“No ha entrado en prisión”: esta fue la respuesta a mi tuit del pasado miércoles en el que celebraba la condena al divulgador de los datos y de la foto de la víctima de la violación grupal de los Sanfermines. Un juicio estratégico, que logró el reconocimiento del escarnio social de la víctima denunciante, el victim blaming, como forma de violencia. La obcecación social por la prisión es frustrantemente recurrente y merece una reflexión colectiva.

El Parlamento Europeo acaba de aprobar un informe crucial para la libertad de expresión. Versa sobre las SLAPP, las siglas en inglés de strategic lawsuits against public participation, es decir, los pleitos estratégicos contra la participación pública. El informe surge de la propuesta de la EU Citizen Network del 2020, que aquel año alertó de este fenómeno internacional, que en los Estados Unidos es muy conocido y, de hecho, está regulado, pero que en la Unión Europea todavía no había recibido atención, a pesar de ser un fenómeno creciente. Según el informe, hasta ahora, la carencia de un abordaje legal y judicial consistente y comprensivo de las SLAPP en la Unión Europea ha impedido identificarlas con prontitud y reconducirlas de forma eficiente. Las SLAPP son acciones legales abusivas, civiles o criminales, que usan privados (individuos y/o empresas) y administraciones con el propósito de disuadir la participación pública y estrangular la crítica y la denuncia social sobre asuntos de interés público. Estas acciones legales se aprovechan del hecho de que muchos países consideran la difamación como un delito; de hecho, incluso se ha generado el denominado libel tourism, que consiste en elegir el país en el que se presentará la demanda judicial según la severidad de su legislación sobre difamación.