El PP contrata a Albert Rivera para llevar al TC la ley catalana de alquileres

BarcelonaAlbert Rivera sigue llevando leyes catalanas al Tribunal Constitucional (TC) desde fuera de la política activa. El PP ha contratado al bufete de abogados que ahora preside el ex líder de Ciudadanos para recurrir ante el TC la ley catalana de alquileres de viviendas, han confirmado a la agencia Efe fuentes del PP después de que lo avanzara El Mundo. Así, Pablo Casado, presidente del PP, ha sido el encargado de contratar a Rivera para elaborar este recurso contra la norma que aprobó el 9 de septiembre el Parlament.

Esta ley obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, a pesar de que quedarán exentos los arrendadores "vulnerables", y considera como tales los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

La ley, impulsada por el Sindicat de Llogaters y la Generalitat, fue aprobada por JxCat, ERC, Catalunya en Comú - Podem y la CUP, con 71 votos a favor, mientras que los 63 representantes del PSC, Cs, PP, PDECat y Demòcrates se opusieron a ella. Las fuerzas unionistas votaron en contra porque contiene varios artículos que vulneran competencias estatales. De hecho, a lo largo del debate previo a la aprobación, Cs, el PSC y el PP advirtieron a los grupos promotores de que la ley no tiene recorrido porque el Parlament no tiene competencias para legislar en la regulación de los alquileres.

El recurso del PP todavía no se ha presentado, puesto que hay plazo hasta finales de noviembre, a pesar de que el bufete de Rivera trabaja estas últimas semanas para tenerlo terminado antes de que se acabe. Un recurso que contrasta con la negativa inicial del gobierno español a presentar batalla. La Moncloa ya avanzó el día después de la aprobación de la ley que dialogaría con la Generalitat para encontrar una salida si se detectan inconstitucionalidades en el texto, y descartó así un recurso directo al TC.

Fuentes de la Moncloa aseguraron entonces que en caso de que la Generalitat y el ejecutivo español no logren un acuerdo en este proceso de diálogo, el gobierno de Sánchez “no tendrá más remedio” que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que sea este organismo quien limite los aspectos inconstitucionales. No aclararon todavía si en este hipotético recurso el ejecutivo pediría la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que permite suspender cautelarmente cualquier normativa autonómica recurrida por el gobierno español.