Política 04/12/2020

El independentismo acusa al Supremo de "venganza" y refuerza la reivindicación de la amnistía

ERC y los comunes llaman a la vía política mientras JxCat, la CUP y las entidades recelan de la Moncloa

Marc Toro / Mireia Esteve / Quim Bertomeu
5 min
Dolors Bassa i Carme Forcadell amb l’expresident Quim Torra.

BarcelonaUna decisión esperable pero no por eso menos dolorosa, en palabras de la ex consellera Dolors Bassa. Ni el independentismo ni el soberanismo se han sorprendido este viernes de la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado y vetar el artículo 100.2 del régimen penitenciario a los presos políticos, pero tanto los propios afectados como los partidos y entidades han coincidido en señalar la decisión del alto tribunal como un acto de "venganza". Con más o menos matices, el independentismo ha reclamado de nuevo una ley de amnistía para liberar a los condenados, mientras que los comunes -miembros del gobierno español, que se opone a esta propuesta- han reiterado la necesidad de acelerar las vías de los indultos y la reforma del Código Penal, unas medidas que la Moncloa rechaza por ahora calendarizar.

"El Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo", ha reaccionado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en Twitter; "El escarmiento, la venganza de estado y la aplicación del derecho penitenciario del enemigo no dejan ningún margen para las sorpresas", ha añadido el ex conseller Jordi Turull, mientras que su compañero en el Govern Raül Romeva ha afirmado que "poco a poco este Estado va convirtiéndose en una gran prisión". "La revocación del tercer grado es un castigo político por nuestra ideología", ha asegurado el extitular de Territorio Josep Rull. Este mismo argumento es el que han exhibido tanto el actual vicepresidente, Pere Aragonès, como la portavoz del ejecutivo, Meritxell Budó, que en declaraciones a Catalunya Ràdio ha denunciado la "vergüenza y crueldad inmensa" del Tribunal Supremo.

Con la habitual nota de optimismo combativo, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha pedido no ver a los presos y exiliados como "la visualización de ninguna derrota". "Hoy más que nunca: amnistía y autodeterminación", ha reivindicado en un tuit, y posteriormente el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, ha insistido en declaraciones en esta línea. "No nos valen promesas falsas ni globos sonda del gobierno español que no llegan ni sabemos si llegarán", ha afirmado Mauri sobre los indultos y la reforma del delito de sedición, al tiempo que la ANC denunciaba en Twitter "tortura" y "ensañamiento" con los presos y afirmaba que "solo la independencia acabará con la represión". Mauri, con todo, ha señalado la revocación del régimen de semilibertad como la falta de "voluntad" de la Moncloa para liberar a los presos. Entre otros, ha argumentado, porque ahora podrían tener el tercer grado si la fiscalía, un órgano que "controla" el gobierno español, no hubiera presentado un recurso.

La responsabilidad del ejecutivo estatal en el contexto represivo, de hecho, es lo que ha marcado el matiz en las reacciones entre JxCat y ERC. Budó ha dejado claro que ahora mismo no ve "ninguna voluntad" del gobierno español de afrontar la "negociación" sobre el conflicto político, mientras que que la eurodiputada de ERC Diana Riba, también pareja de Romeva, ha defendido también en Catalunya Ràdio que "la solución pasa por la política" y por vías como la mesa de diálogo con el gobierno español, pactada por los de Oriol Junqueras con el PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. El punto de reproche de los republicanos lo ha puesto, eso sí, el presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha lamentado que el gobierno español tiene "las herramientas" para poner las bases de una resolución del conflicto y "no lo está haciendo". "Es vergonzoso ver cómo el gobierno del PSOE y Podemos es incapaz de parar los pies a los enemigos del diálogo y aquellos que quieren hacer descarrilar cualquier vía de negociación", ha dicho.

Quien también ha defendido la desjudicialización y el regreso a la política han sido los comunes. "Hay que quitar el conflicto del terreno del castigo y llevarlo a la política", ha pedido el jefe de filas de En Común Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que ha denunciado que el Supremo no era "competente" para anular el tercer grado. Las vías "más rápidas" para la liberación de los presos, ha insistido la candidata de los comunes el 14-F, Jéssica Albiach, son "los indultos y reforma del delito de sedición". La CUP, por el contrario, ha denunciado que después de días de "mercadeo y rumores" sobre indultos, reformas y otros "pactos en despachos", el Estado ha mostrado su cara "más real y cruda".

Forcadell y Bassa lamentan conocer la noticia por los medios

En los tuits y declaraciones de los diferentes actores soberanistas se han repetido mensajes de ánimos especialmente dirigidos a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la ex consellera Bassa, las dos únicas condenadas por el 1-O a las cuales no se había suspendido cautelarmente hasta ahora el tercer grado. Ambas han centrado sus primeras reacciones en criticar sobre todo las formas del Tribunal Supremo: "Nos hemos enterado de que tenemos que entrar en la cárcel por los medios de comunicación", ha criticado Forcadell en Twitter, donde ha denunciado que "es vergonzosa la falta de respeto" del alto tribunal hacia los presos y sus familias.

"Carme y yo hemos salido esta mañana de la prisión y nos hemos llamado para comentar que qué bien, que no teníamos que volver hasta el miércoles, que estaríamos cinco días fuera de la prisión porque había puente. Pero ahora mismo todavía no sabemos si tenemos que volver a la prisión hoy, mañana o el miércoles", ha añadido Bassa en RAC1, desde donde ha asegurado que tenía el auto del Supremo en el móvil porque se lo había hecho llegar un medio: "Mi abogada todavía no tiene nada oficial". Sí que lo es la anulación del tercer grado, a pesar de que ahora podría ser recurrido ante el Tribunal Constitucional.

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