Política 06/06/2021

¿Cómo se indulta en otros países?

La medida de gracia depende mayoritariamente de los presidentes y el margen para revocarla es muy escaso

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Manifestación en París (Francia) en 2016 para reclamar el indulto para Jacqueline Sauvage, condenada por la muerte de su marido maltratador.
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El terremoto político y mediático generado por los indultos a los presos políticos, cuando todavía ni siquiera se han concedido, ha llenado páginas y páginas con informaciones (e interpretaciones) sobre del procedimiento legalmente establecido en el estado español en relación con la medida de gracia. Pero esta figura de perdón, de origen medieval, es habitual en todo el mundo. Como también lo son las polémicas a la hora de aplicarlo, históricamente potestad de las monarquías y, desde la llegada de la separación de poderes, mayoritariamente competencia exclusiva de los ejecutivos. “La controversia aparece por el hecho de que una figura política indulte a una persona condenada judicialmente”, explica Josep Lluís Martí, profesor de filosofía del derecho en la UPF.

Si los indultos icónicos o con contestación social son varios, los sistemas para concederlos tienen diferencias según el país. Dando un vistazo a nuestro entorno, en el Reino Unido también es la reina la encargada de firmar los indultos (prerrogativa real de la misericordia), pero en aquel caso son los responsables de justicia del gobierno británico, de Gales, de Escocia y de Irlanda del Norte quienes tramitan las peticiones y toman la decisión. Informes o recomendaciones de estos ministros aparte, la potestad de los presidentes es exclusiva en países como Francia, Estados Unidos, Rusia y también Alemania, a pesar de que en este caso la presidencia puede delegar la decisión al titular de la cancillería o del departamento de Justicia.

Descentralización de poderes

Una de las características singulares de los estados federales como el norteamericano y el alemán -países donde, por cierto, se puede conceder incluso antes del juicio- es que los presidentes pueden indultar por delitos de carácter federal, pero son los gobernadores o ministros-presidentes de cada estado o land los que pueden conceder el perdón en caso de delitos estatales. “Se trata de una competencia distribuida y descentralizada”, destaca Martí. Por eso habría tenido una eficacia limitada el posible autoindulto que el ex presidente de los EE.UU. Donald Trump -con investigaciones, por ejemplo, en Nueva York- blandía al final de su mandato.

El punto de arbitrariedad que se puede generar en casos como estos ha dado lugar a sistemas diferenciados como los de Suiza e Italia, donde el poder sobre los indultos ha pasado a manos del legislativo: la mayoría de las dos cámaras de la Asamblea Federal de Suiza y, desde 1992, una mayoría de dos tercios de los diputados y senadores italianos tienen que validar la medida de gracia. “Es el sistema más democrático y el más actualizado”, señala el catedrático en derecho procesal de la UB Jordi Nieva: “Se trata de substraer la potestad a los sucesores del rey y pasarla al órgano soberano, el parlamento”.

Un capítulo aparte en términos democráticos merecen casos como el de China, un sistema de partido único donde más del 99% de los procesos judiciales acaban en condena, informa Dolors Rodríguez. La constitución china prevé los “indultos especiales”, que se aplican coincidiendo con fechas señaladas -el último tuvo lugar el junio del 2019 con motivo del 70º aniversario de la fundación de la República Popular- y, a pesar de que son aprobados por el presidente, los propone el comité permanente de la Asamblea Popular Nacional. Además, si bien en la mayoría de países “no se requiere arrepentimiento del condenado”, según apunta Martí, en China los presos con posibilidad de salir en libertad reciben cursos de reeducación social y no pueden acceder a la medida de gracia si no se arrepienten.

Tanto en el caso chino como en la mayoría de los otros sistemas, los tribunales pueden revisar los casos de indultos o -como en el caso de España- emitir un informe no vinculante sobre la idoneidad de perdonar a los sentenciados. Sin embargo, y tal como apunta el profesor de la UPF, “no son significativas” las ocasiones en las que la justicia -o los parlamentos- haya podido tumbar la decisión del ejecutivo. Mayoritariamente se trata, como pasó con el caso del conductor kamikaze indultado por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, de defectos de forma. “Y en aquel caso simplemente se devolvió el indulto al presidente”, sentencia Martí.

¿Dónde está, pues, el límite? Algunos países lo encuentran en la prohibición de indultar a culpables de ciertos delitos -en Italia los relacionados con crimen organizado, terrorismo o violencia sexual-, pero en general la libertad para conceder el perdón o conmutar penas es total para quien tiene la potestad. Es especialmente significativo el caso de EE.UU., donde los presidentes han aprovechado históricamente el final de su mandato para acelerar los indultos. Trump impulsó un centenar antes de abandonar la Casa Blanca, e incluso se llegaron a beneficiar amigos y colaboradores suyos. Son las motivaciones políticas (o personales) de los indultos, así como su discrecionalidad, las que explican los terremotos que generan en todo el mundo.

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