ERC y la CUP rechazan blindar a Borràs en el Parlament

BarcelonaLa sombra de la inhabilitación ha sobrevolado desde su nombramiento a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presunto fraccionamiento irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ICL). Y este martes la cuestión ha vuelto a estar encima de la mesa después de que haya llegado a la mesa un informe de los letrados del Parlament con una propuesta de modificación del reglamento de la cámara que, si saliera adelante, podría blindarla en el cargo hasta que no haya sentencia firme, tal como avanzó el lunes El Periódico y ha confirmado el ARA. La propuesta ha provocado un nuevo choque en las filas independentistas entre ERC y la CUP, que se han opuesto a reformar este punto, y JxCat, que, a pesar de que todavía no ha decidido posición, ha remarcado que los servicios jurídicos consideran "inconstitucional" que se pueda suspender a un diputado antes de la resolución definitiva. El resto de partidos de la oposición se han sumado a las críticas contra un informe en el que ven más consideraciones políticas que técnicas, de forma que la reforma planteada no tiene hoy por hoy posibilidades de salir adelante.

Lo que propone el documento de los letrados, al que ha tenido acceso el ARA, es la modificación del artículo 25.4, relativo a las causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios. Plantean eliminar el punto que establece que en los casos en los que "la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción la mesa del Parlament, un vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata", puesto que consideran que va en contra de la presunción de inocencia. Y también plantean suprimir el apartado que establece que los diputados "puedes ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios" si es "firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno lo acuerda por mayoría absoluta". Plantean, por el contrario, que solo se retire el acta a los diputados afectados cuando hayan sido "condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que les imposibilite asistir a las sesiones plenarias".

A pesar de que JxCat ha evitado pronunciarse directamente a favor de la supresión del artículo –fuentes del grupo afirman que se tiene que debatir internamente en el partido–, la portavoz de la formación, Mònica Sales, sí ha señalado que los letrados consideran que el artículo 25.4 es "inconstitucional" porque no respeta la presunción de inocencia, y ha recordado que así se defendía ya en un informe de julio de 2018. "Este apartado no tiene ningún precedente en nuestro derecho parlamentario", ha recalcado, haciéndose suyas las palabras de los servicios jurídicos. Al inicio de la legislatura, JxCat y ERC mantuvieron conversaciones sobre cómo afrontar las varias causas judiciales que afectan a sus filas, pero la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado en rueda de prensa que no han avanzado. La republicana se ha mostrado favorable a reformar el reglamento, pero ha dejado claro que el mecanismo que podría llegar a apartar a Borràs de la presidencia es "necesario": "No consideramos que se tenga que suprimir". A pesar de que algunos representantes republicanos pueden verse afectados en el futuro por este artículo, como por ejemplo Meritxell Serret –procesada por malversación y desobediencia por el 1-O–, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó –procesados por malversación a raíz del referéndum–, Vilalta ha cerrado filas con "aquellos instrumentos que sirven para luchar contra la corrupción". Las propuestas para reformar el reglamento, ha concluido, se tienen que hacer "pensando en el interés colectivo". Más contundente ha sido la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, que a través de Twitter ha defendido que Esquerra quiere instituciones con paredes de cristal "para evitar a los corruptos" y que "garanticen siempre el interés general por encima del particular".

El artículo 25.4 se introdujo en el reglamento en 2017, en una reforma impulsada por JxSí y la CUP, cuando el caso que afectaba al diputado Germà Gordó, investigado por el 3%, marcaba la actualidad. A pesar de que hay varias causas judiciales que afectan a dirigentes de todo el arco independentista, el único caso que genera tensión dentro de las filas soberanistas es el de Borràs. Mientras Junts ha denunciado su caso como una muestra del lawfare del Estado, ERC y la CUP no ha compartido hasta ahora esta interpretación. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha recordado en rueda de prensa que fue precisamente su partido el que impulsó la inclusión de este artículo para "luchar contra la corrupción". "Defendemos que todo el artículo 25, y, por lo tanto el 25.4, tiene que quedar tal como está en la actualidad", ha recalcado. Como se explicita en el polémico informe, fue la mesa del Parlament quien el 1 de septiembre de 2021 acordó pedir a los servicios jurídicos un documento con propuestas de revisión técnica de los artículos del reglamento que planteaban problemas de aplicación o de interpretación. Sin embargo, Reguant ha considerado que en el texto los letrados han ido "más allá de cuestiones técnicas" y, por lo tanto, "mucho más allá de lo que les corresponde".

Rechazo de la oposición en bloque

También la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha criticado que el informe presentado –que, según fuentes de la mesa, los grupos no recibieron hasta ayer por la tarde y se ha debatido como último punto de la reunión– "no es una modificación técnico-jurídica normal". "Algunas modificaciones nos parecen intolerables", ha dicho, y ha insistido en que "la iniciativa legislativa es de los grupos, no de la mesa". Los que han sido más críticos con la iniciativa de la mesa, sin embargo, han sido los comuns y Cs. "Que no se cuente con nosotros, no acompañaremos una reforma que está hecha a la carta y en beneficio propio", ha afirmado el portavoz del partido violeta, David Cid. Y todavía ha ido más allá el líder de Cs, Carlos Carrizosa, que ha avisado de que denunciará el movimiento del órgano rector de la cámara. "Quiere reformar el reglamento por la puerta trasera para sacar la palabra corrupción y así clavarse en el escaño", ha criticado el dirigente naranja. A su vez, el diputado de Vox Joan Garriga ha condenado que Borràs solo quiere "salvar su cabeza".

Más allá de la polémica sobre este punto la reforma integral del reglamento es costosa: primero se tendría que debatir en comisión y después pasar por el pleno. Para que se impulse hace falta que un grupo parlamentario pida abrir la ponencia de reforma del reglamento, un movimiento que todavía nadie ha hecho. Fuentes de Junts afirman que lo tienen que debatir internamente y apuntan que el informe de los letrados es una cuestión de la mesa –presidida por Laura Borràs-. En paralelo, fuentes de ERC apuntaban que no descartan sacar adelante la actualización del reglamento, que consideran necesaria, aunque se opongan a la supresión del artículo en disputa.