Los presos políticos vuelven a pasar este jueves el examen del tercer grado

BarcelonaEste jueves hará exactamente seis meses que la Generalitat clasificó en tercer grado los presos políticos. Ahora toca por ley volver a valorar la situación, a pesar de todo lo que ha pasado durante este tiempo. Las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses se reúnen este jueves para pronunciarse sobre la semilibertad y todo apunta a que los informes, como en el mes de julio pasado, volverán a ser favorables a pesar de la contundente oposición del Tribunal Supremo, que los revocó todos el 4 de diciembre pasado.

Con los informes de las juntas, que hará públicos en una comparecencia este jueves a las 11.30 el secretario de medidas penales, reinserción y atención a la víctima, Armand Calderó, llegará el turno de la Generalitat (a través de la secretaría de Mesures Penals, adscrita a la consejería de Justicia), que tiene un plazo máximo de dos meses para validar o revocar la propuesta. No tendría que tener muchos problemas para posicionarse, teniendo en cuenta que ya se ha mostrado reiteradamente partidaria del tercer grado y, de hecho, la consejera Ester Capella incluso acusó al Supremo de actuar de acuerdo con criterios de "venganza" y no "ajustados al derecho". Un recurso de la Fiscalía podría poner fin al tercer grado pronto, pero todo dependerá de entrada en el criterio que apliquen los jueces de vigilancia penitenciaria y, a la larga, el Supremo.

El principal escollo para que los presos salgan de los centros penitenciarios está, pues, en Madrid. El Tribunal Supremo les revocó el tercer grado con argumentos contundentes contra la administración penitenciaria catalana, a la cual acusó de intentar "reinterpretar la sentencia" de sedición contra ellos y de aplicarles "un tratamiento penitenciario privilegiado".

Uno de los principales argumentos del Supremo para denegar la semilibertad fue la del tiempo transcurrido de las condenas: solo cuatro de los nueve presos han cumplido una cuarta parte, a pesar de que todos ya lo habrán hecho a mediados de febrero. Y, a pesar de que no es un requisito obligatorio, la sala que preside el juez Manuel Marchena advirtió que hacía falta "una justificación reforzada".

Pendientes de la Fiscalía

El año pasado la Generalitat tardó doce días en validar la decisión de las juntas. Los presos, que entonces ya salían habitualmente de lunes a viernes para trabajar y hacer voluntariado gracias al artículo 100.2 de la ley penitenciaria, consiguieron, además, pasar los fines de semana en casa. Pero el recurso de la Fiscalía y la interpretación restrictiva de la ley de la juez de vigilancia penitenciaria encargada de Lledoners puso fin pronto a aquella situación: el 28 de julio, con el tercer grado suspendido –todavía no anulado– volvían a la prisión. El caso de Dolors Bassa y Carme Forcadell fue diferente, porque el juez encargado de su caso no suspendió la semilibertad. El resultado final acabó siendo el mismo el 4 de diciembre, cuando el Supremo tomó la decisión final.

Y, más allá de los jueces de vigilancia penitenciaria, el caso siempre acabará en el tribunal sentenciador, es decir, al Supremo. La última palabra volverá a ser la de Marchena, pero en los próximos días o semanas se tendría que ver si los presos pueden volver a salir de vez en cuando a la calle como hacían finos hace algunos meses.

Lo que no les podrá denegar el Supremo es la posibilidad de acceder a los permisos para pasar algunos días fuera de la prisión. Aquí sí que el requisito es haber cumplido una cuarta parte de la condena, como ya han hecho Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Josep Rull. Oriol Junqueras lo hará el 30 de enero y después llegará el turno de Carme Forcadell (2 de febrero) y de Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull, a partir del 16 de febrero.