18/01/2021

El problema con las sanciones persiste siete meses después

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El Govern solo ha cobrado un 4,7% de las multas por saltarse las restricciones por el covid-19 que los agentes de los diferentes cuerpos policiales interpusieron durante la vigencia del primer estado de alarma, del 14 de marzo al 21 de junio del año pasado: 8.000 respecto a 170.000. Una de las causas es que de las 170.000 multas interpuestas, solo se han tramitado 90.000, poco más de la mitad (54%). En el mejor de los análisis, pues, se han cobrado el 8,9% de las multas tramitadas. Es, en todo caso, un balance claramente insuficiente si el objetivo es conseguir que estas denuncias tengan un efecto disuasorio de conductas irregulares. Y hay que tener en cuenta que los datos, facilitadas por el departamento de Interior, son de hace siete meses. A partir de junio la gestión de estas multas pasó al departamento de Salud, que no ha facilitado ningún dato.

Es evidente que el problema principal no es que no haya recaudación, porque no es el objetivo último, sino el lío tanto administrativo como jurídico que se desprende de esta situación. Los expertos advierten “debilidad ” y “arbitrariedad” en la base jurídica de todo el procedimiento, que en un principio se basaba en la ley de seguridad ciudadana y después, cuando se empezaron a tramitar, en la de salud pública. La primera opción, de multas más elevadas, exige haber desobedecido un requerimiento previo del agente de la autoridad y tiene un difícil recorrido jurídico. La segunda opción reduce el importe de las multas pero no se disponía de un régimen sancionador. El Govern lo solucionó en agosto con un decreto ley.

Después está el problema administrativo, con un estallido del volumen de tramitaciones que Interior trató de solucionar destinando un centenar de abogados. El paso de la gestión a Salud no agilizó la situación porque no se disponía de la estructura adecuada: en diciembre el Govern tuvo que incorporar a 300 funcionarios para acelerar los procedimientos. Igualmente, en varios casos la gestión se ha derivado a los ayuntamientos de las poblaciones donde se ha producido la actuación policial.

Han pasado diez meses desde el inicio de la pandemia, siete desde el cambio de departamento para la gestión y cinco desde el decreto ley que daba respaldo jurídico y regulaba las multas por covid, y todavía hasta hace poco se iban poniendo parches. Insistimos: el problema no es la recaudación, ni en realidad la misma existencia de las multas; el comportamiento de la inmensa mayoría de la sociedad es del todo responsable y el sentimiento de protección colectiva ha calado.

Igualmente, no se puede olvidar que el contexto que genera el covid es de incertidumbre y de difícil gestión. Pero, justamente por eso, lo que se pueda controlar, que no dependa de la evolución de los datos, de la aparición de una variante o del suministro de vacunas, se tiene que poder fijar con un cierto nivel de diligencia. Porque hay involucrados muchos trabajadores públicos y se les tiene que dotar de certezas que les faciliten el trabajo. Hay muchas actuaciones cada semana, no todas tan evidentes como los desagradables casos de Pallejà y Matadepera de este fin de semana, y no puede ser que la respuesta de la administración no esté a la altura.

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