Villarejo cumple tres años en prisión preventiva sin renunciar al chantaje

BarcelonaEl aforismo "la información es poder" ha tenido de momento una validez parcial para José Manuel Villarejo (El Carpio, Córdoba, 1951). Los numerosos secretos acumulados durante más de veinte años por el excomisario de la Policía Nacional, investigado como protagonista de las cloacas del Estado en el marco del caso Tándem, le han servido para poner contra las cuerdas a policías, políticos, partidos, empresarios e, incluso, la monarquía española, pero han sido insuficientes para garantizar su libertad. Este jueves se cumplen tres años de su entrada en la prisión de Estremera de manera provisional, un periodo excepcionalmente largo –la ley solo permite el encarcelamiento preventivo sin juicio para un máximo de cuatro años– y durante el cual no han dejado de aparecer escándalos de corrupción alrededor de una causa que ya acumula 28 piezas –tres de las cuales, cerradas– en la Audiencia Nacional.

"Tan solo ha salido un 5% o un 10%, queda para salir de todo. Hay muchas cosas que se están ocultando", aseguraba este martes en una entrevista a El País el propio Villarejo, al cual se intervinieron hasta 20 terabytes de información. Detenido dos días antes de entrar en la prisión por supuestamente facilitar la entrada irregular en España de ciudadanos guineanos, está acusado de presuntos delitos de organización criminal, soborno, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo y falsedad documental. La fama del comisario jubilado en 2016, sin embargo, viene del hecho de que tiene incontables grabaciones de encuentros que durante años mantuvo con figuras destacadas de la élite política, judicial, empresarial y mediática española. Los que aparecen, algunos de los cuales se habrían servido de sus contactos y servicios de investigación y espionaje al margen de la ley, se esfuerzan ahora por desvincularse de él y evitar salir perjudicados.

Los hay que no lo han conseguido, y Juan Carlos I es el ejemplo paradigmático. El exilio reciente del rey emérito tiene su origen más claro en los audios que hace dos años publicaron varios medios españoles de un encuentro en Londres en 2015 entre Villarejo y Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en el que la empresaria y examante del monarca aseguraba que el padre de Felipe VI la había utilizado como testaferro y había cobrado 65 millones de euros en comisiones de Arabia Saudí por el contrato del AVE a la Meca. Un caso investigado ahora tanto en España como Suiza –donde habría ido a parar aquel dinero– y que ha sido determinante en el declive del rey emérito.

Villarejo actuó como parte de "la estructura del Estado" ayudando a los partidos y los gobiernos en misiones que le fueron encargadas como agente encubierto, según reconoció el año pasado la defensa del excomisario. De los contactos con él, la formación que ha salido más malparada es el PP. Uno de los primeros en salir salpicado fue el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que acabó encarcelado por el caso Lezo. Según reveló El Mundo en 2015, en la grabación de un encuentro de 2011 con el delfín de Esperanza Aguirre, este habría pedido a Villarejo y otros comisarios que taparan la investigación sobre su ático en Estepona, que habría recibido como regalo de la trama Gürtel. "El tema es que si sale... esto es lo que yo no quiero", dijo González.

El objetivo de tapar la corrupción es lo que también perseguía la ex secretaria general de los populares María Dolores de Cospedal, motivo por el cual se acabó su carrera política. Su marido, Ignacio López del Hierro, se puso en contacto con Villarejo para obtener información sobre los adelantos en la investigación de la Gürtel antes de que se produjeran, y posteriormente fue la también exministra de Defensa quien requirió directamente los servicios del excomisario. El PP también le habría encargado investigar al popular Javier Arenas o al hermano del ex líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, así como el impulso de la operación Kitchen. Según la Fiscalía, el ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz –ahora imputado por este caso– habría hecho espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, entre el 2013 y el 2015, para recuperar documentación comprometida para el partido. Por todo el trabajo sucio, Cospedal le debía "100.000 euros más gastos", según se quejaba Villarejo en una conversación incorporada en el sumario de la Kitchen.

El excomisario, que en 2004 también habría cobrado del BBVA para intentar evitar que la constructora Sacyr entrara en el consejo de administración del banco, afirmó en El País que las órdenes de los populares venían de "mucho más arriba", en referencia a Mariano Rajoy. De momento, sin embargo, no hay pruebas de la implicación del expresidente español, como tampoco del PSOE, a pesar de que, en la entrevista de este martes, el excomisario aseguraba que en la información que acumuló hay "muchísimas cosas" que pueden afectar a los socialistas. Hasta ahora el PSOE ha quedado salpicado de rebote por las grabaciones comprometidas de la exministra de Justicia Dolores Delgado publicadas en septiembre de 2018. En una comida en octubre de 2009 con varios policías, el actual fiscal general del Estado hizo comentarios machistas y se refirió de manera grosera a la homosexualidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Delgado, que inicialmente negó haberse reunido nunca con Villarejo, también admitía en los audios haberse encontrado a jueces y fiscales del Estado con menores de edad durante un viaje profesional en Colombia.

Legitimidad a las cloacas del Estado

"Se ha creado la comisión Kitchen [en el Congreso] y se han puesto de acuerdo el PP y el PSOE para que no vaya", se lamentaba el martes el comisario jubilado. En cambio, el otro partido en el gobierno, Podemos, ha confirmado que sí pedirá su comparecencia en la cámara baja española. El partido lila fue una de las víctimas del entramado parapolicial del cual participaba Villarejo para perjudicar a los adversarios políticos de la Moncloa. De aquí salió el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), aparecido en 2016 en plenas negociaciones entre el PSOE y Podemos para formar gobierno –que entonces fracasaron– y según el cual la formación lila se habría financiado irregularmente a través de Irán y Venezuela. Otro de los encargos más destacados de esta policía patriótica, bajo las órdenes del exministro Fernández Díaz, fue la operación Catalunya. Una operación para sacar trapos sucios de los partidos independentistas y torpedear el Procés que, según Villarejo, se pagó con fondos reservados.

A la espera de saber si finalmente los socialistas dan luz verde a las explicaciones del comisario en el Congreso, el excomisario las tendrá que dar en algún momento en sede judicial, en un juicio que se va alargando en el tiempo sin que acabe de llegar. En noviembre de 2021 se habrán acabado los argumentos para mantenerlo en prisión provisional si todavía no se ha celebrado. La decisión está en manos del juez Manuel García-Castellón, que sustituyó a Diego de Egea como juez instructor de la causa después de que este mantuviera numerosas discrepancias con los fiscales ante la posibilidad de liberar al acusado. De momento, Villarejo defendía el martes la legitimidad de las cloacas del Estado para "limpiar las mierdas que generan los otros", y se mostraba convencido de que por este motivo muchos lo querrían eliminar: "Si esto fuera un país serio ya me habrían matado", decía. El tiempo dirá si "la información es poder" acaba siendo su mejor epitafio.