Boye critica ante la juez que se lo persiga "simplemente por ejercer su profesión"

El abogado está procesado por presunto blanqueo de capitales en una causa sobre narcotráfico

Ot Serra
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L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, arribant a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat

MadridGonzalo Boye se defiende atacando las acusaciones de presunto blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico. El abogado de varios dirigentes independentistas como Carles Puigdemont, Quim Torra o Laura Borràs ha comparecido este lunes ante la juez instructora de la Audiencia Nacional María Tardón, que le ha comunicado su procesamiento en una trama presuntamente liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, de quien Boye había sido abogado defensor en procedimientos anteriores. "Tomaré las medidas legales oportunas para saber si se ha cometido algún abuso de autoridad o negligencia en este procedimiento y evitar que en un futuro ningún abogado sea perseguido simplemente por ejercer su profesión", ha expresado en un comunicado después de la comparecencia.

La participación de Boye en la causa tendría que ver con una maniobra para recuperar un dinero que la Policía Nacional interceptó a algunos de los investigados cuando viajaban a Colombia el 6 de febrero de 2017. Miñanco, Luis Enrique García y Manuel Puentes se habrían reunido con Boye para elaborar una operación comercial ficticia que permitiera recuperar los 889.620 euros interceptados en el aeropuerto de Barajas, según describe la magistrada en el auto de procesamiento.

En su comparecencia, Boye se ha referido al estatuto general de la abogacía española y la ley de prevención de blanqueo de capitales, que prevé una excepción para los letrados en este sentido. Su equipo jurídico recuerda en el comunicado que los abogados no están sometidos a las obligaciones que establece esta normativa. Por ejemplo, están amparados por el secreto profesional y pueden asesorar a sus clientes con libertad independientemente de cuál sea su estatus procesal. "Respecto a la información que reciban de uno de sus clientes, incluido el asesoramiento y la defensa sobre la incoación o la manera de evitar el proceso, independientemente de si han recibido u obtenido la información durante, antes o después del proceso, guardarán el deber de secreto profesional por la defensa de la misma esencia del derecho", sostiene.

Así, Boye ha trasladado a la juez que ejerció libremente su profesión y que no ha cometido ningún delito. "Se ha mentido mucho para intentar incriminarme. Tengo pruebas irrefutables que demostrarán mi total inocencia", ha comentado. Tardón dictó el auto de procesamiento en diciembre y citó a los investigados a una declaración indagatoria y para comunicarles su situación procesal.

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