El 30 de octubre de 2017 Carles Puigdemont, ya expresidente de la Generalitat por haber sido aplicado el artículo 155 de la Constitución, sale de España y se dirige a Bruselas, donde están ubicados el Parlamento y la mayoría de las instituciones que conforman la Unión Europea. Se instala en la localidad de Waterloo, y allí permanece dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia que constituye uno de los pilares que sostienen el entramado democrático que configura la UE. Nunca ha sido un fugitivo.

Se han cumplido seis años desde que Carles Puigdemont, Toni Comín y otros independentistas decidieron salir de nuestro país para acogerse al espacio de libertad, seguridad y justicia que ofrece la Unión Europea a todos sus ciudadanos. Recientemente, Santos Cerdán, el negociador por parte del PSOE del acuerdo con Junts, en una entrevista en eldiario.es deslizó que Puigdemont era un exiliado. Repreguntado, contestó: “No me atrevería a definir si es un fugado o un exiliado. Porque un fugado que se pueda pasear por toda Europa, que sea eurodiputado con plenos derechos y pueda estar en la misma frontera de España, pues de aquella manera, no sé”. La tesis de que no es un fugitivo la vengo manteniendo desde hace tiempo sin mucho eco.

Si se acude a un diccionario de sinónimos nos encontraremos con que el término sedición se equipara a sublevación, rebelión, motín, asonada o tumulto, entre otros varios de significado parecido. El delito de sedición tiene una larga tradición legislativa en nuestros códigos penales y se recoge también en el vigente, pero como un delito contra el orden público. Desde la doctrina penal se han formulado serias objeciones no solamente al concepto sino también a la desproporción de las penas.

Sin ninguna cobertura legal e infringiendo las formas que se deben observar en el procedimiento contencioso administrativo, la Sección quinta de la Sala del Contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de reforma planteado por los partidos políticos VOX, Partido Popular y Ciudadanos, cuya única finalidad es la de crear, sin fundamento legal alguno, un conflicto político de imprevisibles e indeseables consecuencias, para desgastar al Gobierno con la ayuda, en este caso, ni más ni menos que del Tribunal Supremo. De momento, de forma insólita y contraria a la normalidad procesal, revoca una decisión de esa misma Sala en la que, con arreglo a derecho, se había rechazado la legitimación de los partidos políticos para impugnar el ejercicio del derecho de gracia.

Para abordar las derivadas judiciales y las consecuencias políticas que suscita la detención en Cerdeña del Sr. Puigdemont, tenemos que retroceder en el tiempo y situarnos en el momento en el que decide salir de España y establecerse en Bélgica, país que pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. A partir de este momento, el juez instructor que investigaba la causa contra los políticos catalanes pone en marcha una orden europea de detención y entrega dirigida a todos los países que se han integrado voluntariamente en la Decisión Marco adoptada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior el 13 de Junio de 2002. 

El Tribunal de Cuentas, con una u otra denominación, siempre ha estado presente en todos nuestros sistemas políticos con la finalidad de fiscalizar las cuentas de los organismos que manejan caudales públicos. La Constitución vigente lo consagra como órgano constitucional, dentro del título dedicado a la Economía y la Hacienda. Al mismo tiempo, la Constitución permite a las Comunidades Autónomas la creación de sus respectivos organismos de fiscalización y control del gasto público. En Cataluña, su Estatuto de Autonomía contempla la existencia de una Sindicatura de Cuentas, como órgano fiscalizador prioritario de la gestión económica de las cuentas y del control de eficiencia de las Instituciones Públicas catalanas y contempla una relación de cooperación, mediante convenio, con el Tribunal de Cuentas.