Solé defiende el 1-O ante el TSJC pero se desvincula de su organización cuando era alcalde

BarcelonaJuicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé. Se lo juzga por haber favorecido el referéndum del 1-O cuando era alcalde de Agramunt y la fiscalía solicita una multa de 24.000 euros y su inhabilitación de cargo público, un hecho que, de confirmarse, supondría su salida del Govern. En su intervención ante el juez, Solé ha planteado un doble argumento: por un lado ha defendido la celebración del referéndum pero, por el otro, ha negado haber colaborado en su organización.

El primer movimiento de trascendencia de la vista es que Solé ha decidido responder a las preguntas de la Fiscalía. "El ciudadano siempre tiene que poder ejercer su derecho a voto", ha proclamado el exalcalde en defensa del referéndum. Aun así, ha asegurado que no intervino "en la logística" de la consulta ni "en el movimiento de las urnas". "En ningún momento dije que se escondieran las urnas", ha expuesto. Así, Solé, ha defendido que su papel como alcalde fue "preservar la seguridad y el orden público" en el municipio. Una cosa no menor, a su parecer, puesto que en poblaciones adyacentes se estaban produciendo cargas policiales en los colegios electorales.

Para el fiscal la tesis la contraria. Ha asegurado que Solé desobedeció consciente y voluntariamente" la advertencia que la delegación del gobierno español en Catalunya le hizo llegar el 12 de septiembre en la que le recordaba la resolución del Tribunal Constitucional que proclamaba que el referéndum no se podía celebrar. Pero para el fiscal, una de las pruebas clave no es ninguna resolución jurídica, sino un reportaje escrito en la revista municipal de Agramunt, Sió, en el que se detallaba cómo había ido la jornada electoral y en el que se hacía a Solé responsable de la "logística" y de decisiones como por ejemplo esconder las urnas para evitar que fueran requisadas. Tanta es la importancia que se le da al documento periodístico que dos de los tres testigos que han declarado son el director de la revista y un redactor.

El director, Joan Puig, se ha ratificado en el reportaje, pero ha añadido que "quizás" la palabra "logística" no era la más adecuada para definir el papel del alcalde. "Era un relato, una crónica literaria. Lo más exacto hubiera sido decir que [Solé] se había preocupado por lo que estaba pasando ahí", ha resuelto. Para el fiscal, la revista es una prueba fundamental, mientras que para la defensa de Solé es un publicación hecha por personas que "no tienen formación de periodistas, lo hacen voluntariamente y sin cobrar nada". También ha declarado uno de los voluntarios que pilotó la organización de la consulta en el pueblo, Francesc Farràs, que ha explicado que no recibió nunca ninguna "instrucción" del alcalde.

El decreto del 7 de septiembre

A parte de la revista, el juicio también ha tenido otros elementos de controversia. El fiscal ha recordado que Solé promulgó como alcalde el 7 de septiembre un decreto en el que defendía la votación, y lo considera conocedor y partícipe de que la votación se hiciera en la escuela pública del municipio. La defensa ha replicado que el decreto es previo a la resolución del Constitucional que prohibía la votación y que fue una "mera adhesión política", y que la escuela pública era responsabilidad de la Generalitat. El abogado de Solé no solo ha pedido la absolución de su cliente, sino que se exprese que la conducta de Solé fue la más "adecuada" en ese contexto.

El juicio, presidido por Jesús María Barrientos -presidente del TSJC-, ha quedado visto para sentencia. A pesar de que el desenlace tardará semanas, Solé se ha llevado una certeza. Si es inhabilitado, lo será por cargo públicos como el de conseller y diputado, que ejerce ahora, o como alcalde, que ejerció en el pasado. Aun así, si lo quisiera, podrá a volver a ejercer como profesor de secundaria, su actividad profesional. Así lo ha especificado el fiscal a petición de la defensa. Ser profesor, ha dicho, "no tiene nada que ver" con los hechos por los que se lo juzga. Al acabar el juicio, Solé ha defendido que "la judicialización" de la política no es el camino, sino que lo es el "diálogo, la negociación y los acuerdos".

Apoyo a las puertas del TSJC

Solé ha llegado a las puertas del tribunal acompañado por líderes del Govern, del Parlament y de los partidos y entidades independentistas. Estaban el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Roger Torrent, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, el portavoz del PDECat, Marc Solsona, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, entre otros.