No nos podemos dejar llevar por el pesimismo ambiental. A nuestro alrededor hay mucha gente que trabaja, que investiga, que transforma. Muchas personas que piensan y actúan al servicio de las personas. Hacer aflorar este talento comprometido, darle voz y visibilidad, es un deber de los medios de comunicación que desde el ARA nos tomamos seriamente. Por descontado, también debemos explicar lo que no funciona, denunciar las corrupciones e injusticias, fiscalizar los poderes. Lo hacemos día tras día. Pero el talento que tenemos en nuestra casa, en las universidades, en los centros de investigación, en las empresas, que demasiado a menudo queda oculto, nos interesa tanto o más. Es un talento que actúa en muchos campos: la ciencia, las humanidades y las artes, la medicina, la gastronomía, el deporte... Y también en la tecnología, de forma muy relevante y transversal, y a menudo afectando y dialogando con todos los otros campos.

Si hay una parte de la represión desatada después del 1-O por el Estado español contra el independentismo catalán que era especialmente injusta y arbitraria es la que pivotaba alrededor del Tribunal de Cuentas. Este organismo, que nunca había actuado de forma decidida contra ninguna administración ni ningún partido, actuó imbuido de un ánimo de venganza tal que consideró que toda la política exterior de la Generalitat desde el año 2011, cuando Artur Mas llegó al poder, hasta el 2017 era en realidad gastos impropios e ilegales del Procés que había que resarcir. Esto supuso, de facto, una pena económica a una treintena de cargos de la Generalitat, entre los cuales el mismo Mas y el exconsejero Andreu Mas-Colell, a los cuales se obligó a presentar avales sobre las cantidades que se les exigían a cada uno (sobre un total de 5,4 millones), y que han tenido que vivir la última década con esta espada de Damocles encima.

El caos de Rodalies es un descalabro enquistado. Las promesas de mejora se eternizan. La realidad de los retrasos, accidentes y averías persiste. Las incidencias son diarias, un infierno para los usuarios. Los últimos episodios de lluvia han vuelto a evidenciar, una vez más, la precariedad de un servicio que tiene la credibilidad por los suelos. Y la huelga encubierta de los maquinistas no ha hecho sino agravar todavía más la situación. Miles de ciudadanos viven desde hace tiempo, mucho tiempo, un desastre cotidiano.

El llamado "alto el fuego energético" entre Rusia y Ucrania anunciado por Donald Trump ni siquiera ha llegado a empezar. Cuando el domingo lo intentó imponer, Volodímir Zelenski contestó que no sabía nada pero que lo aceptarían. "Estamos dispuestos a respetar un alto el fuego energético si Rusia está lista para hacer lo mismo", dijo. Al cierre de esta edición Rusia, oficialmente, todavía no ha dicho nada, pero no ha hecho falta. Durante la noche pasada Rusia atacó una central eléctrica en Járkov y una planta de producción de gas y una estación de servicio en Zhitómir, según Kiev.

Las leyes se debaten y se aprueban para ser aplicadas. No tiene sentido publicarlas y que se conviertan en papel mojado. La ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor en enero de 2014, se reformó en 2021 con el fin de restringir las prácticas comerciales abusivas. El texto establece que el precio de compra fijado en el contrato debe cubrir siempre el coste efectivo de producción del productor primario, en este caso el agricultor o el ganadero. Se prohíbe expresamente comprar por debajo de lo que ha costado producir el alimento. Es una norma que el campo exigió durante mucho tiempo que se aplicara.

A menudo se ha entendido mal la teoría de Darwin: según el naturalista inglés, la ley de la selva no es la del más fuerte, sino la del más adaptable. Las especies que triunfan son las que mejor se adaptan a las condiciones ambientales. Esta ha sido precisamente la esencia de la supervivencia política de Pedro Sánchez, a partir de una extraordinaria capacidad pragmática de sacar partido de la aritmética parlamentaria y de las condiciones sociales y económicas de cada momento, sin caer en rigideces ortodoxas.

La trayectoria de crecimiento de la economía española es positiva. A escala macroeconómica se sitúa entre los países desarrollados con más dinamismo. El problema viene cuando aumentamos la imagen del microscopio y detectamos que hay un peor reparto del pastel porque crece más la población que la riqueza. De aquí surgen lemas como el crecimiento inclusivo, que utiliza, por ejemplo, el gobierno que preside Salvador Illa.

Las acampadas contra los desahucios y la muerte de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo popular de la lucha por la vivienda, han marcado el pistoletazo de salida de la carrera hacia las elecciones a las Cortes. No hay duda de que, ahora mismo, el acceso a una vivienda digna es el problema principal de la sociedad catalana y española. La última encuesta del CIS, monográfica sobre el tema, no hace sino confirmar el clamor a favor de un cambio de políticas. La gente quiere soluciones: siete de cada diez ciudadanos están a favor de congelar los precios de los alquileres durante dos años, y también siete o más de siete de cada diez personas están a favor de dar más garantías a propietarios ante posibles impagos, de limitar los pisos turísticos y de subir los impuestos a los grandes tenedores.

Poco tiempo después del anuncio de la convocatoria electoral, las redes sociales del PP hicieron circular un vídeo en el que se veía al ministro Óscar Puente retorciéndose de dolor después de romperse una pierna. Y las Nuevas Generaciones, uno en el que se veían inmigrantes en Ceuta con el lema: "O ellos o nosotros". Eran dos muestras de por dónde piensa llevar la campaña el partido que aspira a gobernar España. También el mismo día, Isabel Díaz Ayuso y Vox pidieron a sus electores que no se les ocurra votar por correo, y sembraron así la duda sobre si el gobierno actual está preparando un pucherazo. Este es un espantapájaros que la derecha ya hace tiempo que agita, con la idea de dibujar a Pedro Sánchez como un aspirante a dictador.

Este martes ha sido un día muy importante en la lucha por borrar los efectos de la represión judicial que se puso en marcha al día siguiente mismo del 1-O contra dirigentes políticos y ciudadanos anónimos por defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña. La decisión del Tribunal Constitucional, que finalmente ha ordenado al Tribunal Supremo aplicar la amnistía también a los acusados del delito de malversación, abre la puerta al retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, y a dejar sin efecto la inhabilitación para cargo público que sufren Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva. Será el final de un proceso que ha durado muchos años: que comenzó con los indultos, continuó con la derogación del delito de sedición y ha culminado finalmente con la aplicación total de una amnistía que la justicia ha intentado torpedear por todos los medios.

El presidente español, Pedro Sánchez, ha visto una ventana de oportunidad en la votación que tumbó el viernes los decretos de vivienda y ha decidido lanzarse de cabeza. Tras un fin de semana de consultas, este lunes ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y ha convertido su comparecencia en el primer acto de lo que se prevé que será una larga precampaña. Sánchez ha pedido una mayoría más amplia para "doblegar a las élites" y ha instado a la ciudadanía a colocarse en el "lado bueno de la historia" ante lo que ha calificado como "la peor oposición de la historia de la democracia". Sánchez, pues, se la juega a un todo o nada presentándose como el defensor de las clases populares frente a los poderosos.

El temporal de lluvia y viento que ha castigado a Cataluña este fin de semana ha dejado imágenes espectaculares de inundaciones, decenas de miles de personas afectadas en un grado o en otro, y un balance provisional de dos muertos y un desaparecido. Los próximos días habrá que afinar en el cálculo de daños y en la gestión de la emergencia, pero de entrada hay dos cosas que ya se pueden afirmar. Los avisos del ES-Alert pueden resultar molestos en algún momento, pero esta vez han demostrado su utilidad. Viendo la magnitud de los caudales que bajaban por rieras y barrancos, no es difícil pensar que sin un aviso generalizado habría habido más víctimas. La ciudadanía, en términos generales, ya ha aprendido a hacer caso de las recomendaciones y actúa en consecuencia.

Los decretos sobre vivienda que se tumbaron el viernes en el Congreso eran una respuesta de urgencia al estallido social provocado por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid, o el de Olga, la vecina de Hospitalet que se suicidó tras perder su casa, pero no representaban una solución estructural al problema. Esto lo saben incluso los promotores de los decretos y los partidos que votaron a favor. Por tanto, lo primero que hace falta es distinguir entre la respuesta a la emergencia social que suponen los desahucios y la cuestión, más de fondo y multifactorial, del acceso a una vivienda digna en condiciones.

La vivienda es sin duda el gran problema de la sociedad actual, y no hay ninguna solución mágica ni, sobre todo, rápida. Ahora bien, hay dos elementos que son ciertos: el primero es que las familias se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos, especialmente si están de alquiler. Y el segundo es que este esfuerzo económico excesivo provoca que mucha gente, al sufrir alguna circunstancia que conlleva una rebaja de ingresos –como la pérdida del trabajo o un problema de salud–, no pueda afrontar el pago de la hipoteca o del alquiler. Convertirse en persona vulnerable no es tan difícil en el mundo actual, y su cara más amarga son los desahucios.

No hace tanto, los Estados Unidos, la primera potencia mundial, eran percibidos como una economía fiable, con estabilidad y seguridad jurídica. Con Donald Trump en la Casa Blanca esta imagen, a base de idas y venidas con la política arancelaria y los conflictos que ha generado –como la guerra con Irán– ha cambiado. Y lo indican los intereses de la deuda del Tesoro de los EE. UU. a 10 años, que se han disparado por encima del 5,3%, muy por encima del umbral del 5% que se considera peligroso para una economía con una deuda que supera los 40 billones de dólares.

El INE ha hecho públicas las cifras del PIB del año 2025, que certifican el fenómeno que domina la economía española desde hace décadas: una concentración cada vez mayor de la actividad económica y la riqueza en Madrid y una brecha cada vez mayor entre la capital del Reino y los territorios de su alrededor. Si en el año 2000 la economía madrileña representaba el 17,5% del total español, este 2025 ya ha llegado al 20%. En cambio, Cataluña mantiene su parte del pastel estable: era el 18,9% en el año 2000 y lo sigue siendo 25 años después.

A falta de la concreción exacta de los decretos aprobados por el gobierno español este martes, lo primero que hay que decir es que no hay cuestión más capital y con tantas aristas ahora mismo en el debate público como la de la vivienda. Pero lo que ha puesto sobre la mesa el caso de la madrileña Maricarmen Abascal es que ninguna sociedad democrática puede aceptar que cada semana se desahucien a cientos de personas ni que los jóvenes y los no tan jóvenes tengan tan difícil el acceso a la vivienda. Lo primero es una cuestión de humanidad, y lo segundo afecta al derecho a tener una vida digna y tiene graves repercusiones en el funcionamiento de la economía.

Los ministros de Defensa de la Unión Europea se han reunido este lunes con una pregunta sobre la mesa: ¿cómo se puede responder de forma coordinada a la guerra híbrida que está planteando Rusia como parte de su estrategia para impedir que los socios europeos continúen ayudando a Ucrania en su esfuerzo de guerra? La reunión ha coincidido, por cierto, con un fuerte ataque ruso al centro de Kiev que de híbrido no ha tenido nada, sino que ha mostrado el horror de la guerra en todas sus dimensiones: edificios bombardeados, víctimas civiles y, lo que es peor, la sensación de que esto es solo el principio.

La presión en la calle para que el gobierno español apruebe el nuevo decreto de vivienda que frene los desahucios se ha incrementado este fin de semana. La movilización ciudadana ha sido un éxito incontestable. Como han dicho los mismos promotores de la manifestación y de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, no se puede comparar con el 15-M de 2011. Hay menos movimiento ideológico de fondo y más reivindicación concreta. En realidad, el grito de ahora tiene un objetivo perfectamente descriptible: resolver el acceso a la vivienda, convertido en el principal motivo de precariedad y desigualdad. Y responde a un malestar muy generalizado que es interclasista e intergeneracional. La imagen de Maricarmen Abascal, de 87 años, siendo desahuciada en camilla del piso donde ha vivido toda la vida, ha calado en la opinión pública: muchos ciudadanos de edad avanzada se han imaginado ellos en su situación y muchos jóvenes y adultos han proyectado en ella a la abuela o a la madre.

El sistema público catalán de salud mental, sobre todo para jóvenes y adolescentes, está muy tensionado. No es un consuelo que, respecto al resto del Estado, Cataluña esté mejor en este campo asistencial. No lo es porque igualmente los profesionales, que en los últimos meses han lanzado diversas alarmas en forma de informes y manifiestos, no dan abasto. Y las familias tienen que soportar largas listas de espera o, si pueden, optar por la atención privada –una visita con un psicólogo o un psiquiatra cuesta de 50 a 120 euros–. A pesar de que la Generalitat haya destinado más recursos en los últimos años, las carencias siguen siendo notorias.