La Fiscalía notificó a Juan Carlos I que lo estaba investigando antes de que regularizara su situación en Hacienda
El Código Penal solo exonera del delito fiscal a quien salde sus deudas con anterioridad a tener "conocimiento formal del inicio de diligencias"
La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó a Juan Carlos I en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna, según ha avanzado El País. El teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que investiga la fortuna del rey emérito en el extranjero, notificó formalmente a su defensa la apertura de cada una de las tres investigaciones que ha emprendido la Fiscalía sobre su patrimonio y lo instó a personarse, pero Juan Carlos I lo rechazó en los tres casos. Teniendo presente que dos de las notificaciones tuvieron lugar en junio y en noviembre, se habrían producido antes de diciembre de 2020, cuando el emérito se acogió a la regularización fiscal, una declaración voluntaria, ante la autoridad tributaria en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo que había dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios de los años 2016, 2017 y 2018.
Ya entonces se conoció que la Fiscalía del Supremo había notificado formalmente en noviembre a la defensa el rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por parte del ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones hechas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Después de esta primera regularización, se produjo una segunda (que se hizo pública en febrero de 2021) por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, y por medio de la cual Juan Carlos I abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según avanzaron en su día El País y El Español.
Esta segunda declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria era relativa al pago de ocho millones de euros por parte de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados, según los dos diarios. Los pagos se habrían hecho hasta 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de estado. El rey aparecería como beneficiario de esta fundación. La Casa del Rey explicó que Juan Carlos I desconocía esta información y aseguró que, si efectivamente era así, renunciaba a ello.
La importancia de estas notificaciones previas a las dos regularizaciones deriva de lo que señala el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el ministerio fiscal, la Abogacía del Estado o el representante procesal de la administración autonómica interponga querella o denuncia dirigida contra él, o antes de que el ministerio fiscal o el juez de instrucción lleven a cabo actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".
El hecho de que no se haya presentado querella contra el rey emérito, que se mantiene fugado en los Emiratos Árabes Unidos desde hace más de un año, hace que el foco se ponga en la última parte del artículo del Código Penal, que señala directamente las "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias. Este es el aspecto que tendrá que valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.
Los movimientos de Hacienda
En mayo de este año la Agencia Tributaria (AEAT) notificó a Juan Carlos I la apertura de una inspección y le pidió más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar casi 5 millones de euros, la mayoría presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó la fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del expediente.
Por otro lado, este mes de septiembre el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, pidió a la Fiscalía del Supremo que aclarara si notificó al rey emérito la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevara a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero. Desde la Fiscalía evitan aclarar si efectivamente estas notificaciones se hicieron formalmente antes de que el emérito regularizara sus deudas con Hacienda. Si la notificación fue formal, los técnicos sostienen que la regularización no es válida y que Juan Carlos tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa.
Precisamente este mes de septiembre El Mundo reveló que la Fiscalía del Supremo cree que Juan Carlos cobró "comisiones y otras prestaciones de carácter similar en virtud de su mediación en negocios empresariales internacionales", según quedaría reflejado en una comisión rogatoria entregada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka. Esta comisión apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, soborno y tráfico de influencias.
