La aprobación de unos presupuestos siempre tiene dos dimensiones. La primera es que permite a las administraciones funcionar con normalidad y poder disponer de más recursos para hacer políticas concretas. Desde este punto de vista, la aprobación de las cuentas siempre es una buena noticia, porque es una medida que repercute positivamente tanto en los servicios públicos como en la economía en general a causa del flujo de recursos, por ejemplo para infraestructuras, que supone. La segunda dimensión es la política. En el caso de las cuentas aprobadas ayer en el consejo ejecutivo y presentadas al Parlament, representan la piedra angular que permitirá a Salvador Illa agotar la legislatura.

Cada día que pasa el caso Zapatero, a la espera de las explicaciones que él mismo prometió que daría el primer día, es más difícil de digerir para el PSOE y los socios que le apoyan. El último episodio es la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar el bloqueo de cerca de medio millón de euros de sus cuentas bancarias, la cifra que supuestamente cobró de la empresa Análisis Relevante y que el juez sospecha que en realidad era una comisión por haber ayudado a la aerolínea Plus Ultra a obtener un crédito de 53 millones por parte del Estado en plena pandemia.

China se está convirtiendo en el epicentro de la diplomacia mundial. Se jactan de ello los medios oficiales y, efectivamente, parece que ahora mismo casi todo pasa por Pekín, aunque no queda claro que de ahí salga el desenlace de las muchas crisis que hay en el mundo. Estos días ha recibido la visita de Vladímir Putin, el líder ruso, y la semana pasada fue el turno de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. En los últimos meses, Xi Jinping ha recibido a los líderes de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, España y Corea del Sur, por citar algunos, sin olvidar también la visita a principios de mes del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Así pues, China tiene información de primera mano de todo lo que pasa, pero hasta ahora no se ha involucrado de manera directa, aunque deja entrever algunas pistas.

El acta de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero de la Audiencia Nacional, que lo sitúa como "líder" de una trama internacional de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, representa un terremoto político de grandes dimensiones que amenaza con dejar a su partido, el PSOE, y al gobierno de Pedro Sánchez en una crisis muy profunda a un año de las elecciones. Hay que ser consciente de que Zapatero es una figura capital en el relato del sanchismo; que es la persona que durante su mandato inició el quiebre con el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra cuestionando algunos aspectos de la Transición, y que ha ayudado al actual presidente tanto en campañas electorales como en gestiones delicadas, como la interlocución con Junts.

El gobierno de Cataluña tendrá presupuestos. Ya era hora. Los últimos se aprobaron en 2023. No nos podemos acostumbrar a considerar normal que se gobierne sin unas cuentas actualizadas. No es admisible que cada vez más se arrastren los presupuestos de legislatura en legislatura por la incapacidad de llegar a acuerdos. La política es precisamente eso: pacto. Sentido de responsabilidad más allá de expresar las legítimas diferencias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación de emergencia internacional de salud pública por un brote de Ébola en el Congo que ya ha causado 88 muertes de un total de 336 casos probables. Este brote, pues, es mucho más grave que el de hantavirus que afectó a un crucero y que acaparó la atención de los medios durante días. Y lo es porque tiene un potencial pandémico muy superior, ya que las autoridades han detectado que la transmisión está siendo mucho más amplia de lo que en un principio se había detectado.

Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, una serie que comenzó en 1982 y en la que se mantuvo una sólida hegemonía socialista hasta que en 2018 Juanma Moreno Bonilla accedió a la Junta de la mano de Ciudadanos y Vox. En esta última década Moreno Bonilla se ha construido un perfil propio diferente del PP estatal, y especialmente diferente del PP madrileño, basado en la moderación, las buenas maneras y un andalucismo indisimulado. En realidad, es una fórmula que recuerda a la Convergència pujolista, aunque sin cuestionar el proyecto nacional español, y que también practican, por ejemplo, el PP gallego y, en menor grado, el balear.

El premio Nobel de economía Paul Krugman describió muy bien la importancia de una variable económica que es fundamental, aunque resulta desconocida para la mayoría de los ciudadanos. "La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo", dijo. El hecho es que una cosa es crecer y otra progresar o prosperar. O, siendo más llanos, una cosa es el volumen o la cantidad –el producto interior bruto (PIB) aumenta y en Cataluña ya ha superado los 300.000 millones de euros– y otra la calidad, es decir, cómo se distribuye este pastel entre todos los que viven en una determinada economía.

Ninguna sociedad puede sobrevivir sin respetar y conservar su patrimonio. Por eso el patrimonio siempre es polémico, siempre provoca tensiones, siempre está disputado, reclamado y, cuando hay conflicto, eliminado. Es lo que nos define como pueblo y lo que nos hace universales, lo que nos liga a nuestro pasado y lo que nos permite vislumbrar el futuro. De patrimonios, sin embargo, los hay de muchos tipos. No tiene sentido hoy relacionarlo solo con la piedra, los edificios, los archivos o artes clásicas como la pintura o la escultura. El cine, la fotografía, el vídeo y, por supuesto, el cómic forman parte de él desde hace ya muchos años. De hecho, en el mundo digital en el que vivimos algunos erróneamente pueden pensar que también forman parte ya del pasado.

Finalmente, la consejera de Interior, Nuria Parlon, ha reconocido el error que significa que unos agentes de paisano se infiltraran en una asamblea de maestros y ha pedido disculpas. Parlon ha descrito el incidente como una "maniobra operativa mal planteada" que ha tenido como consecuencia que se haya roto la confianza entre los sindicatos educativos y el Gobierno en un momento de máxima tensión laboral, y se ha comprometido a poner fin a las inercias del cuerpo que lo han provocado. La consejería, pues, ha culminado la marcha atrás que se intuyó en los primeros momentos de la crisis, descartando, sin embargo, cualquier tipo de responsabilidad política y también de "mala fe" por parte del cuerpo.

Los docentes hacen este martes el primero de tres días de huelga general en un mes, a los que se añadirán otras jornadas de paros territorializados. Será el final de curso más educativa y organizativamente complicado en muchos años. Habrá que ver cuál es el seguimiento de los maestros y cómo se lo toman las familias. ¿Seguirán, los unos y los otros, el ritmo de unas protestas tan extensivas e intensivas, tan exigentes? Es verdad que hay un sentimiento de cansancio y decepción en el colectivo profesional que ha llevado a esta situación, pero resulta igualmente lógico y natural pensar que la mayoría desean el retorno a la normalidad: el clima de protesta también desgasta, y a medio plazo puede hacerse insostenible.

Parecía que habíamos olvidado la pandemia y que el trauma y las consecuencias de aquellos largos meses de encierro, aislamiento y dolor habían quedado atrás. Parece claro, sin embargo, que han quedado secuelas, muchas, y que una de las más evidentes es el miedo a repetir la experiencia. Solo a partir de esta angustia irracional se puede entender lo que ha escenificado estos últimos días en Canarias un sector de su población y, sobre todo, su principal representante político. Siendo generosos, se puede pensar que Fernando Clavijo, presidente canario por Coalición Canaria, considera que su población sigue aterrorizada por la experiencia de la covid y quiere evitar la posibilidad, ni que sea remota, de que el barco MV Hondius pueda ser el inicio de una nueva pandemia. Esto, y solo esto, explicaría humanamente su sobreactuación de estos días, en la que ha intentado de todas las maneras posibles que el barco no pudiera atracar o que ni siquiera, como ha pasado, pudiera fondear en el puerto por miedo a que unas potenciales ratas pudieran nadar hasta tierra e infectar a la población.

Hace unos años, el gobierno de la Generalitat constituyó una comisión de expertos, una especie de consejo de administración de sabios, para determinar por qué sectores debía apostar Cataluña para crecer de manera sostenida. Una de las conclusiones era obvia: el turismo. Era un momento en el que había mucho interés por fomentar la industria aeronáutica, con poca presencia en Cataluña. No se consiguió. De hecho, unos terrenos que se habían reservado para hacer una especie de parque dedicado a esta actividad los ocupa actualmente un gran outlet en el término municipal de Viladecans. En cambio, con el tiempo, surgió un ecosistema de start-ups que ha hecho de Barcelona y Cataluña un referente internacional.

La decisión de la Comisaria General de Información de los Mossos d'Esquadra de enviar a dos agentes de paisano a una asamblea de docentes para, según el cuerpo, hacer una evaluación de riesgos ante un conflicto laboral "siempre atendiendo a la legislación vigente" ha generado una tormenta política que le puede complicar la vida al Govern. El hecho de que los docentes descubrieran la identidad de las agentes, que se hicieron pasar por profesoras de un centro, es un desastre que amenaza con hacer aún más ancha la fractura actual entre los maestros y la conselleria, justo a las puertas de una nueva ronda de negociaciones que debía comenzar el lunes.

El hantavirus se llama así porque, aunque es antiguo, el primer brote de la enfermedad que se estudió científicamente fue el que contrajeron soldados norteamericanos que patrullaban a orillas del río Hantan durante la guerra de Corea, en los años 50. Es un virus conocido y con diversas familias: solo se sabe que haya transmisión entre humanos en el llamado hantavirus de los Andes, que es el que ha afectado a los pasajeros del MV Hondius. No tiene la virulencia de la covid, la de la gripe o, aún menos, la del sarampión, pero el índice de mortalidad si no se trata sí que es alto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay cinco casos confirmados, tres de los cuales han acabado en muerte, y tres más sintomáticos a la espera del resultado del PCR. Ha surgido, también, la posibilidad de un noveno caso que sería una azafata de vuelo que estuvo en contacto con una mujer que acabó muriendo. Si se acaba confirmando, sería preocupante, ya que se trataría de la primera persona que se ha contagiado sin estar a bordo del barco.

La Fundación Ramón Areces y el Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques han calculado cuál sería el coste de eliminar la pobreza en España, una cifra que sitúan en los 24.000 millones de euros, pero lo más interesante es que el estudio ofrece datos por territorios y permite hacer un análisis comparativo de los últimos 10 años. Esto permite obtener dos fotografías: una fija sobre cuáles son los territorios con más población en riesgo de pobreza o exclusión, y otra dinámica sobre cuáles han mejorado más estos indicadores en una década. En este sentido, Cataluña no sale especialmente mal parada, porque tiene un 14,3% de la población en riesgo de pobreza y un 5,3% en riesgo de exclusión (pobreza extrema), una cifra que representa alrededor de la mitad de lo que tiene la comunidad autónoma que está peor, que es Andalucía.

La primera regla de los líderes autoritarios es deslegitimar las instituciones y no reconocer nunca una derrota electoral. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump, que seis años después aún no ha reconocido la victoria de Joe Biden en 2020. En España es Vox quien aplica al pie de la letra el libro de instrucciones del trumpismo, y ya hace semanas que Santiago Abascal y los suyos propagan en las redes y por tierra, mar y aire la idea de que el gobierno de Pedro Sánchez prepara un pucherazo de cara a las elecciones previstas para el año que viene. Este caldo de cultivo se alimenta a través de fake news sobre el poder de Indra, sobre la manipulación del voto por correo o sobre los efectos que tendrá la regularización de inmigrantes sobre el censo, que son nulos. El objetivo, sin embargo, es crear un clima irrespirable, cercano a la insurrección, y preparar el terreno para impugnar los resultados si estos no coinciden con sus expectativas. El riesgo, sin embargo, de provocar un estallido social con violencia es muy elevado, como ya pasó el 6 de enero de 2021 en el Capitolio o también en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Una de las cosas más importantes que hace Fomento del Trabajo cada año es calcular el déficit de infraestructuras que sufre Cataluña para denunciar una infrafinanciación que castiga especialmente la competitividad de la economía catalana. La cifra se obtiene de una manera muy simple. Se calcula la mínima inversión que correspondería a Cataluña en función de un porcentaje del PIB, que sitúan en el 2,2%, y se compara con la cifra real, que siempre es más baja. Y si se toma un período temporal suficientemente amplio, por ejemplo desde el 2009 hasta hoy, la cifra resultante es escandalosa, próxima a los 50.000 millones de euros. Y si añadimos el coste de la vida, la cifra se eleva a los 60.000 millones.

Los tentáculos de la crisis de la vivienda llegan a todos los rincones de la vida colectiva. Según los datos a los que ha tenido acceso el ARA, se está consolidando como tendencia la pérdida de población escolar en Barcelona. La preinscripción en infantil 3 (I3) ha vuelto a bajar a los niveles de la pandemia. Es preocupante. Y, al mismo tiempo, no es fácil de revertir, ya que estamos hablando de una realidad socioeconómica estructural.

Los resultados que muestra la encuesta que publica hoy el ARA, con todas las prevenciones que supone el hecho de que sea un sondeo hecho cuando no hay ninguna convocatoria electoral a la vista, dibujan una profunda alteración del mapa de partidos catalán en un sentido muy preocupante. Básicamente, lo que se ve es un fuerte retroceso de los partidos de centroderecha tradicionales, Junts y PP, que son superados por partidos más radicales y abiertamente islamófobos como son Alianza Catalana y Vox. El resultado es un país mucho más polarizado y con menos espacio para los grandes consensos, y políticamente mucho más difícil de gobernar.