Las deficiencias del registro de lobis dificultan el control al Govern

BarcelonaLa ley de transparencia aprobada en 2014 en el Parlament establece que todos aquellos grupos o personas que quieran influir en la elaboración de una ley o en las políticas públicas se tienen que inscribir en el registro de grupos de interés de la Generalitat. Sea cual sea su estatuto y aunque no tengan una personalidad jurídica reconocida. La iniciativa tenía el objetivo de que quedara constancia de qué grupos habían influido en la toma de decisiones del Govern, quién ejerce de grupo de presión, en sentido amplio. Aun así, en la práctica, el propio departamento de Justicia, del cual depende este registro, admite que esta práctica no se ha consolidado y que, a pesar de los adelantos -se ha producido un crecimiento progresivo hasta 3.806 inscritos-, no todas las entidades que se reúnen con altos cargos de la Generalitat se registran ni está actualizada la información de los encuentros que mantiene el Govern. Tampoco se ha desplegado el régimen sancionador -ni a las entidades ni a los altos cargos- por las dificultades, argumenta el departamento, de que triunfaran legalmente por la falta de precisión de la misma norma. Así, argumentan que se ha optado por la “pedagogía” y la “sensibilización”.

¿Qué tipo de entidades están inscritas en este registro? La variedad es muy grande y su poder de influencia también: están la Cambra de Comerç de Barcelona, la empresa Nissan, el Banco Santander, FCC Construcción, Ferrovial o la Seat. Pero también está inscrita la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, la Fundació Alícia, ANC, Òmnium, varias asociaciones de vecinos o la Acadèmia del Cinema Català. Cada una de las entidades cuenta con una ficha propia, a la cual se puede acceder a través de la web de la Generalitat, en la que tendrían que constar los contactos que han mantenido con todos los cargos de la Generalitat, además de especificar el motivo concreto de la reunión. Y es en este punto donde se produce el déficit en las entidades que están inscritas: hay reuniones que, aunque se incluyan en la agenda oficial, no constan, mientras que otras no se reflejan en ningún registro público. Ahora bien, el problema es mayor cuando estos grupos no están ni registrados y aun así mantienen contactos con el Govern: es el caso de CaixaBank o el Banco Sabadell, el Sindicat de Llogateres -clave en la última ley para limitar los alquileres- o la patronal del ocio nocturno (Fecasarm), que en verano estuvo en diálogo con Salud e Interior por las restricciones de la pandemia.

Casos concretos

La última cumbre independentista para abordar la reunión de la mesa de diálogo el 17 de febrero de 2020, por ejemplo, no consta en el registro de reuniones que ha mantenido Òmnium y ANC. Tampoco hay constancia de los encuentros entre la Cambra de Comerç y Àngels Chacón o con el vicepresidente, Pere Aragonès, antes de acabar la legislatura, por la ley de cámaras. No están las reuniones que el conseller Ramon Tremosa mantuvo, el 5 de noviembre, con la patronal del automóvil, afectada por las restricciones sanitarias; o las que ha mantenido por la pandemia con el Gremi de la Restauración de Barcelona (solo consta una como “intercambio de impresiones” el 1 de octubre). Tampoco está la que tuvo Ester Capella, titular de Justicia, con este mismo sector el 20 de octubre para abordar el último decreto para rebajar el precio del alquiler de los negocios durante la crisis.

¿A qué se deben de todos estos casos? Según el departamento de Justicia, la falta de información sobre los temas de las reuniones que se hacen o el hecho de que no estén todas se debe al grado de cumplimiento de cada consejería. Según las fuentes, no todos los departamentos aplican la norma de manera “homogénea” y se están buscando vías para “corregirlo”. En el caso de la interlocución durante la pandemia, argumentan que si no se han inscrito los contactos ha sido por “razones de urgencia” o “sobrecarga” de trabajo.

¿Excepciones amparadas?

Hay otras excepciones que se interpreta que están amparadas por ley. En el registro de Justicia, por ejemplo, no aparecen los contactos entre Salud y Ferroser, filial de Ferrovial a la cual se adjudicó el contrato para el rastreo de los positivos de coronavirus y que el departamento ha acabado rescindiendo por las quejas sobre la externalización. El departamento está amparado a no dejar constancia de esto por una resolución del comité asesor de ética pública (un ente formado por cargos de varios departamentos), que aprueba no registrar la interlocución que las consejerías tienen con una empresa adjudicataria si se trata de una reunión de seguimiento de una contratación.

Los otros grandes ausentes del registro de grupos de interés son los sindicatos y las patronales. No están ni la UGT ni CCOO y tampoco Foment del Treball ni Pimec, a pesar de su influencia en políticas públicas. Fuentes sindicales aseguran que están cubiertos por lo que se denomina “diálogo social permanente” y el ejercicio de sus funciones constitucionales en representación de los intereses de los trabajadores. También se acogen a ello las patronales, en relación a las empresas, para no inscribirse. El comité asesor de ética pública hizo un informe sobre la cuestión en 2019. Ante la oposición de sindicatos y patronales a inscribirse en el registro, avalaron, de acuerdo con un decreto del 2015, que “las actividades realizadas por los sindicatos y las asociaciones empresariales en defensa y promoción de los intereses económicos y sociales” quedaran excluidas del ámbito de los grupos de interés. Aun así, recomendaban a los altos cargos hacer constar los contactos con estas entidades en el resto de cuestiones, como actos públicos, reuniones sobre proyectos legislativos o políticas concretas no relacionadas con el diálogo social. Cosa que no se cumple, porque no están.

A raíz de las dificultades de la ley actual -sobre el concepto y alcance de los grupos de interés y el régimen sancionador-, Justicia decidió impulsar una nueva norma “más clara y precisa” sobre este tema, pero se ha quedado parada por el final de la legislatura. Una de las novedades de la ley es que incluiría la “huella normativa”, es decir, que quedaría constancia de qué grupos han influido en la elaboración de una norma o han hecho aportaciones. Esta legislación se piensa en un contexto de más fragmentación política en Catalunya que ha propiciado un aumento del negocio de los grupo de presión: ya hay entidades especializadas, como 19N o Vinces Consulting.

Seis años después de aprobar la ley de transparencia, sin embargo, la nueva regulación todavía tendrá que esperar al próximo mandato.