El asesinato a tiros de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso del distrito de Sant Andreu de Barcelona ha provocado una comprensible alarma social por diversos motivos. El principal es la edad de la víctima, prácticamente un niño, pero el siguiente es que el arma que se usó era una pistola. Este es un hecho especialmente preocupante porque los Mossos ya han detectado un aumento del uso de las armas de fuego relacionado con la delincuencia, organizada o no, y lo consideran una prioridad absoluta ahora mismo. Además, el asesinato no se produjo en el marco de una pelea entre grupos de jóvenes ni fue un incidente aislado, sino que los Mossos trabajan con la hipótesis de que el homicida o homicidas fueron a buscar expresamente a la víctima y le dispararon con un arma de fuego con intención de matar.

A veces, y sobre todo desde algunas posiciones políticas, la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral se plantea como un juego de suma cero. Esto quiere decir, según la teoría de los juegos, que lo que unos ganan los otros lo pierden, y a la inversa. Desde las posiciones más radicales se tilda a los recién llegados de amenaza para los autóctonos en el ámbito laboral y social. Si vienen muchos, consiguen puestos de trabajo a costa de la población nacida en el país, afirman. Y también se les identifica como más beneficiarios de prestaciones públicas que aportadores y cotizantes.

En Madrid la ambigüedad gallega no cotiza, y por eso cuando Alberto Núñez Feijóo envía mensajes que se pueden interpretar como un gesto hacia Junts o hacia Cataluña (sea o no sea esta la intención del líder gallego) rápidamente alguien le recuerda que por este camino no se va a ninguna parte. Este miércoles ha sido el gran factótum de la derecha madrileña y su guía espiritual, José María Aznar, quien ha marcado a Feijóo cuál debe ser el rumbo que debe seguir. Aznar ha pedido una "mayoría nacional" que incluya la izquierda y la derecha para echar a Pedro Sánchez. "Esta mayoría será nacional o no será", ha remachado. Traducido en términos políticos, Aznar dice a Feijóo que debe olvidarse de Junts y del PNV y, en cambio, debe mirar hacia gente como Emiliano García-Page y Jordi Sevilla, es decir, el PSOE felipista. Por si había dudas, Isabel Díaz Ayuso ha clamado contra "la amenaza independentista constante".

Por si el gobierno español no tenía suficientes frentes abiertos con la justicia, ahora se le abre otro inesperado en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que finaliza este mismo día 30 y que ya ha superado el millón de solicitudes. El Supremo, respondiendo a los recursos interpuestos por los gobiernos valenciano y aragonés, ambos del PP, pone en duda ahora la legalidad de la regularización sobre la base de la normativa europea. Este nuevo golpe judicial al gobierno Sánchez está firmado por Carlos Lesmes, magistrado conservador que fue durante 5 años presidente del CGPJ y del TS; Wenceslao Olea, que fue vocal del CGPJ a propuesta del PP, y Fernando Román García, que fue secretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy.

Después de la pandemia, este curso que acaba de terminar ha sido seguramente el más duro de los últimos años. Los problemas enquistados en el mundo escolar finalmente han hecho saltar las costuras de un sistema que ni el gobierno ni los docentes ni los pedagogos consiguen hacer remontar. En el marco de la crisis educativa global, marcada por la pérdida de autoridad y la hiperprotección de los niños, el caso catalán tiene características y tensiones propias dentro de una complicada deriva negativa.

Con los años, las ciencias de la vida, que abarcan desde la biotecnología hasta las farmacéuticas, consolidadas como tercera actividad económica en Cataluña, se han convertido en uno de los pilares para construir un nuevo modelo económico que nos aleje de la fórmula de los bajos salarios. En esencia, se trata de fomentar actividades que generen mucho valor añadido o, mejor dicho, mucho más valor por trabajador. En definitiva, actividades económicas que permitan incrementar la productividad. Una asignatura pendiente, aunque hay síntomas de mejora, como indica la Memoria económica de Cataluña 2025, un estudio que elaboran las cámaras de comercio catalanas.

Estos días Barcelona está llena de arquitectos venidos de todo el mundo. Mañana se inaugura, en las Tres Chimeneas de Sant Adrià, el congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, que a lo largo de esta semana debatirá los grandes retos y las incógnitas que tiene la profesión. Igual que hace treinta años, cuando también hubo un congreso mundial de arquitectos que casi murió de éxito –se tuvieron que hacer las sesiones en el Palau Sant Jordi–, la expectación es máxima, a pesar de que se espera que, al menos en el ámbito organizativo, los espacios se ajusten a las necesidades. Lo curioso es que los temas de debate no han variado mucho, aunque lo parezca por el lenguaje utilizado, pero el contexto sí que es muy diferente.

Venezuela acaba de sufrir dos terremotos devastadores que han dejado al descubierto, si cabe aún más, la incapacidad de un estado en quiebra de hacer frente a la durísima realidad. El sismo ha desnudado las miserias organizativas y ha acentuado de manera exponencial las costuras desgarradas de un país que no funcionaba y que ahora está literalmente –física y psicológicamente– hecho pedazos.

Cuestionar los resultados electorales es una estrategia que aplica la extrema derecha mundial y que ahora Vox ha importado a España, pero no por ello es menos peligrosa. Sin ir más lejos, Donald Trump todavía no ha aceptado su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden, a pesar de que no hay ninguna prueba que acredite que ganó aquellas elecciones. Ahora Santiago Abascal, y en menor medida también el PP de la mano de Isabel Díaz Ayuso, agitan el fantasma del fraude electoral y acusan a Pedro Sánchez de estar preparando un pucherazo de cara a las próximas elecciones generales.

El Congreso de los Diputados ha vuelto a vivir este miércoles una de esas jornadas nefastas que hacen que la ciudadanía se aleje de la política. El cruce de reproches entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no ha aportado ninguna novedad y solo ha servido para ensuciar aún más el clima político, algo que, como bien han advertido algunos portavoces, beneficia sobre todo a la extrema derecha. En una democracia normal una sentencia como la del caso Ábalos, en un proceso judicial que ha sido sospechosamente rápido y unas penas que algunos juristas tildan de desproporcionadas, sería suficiente para hacer caer un gobierno. Pero es cierto que España tiene unas peculiaridades que explican tanto la resistencia de Pedro Sánchez a tirar la toalla como que ningún socio se plantee, hoy por hoy, apoyar una moción de censura junto al PP y Vox.

Hace tiempo que la agenda antiinmigración gana peso en Europa. Hace menos de una semana los eurodiputados de extrema derecha saludaron la aprobación de una norma para acelerar la expulsión de inmigrantes y la construcción de centros en países terceros para acoger a los deportados con aplausos y gritos de "¡Devolvedlos a casa!" ("Send them back", en inglés). Y este martes altos funcionarios europeos han recibido en Bruselas nada menos que una delegación de los talibanes de Afganistán con la idea de explorar la posibilidad de que en el futuro se pueda retornar a los refugiados de este país que están en Europa.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia contra el exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García que pretende ser ejemplar con los cargos públicos, con penas de 24 años y tres meses para el primero y de 19 años y 8 meses para el segundo, pero resulta sospechosamente blanda con el empresario que fue el principal beneficiario de la trama, Víctor de Aldama, al cual solo le han caído 4 años y medio. Una pena que el Tribunal suspende a cambio de trabajos a la comunidad con el argumento de que gracias a su colaboración se ha podido llegar hasta el fondo del llamado caso mascarillas. O sea, que unos tienen penas comparables a los que han cometido un asesinato y tendrán que pasar un mínimo de 15 años entre rejas y otros, en este caso el empresario corruptor, no tendrá que poner los pies en la cárcel.

Los datos y cifras sobre la situación del mercado de la vivienda, inaccesible tanto para compra como para alquiler para una buena parte de la población, dibujan un panorama angustioso. Uno de los últimos ha sido el informe anual del Banco de España, que, además de reflejar el esfuerzo que deben hacer las familias para pagar el lugar donde vivir y el riesgo que esto supone para el crecimiento, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de aumentar la oferta. Por un lado, calcula que hay un déficit de 700.000 viviendas, que no para de subir. Esta es la cifra que se debería poner en el mercado para frenar el empuje de los precios. Pero resulta que hay al mismo tiempo 900.000 pisos ya hechos en toda España, que suponen el 3,3% de todo el parque de la vivienda, que están en manos de extranjeros no residentes o se destinan al turismo, en lugar de ponerlos en el mercado como oferta residencial.

Hace diez años el Reino Unido estaba inmerso en la campaña del referéndum sobre el Brexit. Los partidarios de abandonar la Unión Europea prometían que, recuperando el control de las fronteras y de la política comercial, el Reino Unido se convertiría pronto en una potencia económica de tal calibre que haría que nadie recordara el tiempo en que pertenecía a la Unión. Habría menos inmigrantes, se pagarían menos impuestos y, gracias a los nuevos acuerdos comerciales, habría tanta prosperidad que todos vivirían mejor. Con esta promesa, el 23 de junio de 2016 los brexiters se impusieron en las urnas por un margen estrecho de votos: un 51,9% contra un 48,1%.

Resulta complicado hablar de lawfare en los casos que acosan al PSOE por la multitud de pruebas y evidencias que se acumulan cada día, pero si hay uno que podría servir para ilustrar un caso de lawfare de manual sería el que afecta a la mujer del presidente español, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado una instrucción surrealista, guiada por una evidente mala fe y hostilidad hacia Pedro Sánchez y su entorno. Por eso, todo el mundo daba por hecho que el pasado lunes, cuando Begoña Gómez fue citada para una vista, el juez procedería a comunicarle su procesamiento y la apertura del juicio oral. Sorprendentemente, sin embargo, cinco días después, el juez aún no ha comunicado su decisión, y ni siquiera ha dictaminado sobre la petición de la acusación popular de retirarle el pasaporte de forma preventiva, lo que alarga sin justificación el procedimiento.

El catalán no progresa adecuadamente en Europa. Aparcada su pretendida oficialidad en las instituciones, una de las condiciones que ERC, y sobre todo Junts, pusieron a Pedro Sánchez para investirle presidente, ahora llega el contundente argumentario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando la obligación del 25% de castellano en la escuela defendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El PSOE aguantaba la respiración ante la declaración como imputado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles, y si bien es verdad que no se ha producido el peor escenario imaginable, que era el encarcelamiento preventivo, y el juez ni siquiera ha ordenado que se le retire el pasaporte, las dudas sobre su caso continúan igual. Esto es así en parte también por la estrategia de defensa del expresidente, que ha pedido más tiempo para explicar el origen de las joyas que se han encontrado en su despacho –valoradas en 1,3 millones de euros– y también se ha negado a responder sobre los mensajes del móvil del principal accionista de la compañía Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que son el detonante de la investigación, porque su defensa está intentando anular la prueba. Al final de la declaración, el juez ha dejado claro que la declaración no ha conseguido "desvirtuar los indicios" que hay contra él, si bien ha admitido que la investigación está en una fase "embrionaria".

En geopolítica las cosas cambian muy rápidamente, y si hace unas semanas Vladímir Putin aparecía como uno de los ganadores indirectos de la guerra de Irán, ya que el cierre de Ormuz beneficiaba sus exportaciones de petróleo, ahora con el acuerdo para reabrir el estrecho puede girarse la tortilla. Al menos eso es lo que pretenden los miembros europeos del G-7, que tienen previsto presionar a Donald Trump para que aproveche ahora para aumentar la presión sobre el Kremlin para que desista de la ocupación de Ucrania y se avenga a firmar un acuerdo de paz. El mismo Trump se ha mostrado de acuerdo, y se le ha podido ver con actitud amistosa charlando con Volodímir Zelenski en la cumbre de Évian, en Francia.

A medida que pasan las horas y se filtran más detalles sobre el memorándum acordado entre Irán y Estados Unidos, parece más claro que se trata de una victoria de la diplomacia persa sobre la norteamericana. El acuerdo, que se firmará el viernes, ha sido recibido con alegría por los mercados porque prevé la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz al tránsito de petroleros, pero la letra pequeña deja a Donald Trump en muy mal lugar. Solo hay que ver la reacción de los medios israelíes, que lo consideran prácticamente una rendición ante el régimen de los ayatolás.

Hace muchos años que se habla del encarecimiento del precio de la vivienda, sobre todo en la ciudad de Barcelona, pero ahora los datos demuestran que este aumento se ha extendido como la pólvora por todo el territorio. De hecho, si analizamos el crecimiento del precio del metro cuadrado por municipios en los últimos 10 años, Barcelona se sitúa por debajo de la media, que es del 63%, con un 61,5%. ¿Y cuáles son los municipios donde más ha crecido? Pues aquí nos encontramos con sorpresas como Badia del Vallès, donde los precios se han disparado un 168% a causa, sin embargo, de la entrada de muchos pisos protegidos al mercado libre. Y después habría casos como los de Argentona (120%), Viella (112%), Arenys de Munt (110%), Montmeló (106%) y Sant Cugat (101%).