Lo que tienen las ilusiones es que pueden llenarse de lo que cada uno elige, y el Procés fue una ilusión para muchos ciudadanos que depositaron en la independencia todos los sueños que se pueden resumir en “un país mejor”. Ya me entienden: ¡un país donde la gente es limpia y noble, culta, rica, libre, desvelada y feliz! Traducido políticamente con el permiso del poeta, un país donde la justicia no tome decisiones que corresponden a los representantes electos democráticamente, donde no deba pedirse disculpas por hablar catalán o donde el ignorante no lo interprete como un gesto de descortesía. Un país donde los recursos económicos se puedan gestionar de forma eficiente desde la proximidad y los servicios públicos justifiquen los impuestos que pagamos. Un país donde el buen gobierno sea el norte, y rendir cuentas, el camino natural y obligado de todos aquellos que se dedican a la gestión de lo público.
El Procés representó para una parte de la opinión pública una mayúscula oportunidad de regeneración política y social. En 2017 el Procés se acabó, pero la mirada regeneracionista sobre el país debería estar más viva que nunca para todos los que aspiren a seducir a la mayoría de la población en las urnas, y para los ciudadanos que no han dimitido del objetivo de tener un país que mire al mundo y al futuro.
Catalunya no es un país tocado por la mano divina y entre nosotros se encuentra el mismo número de actitudes corruptas y oportunistas que en la media de los países de alrededor. Lo que cabe preguntarse es si ejercemos la misma libertad y la misma transparencia y si exigimos el mismo nivel de responsabilidad, de rendir cuentas, que los países que admiramos.
El fin del oasis
Si el oasis fue posible durante tantos años fue porque muchos participaron del statu quo. Demasiados políticos entraron en el juego sin plantearse las reglas y demasiado periodistas hicieron el juego a los políticos y a los empresarios que las aceptaron como lo natural.
La carta testamentaria fue el fin del espejismo para muchos. El presidente que había impulsado la reconstrucción nacional y tiene méritos históricos innegables, es la misma persona en torno a la que se construyó un sistema de enriquecimiento familiar basado en la confusión entre lo público y lo privado.
Después de la caída del pujolisme y del fin del Procés, la política catalana debe recomenzar en muchos aspectos y, por tanto, además de innumerables crisis, tiene el mismo número de oportunidades. El grueso de los soberanistas, quienes no son únicamente identitarios sino también regeneracionistas, tienen la oportunidad y la obligación del buen gobierno. La opinión pública es hoy mucho más exigente en su juicio.
El primer paso para el buen gobierno es el respeto al dinero público, y una muestra del trabajo que queda por hacer es el resultado de la investigación de Núria Orriols, que con la sección de Política del ARA ha estado nueve meses litigando con los órganos de transparencia del Parlament antes de poder publicar la existencia de un permiso por edad que ha permitido a 62 personas cobrar sin trabajar un máximo de cinco años desde el año 2008. En abril de 2021 el Parlament destinaba 1, 7 millones anuales a la retribución por este concepto de 21 funcionarios que ya no trabajan en él, y otros 12 están esperando a que el permiso que tienen concedido se ejecute.
La información finalmente obtenida, la cronología de las peticiones formuladas por la periodista en abril y la reforma interna impulsada por la presidenta Borràs, que se aprueba en diciembre de 2021, demuestran que todos los presidentes de la cámara sabían que existía este régimen especial, que los partidos conocían el régimen extraordinario del funcionariado del Parlament y que los mecanismos de transparencia son frágiles y permiten dilatar y dar información de forma parcial e insuficiente cuando los periodistas lo piden. La buena noticia es que el tesón y la valentía tienen premio, porque la opinión pública es más sensible que nunca a lo que interpreta como un abuso del dinero público.
La cohesión
Así como el abuso de poder o el mal uso del dinero público debilitan la credibilidad de los políticos, en Catalunya no hay nada que cohesione más que las actuaciones de la justicia española. Poner cuotas al castellano en la escuela cuando los datos dicen que el uso social del catalán retrocede, que nuestros jóvenes terminan la escolarización con un nivel de conocimiento del castellano similar al del resto del Estado y que la inmersión, en realidad, no se cumple, es una forma de envenenar a la sociedad.
Del “Puix parla català, Déu li’n do glòria” del fraile capuchino Ciril Bofill al “Puix parla català, vejam què diu” de Fuster hay un mundo de matices y racionalidad. Exigimos a nuestros políticos que pacten la salida a esta nueva crisis, preservando la escuela en catalán y garantizando el conocimiento del inglés y del castellano. Ni la lengua ni mucho menos la escuela pueden convertirse en una trinchera, y la negociación política debe servir para un nuevo pacto muy mayoritario para la lengua que cohesione y no envenene a la sociedad.
