante, hay algo inquietante en el lenguaje de quienes hoy se aferran al marco constitucional. Por mucho que el enfrentamiento de ayer se plantee como una ofensiva del populismo contra la democracia, la respuesta de quienes ahora defienden el orden constitucional tiene muchos tintes de populismo punitivo. De acuerdo con el concepto elaborado por la abogada Guadalupe Sánchez Baena, tanto los medios como los políticos utilizan este lenguaje para implantar en la ciudadanía un relato cargado de tintes emocionales para justificar un uso partidista de las instituciones y las competencias del Estado. En este caso, lo hacen aplicando un léxico que criminaliza a los manifestantes con palabras como “terrorista”, “golpista” o “anarquista”, centrando la atención en el tipo de acción colectiva y desviándola de los objetivos políticos de sus protagonistas.

La crítica a la forma de la protesta permite que algunos políticos de ultraderecha aprovechen la situación para apuntar a las movilizaciones apoyadas por sus adversarios. También facilita el desarrollo de nuevas herramientas legales para perseguir y reprimir a otros movimientos disruptivos que podrían desafiar al orden social. Por tanto, en su afán de castigar a los manifestantes en el corto plazo, el populismo punitivo puede volverse muy rápidamente en contra de quienes hoy piden que rueden cabezas.

Pienso, por ejemplo, en uno de los precursores del 15M, la ocupación del Capitolio de Wisconsin en febrero del 2011, o en el establecimiento de las zonas autónomas en el centro de Seattle y Portland tras las movilizaciones de Black Lives Matter en el verano del 2020. Sin ser equivalentes a las protestas armadas típicas de la derecha estadounidense, Trump nos demostró que la distinción importa poco en manos de una administración hostil cuando envió agentes federales sin identificación a detener a los manifestantes antirracistas del noroeste pacífico.

Entonces, si las protestas del Capitolio no fueron un golpe de Estado, ni una insurrección, ni un acto sedicioso, ¿qué fueron? Vayamos por partes. Para empezar, fueron protestas de fascistas, alentadas por políticos fascistas y apoyadas por medios fascistas. En este sentido, el problema principal no es que unos manifestantes ocupen, durante unas horas, un edificio simbólico, sino el régimen político que quieren instaurar, ya sea por la fuerza o a través las urnas.

Por otra parte, las escenas del Capitolio reflejan algo mucho mas mundano, algo que va mucho más allá de los Estados Unidos, que ocurre en Europa, en España y en Catalunya. No me refiero a la “polarización” ni a la “crispación”, términos que sirven para ocultar la naturaleza ideológica de los fenómenos sociopolíticos y sus determinantes materiales. Me refiero a la manifiesta incapacidad de los Estados para planificar y gestionar la protección de la ciudadanía y de la democracia. Protección que Trump y otros fascistas ofrecen a sus votantes, aunque a la praxis solo la concedan a sus redes clientelares.

Si ignoramos la épica retórica del “asalto al Capitolio”, lo que nos queda es una protesta mal gestionada por las autoridades públicas. Por tanto, la pregunta mas relevante es por qué se gestionó tan mal. Se gestionó tan mal porque las autoridades públicas no consideraban a esos manifestantes como una amenaza real. ¿Por qué no les consideraban una amenaza real? Porque tenían como protagonista al sujeto central del imaginario estadounidense, el hombre blanco, ciudadano soberano de la propiedad privada, ejecutor del orden y las leyes vigentes, armado si lo considera necesario. Por eso, los manifestantes se hicieron selfies con la policía. Por eso la policía les abrió el paso.

Las autoridades no les consideraban peligrosos, a pesar de que las ONG, los think tanks y los propios servicios de inteligencia llevaban años apuntado a la ultraderecha como la principal amenaza terrorista en Estados Unidos y en Europa. Ignoraron las advertencias, como hicieron con las pandemias, las catástrofes naturales, la violencia policial, el racismo sistémico, la vulneración de los derechos humanos y, sobre todo, el cambio climático. El problema no es escuchar o no a “los expertos”, sino algo más profundo. Tras medio siglo de gobernanza neoliberal, los gobernantes asumen la miopía característica de la economía capitalista, sacrificando el bien común por el rédito económico y político a corto plazo. Lo que queda es un Estado aparentemente incapaz de proteger a las personas ante la acumulación de riesgos sistémicos, o de proteger a la democracia ante la creciente amenaza fascista. Cuando se vaya Trump, y aunque se castigue a los fascistas del Capitolio, el problema persistirá.