Después de anunciar que Gabriel Rufián será su candidato en las próximas elecciones generales, ERC ha salido este martes en rueda de prensa para descartar cualquier colaboración con las izquierdas estatales que vaya más allá de incorporar personas de Podemos a sus listas. De hecho, el portavoz del partido, Isaac Albert, ha evitado contestar las críticas de los Comunes sobre la alianza con el partido lila y ha vuelto a cerrar la puerta a formar parte de la coalición estatal del Frente Amplio que están negociando Sumar, Comunes, Izquierda Unida y Más Madrid. Ahora bien, las palabras del dirigente republicano las ha contradicho el mismo Rufián en un tuit en X: "ERC y Comunes tienen que hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación. Más allá de vetos y odios que no importan a nadie. Y yo estoy en ello. Y lo haré hasta el final". "Lo que no puede ser es que la forma de responder a la extrema derecha sea diluir las siglas de ERC. ERC se presentará en Cataluña como ERC", le ha replicado Albert en rueda de prensa.

Después de una semana de negociaciones, ERC ha confirmado que Gabriel Rufián será el candidato del partido en las próximas elecciones generales. Lo ha hecho en un comunicado en el que ha anunciado que será el número uno de la lista de los republicanos por Barcelona. Según el entorno de Rufián, él ha llegado a un entendimiento con Podemos para que el partido morado "no se presente en Cataluña" y pida el voto para ERC, cosa que confirman fuentes de la dirección del partido de Oriol Junqueras.

Con doce años de retraso, el mes de enero, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba un nuevo modelo de financiación autonómica. Era la primera vez que se llegaba tan lejos desde la reforma de 2009, también impulsada por el PSOE, aunque aquella reforma llegó con el consenso de todas las comunidades gobernadas por los socialistas –las del PP votaron en contra– y también con el aval específico del tripartito que entonces pilotaba la Generalitat. Una situación muy diferente a la actual, porque Montero presentó una reforma que solo han avalado Cataluña y las Canarias y que ha tenido que superar un ciclo electoral adverso para la Moncloa. "¿Quieres que me envuelva con una estelada en Andalucía?", decía la exministra a ERC, recuerda una fuente consultada. Los comicios andaluces de mayo –con Montero de candidata socialista–, de hecho, hicieron retrasar el calendario. Tanto, que ni siquiera ha llegado a la mesa del consejo de ministros.

ERC ve encaminado un acuerdo para que Gabriel Rufián sea el candidato del partido en las próximas elecciones generales. Según diversas fuentes consultadas por el ARA, las conversaciones continúan abiertas y son diarias, pero el partido considera que no hará falta recurrir a un plan B –la dirección se había planteado al diputado en el Parlament Jordi Albert– porque las negociaciones con su actual portavoz en Madrid avanzan. Esquerra abrió el lunes el proceso interno para configurar las candidaturas a las próximas elecciones generales y el plazo interno para presentarse termina este domingo por la tarde. Rufián tiene hasta entonces para decidir si finalmente opta a la reelección en caso de que las conversaciones con la dirección lleguen a buen puerto. De momento, el entorno del portavoz republicano mantiene el silencio.

Esquerra abrió el lunes el proceso interno para elegir a su candidato a las próximas elecciones generales y Gabriel Rufián todavía no ha confirmado si quiere representar al partido otra vez en Madrid. De hecho, las negociaciones entre la dirección y Rufián continúan abiertas, sin que, por ahora, hayan llegado a ningún acuerdo. La relación entre Rufián y la cúpula republicana hace tiempo que es tensa, especialmente después de que el portavoz republicano se lanzara a promover un frente de izquierdas por todo el Estado –y que la dirección de ERC rechaza–. El partido, sin embargo, finalmente ha decidido buscar un plan B por si Rufián acaba rechazando encabezar la candidatura y ya ha impulsado un nombre alternativo, el del diputado Jordi Albert, según ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ARA. Albert ya ha empezado a recoger avales para presentar su candidatura.

En septiembre de hace dos años Ada Colau ponía punto y seguido a su carrera política institucional. Punto y seguido porque en aquel momento, a pesar de abandonar el consistorio barcelonés un año después de perder la vara de alcaldesa que había tenido en la mano durante ocho años, no cerraba la puerta a volver a presentarse a la reelección en las municipales de 2027. Durante los últimos dos años, y habiendo abandonado formalmente también el liderazgo de Comuns en Cataluña, su rol político ha pasado a un segundo plano: ha liderado la Fundación Sentit Comú, el think tank de Comuns, y lo ha combinado con una incursión en entidades y partidos de la izquierda internacional.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dado por terminada la etapa "de represión política" posterior al 1-O después de que el Tribunal Constitucional haya avalado por completo la amnistía. La decisión supone, ha dicho, una derrota para los diversos poderes públicos españoles que han puesto palos en las ruedas a la aplicación de la ley "por razones estrictamente políticas". La comparecencia institucional del exjefe del Gobierno se ha producido esta tarde, pocas horas después de que el Tribunal Supremo haya anunciado también el levantamiento de su orden de detención, lo que supone el primer paso definitivo para que regrese del exilio a Cataluña. El líder de Junts ha reivindicado la "enorme importancia política" de la ley, que desautoriza la represión y evidencia que "este no era el camino". Ahora bien, ha advertido de que el conflicto político con el Estado sigue vigente: "En términos de la relación Cataluña-España, hoy no se soluciona nada [...]. La amnistía no es en sí misma una solución", ha reivindicado desde Waterloo.

Cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales en 2023, justo después del batacazo de los socialistas en las autonómicas y municipales, Alberto Núñez Feijóo ya se veía ganador. Las quinielas de ministrables se repitieron a lo largo de la campaña, y las especulaciones eran sobre todo si el PP llegaría a los 160 diputados y hasta dónde estaría dispuesto a ceder ante Vox. Nadie, o muy pocos, pronosticaba que Pedro Sánchez aguantaría en la Moncloa. Por eso, los resultados de aquel 23-J extendieron una sensación de decepción dentro del partido hacia la persona que los debía salvar del sanchismo. Pero le dieron un voto de confianza, teniendo en cuenta que hacía poco más de un año que estaba al frente del PP. Aquel fue el argumento, a Feijóo todavía le faltaba rodaje. Han pasado poco más de un año y el líder popular se encuentra ahora en el match point de su carrera política.

Gabriel Rufián se ha pasado los últimos meses pidiendo a las fuerzas políticas de izquierdas y soberanistas hacer un frente común para presentarse bajo un mismo paraguas de cara a las próximas elecciones generales, que desde este lunes ya tienen fecha, el 29 de noviembre. El actual portavoz de ERC en el Congreso, sin embargo, ha recibido el portazo de la mayoría de formaciones de este espacio, especialmente de su mismo partido, cosa que ha tensado las relaciones con la dirección de Oriol Junqueras. Con el 29-N a la vista, Esquerra activa este mismo lunes los mecanismos internos para configurar la candidatura a las próximas elecciones generales y Rufián deja en el aire que pueda ser el candidato del partido: admite que está "reflexionando" sobre cuál debe ser su papel en los próximos comicios. La dirección de los republicanos, con todo, mantiene que él es su apuesta. "Es el mejor candidato", ha afirmado la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, en rueda de prensa.

Gabriel Rufián pedía este viernes "cabeza fría" a Pedro Sánchez a la hora de decidir si pulsa el botón rojo para avanzar las elecciones. El portavoz republicano lo decía porque a la izquierda del PSOE no hay "nada para poder sumar" –el espacio de Sumar todavía no ha elegido cara visible ni tampoco ha negociado cómo será su coalición–. Esta ha sido una de las obsesiones de Rufián desde hace meses, aglutinar las fuerzas de izquierdas y soberanistas de todo el Estado en un frente amplio para intentar maximizar el voto –una propuesta que ha topado con el rechazo frontal de Oriol Junqueras–. Pero más allá de cómo se reconfigure este espacio, Rufián obvió que si se acaba la legislatura española, también quedarán en papel mojado los principales pactos que ERC todavía tiene por cumplir. Sin ir más lejos, no vería la luz el nuevo modelo de financiación para Catalunya, el pacto estrella que llevó a ERC a investir a Salvador Illa.

Gabriel Rufián ha subido a la tribuna del Congreso con un fajo de folios, unas llaves y un billete de 50 euros en el bolsillo. El fajo de folios era para enseñar los centenares de mensajes que, asegura, ha recibido de personas pidiendo que ERC votara a favor de los dos decretos de vivienda. Las llaves, ha dicho, eran de su casa, que no es propia, ha añadido. Y el billete de 50 euros era para lanzar un mensaje a Junts: "Esta es su estelada". Si ya es habitual que el portavoz republicano envíe repetidamente dardos a Junts en sus discursos en el Congreso, este viernes ha dedicado toda su intervención a cargar duramente contra el no de Junts a los dos decretos de vivienda que esta mañana se deben convalidar en el Congreso. Y ha hecho una promesa: "Lo que me quede en la política me esforzaré para que ustedes acaben en el mayor ostracismo".

En una semana marcada por la vivienda en todo el Estado, Salvador Illa comenzó el debate de política general el martes con una batería de medidas para resolver la crisis que se arrastra desde hace años. El presidente anunció un fondo de 25 millones de euros para evitar desahucios similares a los de Maricarmen Abascal y también un programa con el que el Gobierno ofrecerá la opción a los catalanes que tengan más de cuarenta años de compartir la propiedad de su vivienda –50% de la vivienda se lo quedaría la administración pública, que cedería la propiedad durante cuarenta o cincuenta años–. Es esta última medida la que no ha recibido el aval del Parlamento porque los Comunes se han abstenido. Un revés al ejecutivo teniendo en cuenta que quien ha hecho descarrilar esta resolución es uno de los dos socios de investidura. ERC, en cambio, ha votado a favor.

Junts llevará a votación este jueves la reprobación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Tiene pocos números de prosperar, porque uno de los socios del Gobierno, ERC, ya ha cerrado la puerta a votar a favor. Ahora bien, los juntaires, además de querer reprobar a Illa, también quieren que el Parlament pida el cese de las consejeras de Interior y Educación, Núria Parlon y Esther Niubó, por las crisis abiertas en sus dos departamentos. La CUP también plantea reprobar la gestión del Gobierno por "el incumplimiento sistemático" de los acuerdos del Parlament, igual que el PP, aunque en su caso, por la "subordinación" que consideran que tiene el ejecutivo catalán al español y a los partidos independentistas. Más allá de estas peticiones, en el debate de este jueves los grupos también llevan a votación una batería de medidas en materia de vivienda justamente la semana que en el Congreso se deben convalidar los dos decretos de vivienda que el consejo de ministros aprobó el martes después de una negociación in extremis.

El acuerdo estrella que PSC y ERC firmaron para la investidura de Salvador Illa pasaba por sacar adelante una nueva financiación para Cataluña. En aquel pacto, sin embargo, socialistas y republicanos también rubricaron un compromiso que pasó más desapercibido y que, dos años después, no se ha materializado: crear una convención nacional para resolver el conflicto político de Cataluña. Un foro que, con otros nombres, se fue probando al inicio del proceso cuando se impulsaron primero el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y, después, el Pacto Nacional por el Referéndum. El último mecanismo que se puso en marcha era la mesa de diálogo entre la Generalitat y el gobierno español, pero con la investidura de Salvador Illa quedó formalmente desactivada. Los republicanos vuelven a la carga planteando una nueva votación parlamentaria en la línea de la que ya ganaron el año pasado durante el debate de política general, con el apoyo del PSC, Junts, Comunes y la CUP. Este año Esquerra vuelve a llevar esta cuestión en una de las propuestas de resolución que se debatirán en la cámara y va un paso más allá: intenta fijar un primer calendario.

Amnistía para Marta Rovira. La Audiencia de Barcelona ha aplicado la ley a la ex secretaria general de ERC, que aún mantenía la causa abierta por desobediencia a raíz del 1-O, según la resolución del tribunal a la cual ha tenido acceso el ARA. Se trata de la causa que le abrió el Tribunal Supremo en 2018 y que la llevó a marcharse al exilio, a Suiza. En aquel momento, el alto tribunal la acusaba de un delito de rebelión, que pasó a sedición a partir de 2019 y, tras la reforma del Código Penal, quedó rebajada a un delito de desobediencia. En mayo de este año el Tribunal Supremo decidió que no era competente para resolver esta causa y la pasó a la Audiencia de Barcelona, que este martes la ha cerrado aplicando la ley de amnistía. Rovira se enfrentaba a una posible pena de inhabilitación, pero ya no temía ser condenada a prisión.

Pedro Sánchez ha intentado enviar este domingo un mensaje de respuesta a la presión de la calle para que el gobierno español apruebe el nuevo decreto de vivienda este mismo martes. De hecho, se ha dirigido directamente a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el miércoles y que este sábado le reclamó directamente —a través de un vídeo grabado desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid— que apruebe esta norma para evitar que se repita un caso como el suyo. "Maricarmen, tengo un mensaje para ti: estamos trabajando a contrarreloj para llevar el martes el real decreto de vivienda", ha afirmado Sánchez. "No es una cuestión de ideología, sino de humanidad", ha añadido en un acto del PSOE de Madrid en Getafe para presentar a sus alcaldables de cara a las elecciones municipales del año que viene. Además, el presidente español también ha prometido que el martes el consejo de ministros aprobará una prórroga hasta que se acabe el año de las medidas que incluyen el escudo social que se aprobó hace unos meses para hacer frente a la guerra de Ucrania.

El desahucio de Maricarmen Abascal ha desencadenado una ola de indignación que se visualizó el miércoles en las calles de Madrid, Barcelona y diversas ciudades del Estado, y se ha repetido este sábado en una manifestación en el centro de la capital española que ha acabado en una acampada. Bajo el lema Ni una Maricarmen más, miles de personas se han concentrado en la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, para caminar hasta el Ayuntamiento de Madrid y terminar en el Congreso de los Diputados. En total, han salido a la calle 25.000 personas, según la delegación del gobierno español –300.000 según los organizadores. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha terminado la manifestación llamando a acampar en la Puerta del Sol y las tiendas se han extendido por esta plaza del centro de Madrid durante toda la noche.

El miércoles pasado, desde Nueva York, Pedro Sánchez calificó de "tragedia social" el desahucio de Maricarmen Abascal y, acto seguido, se comprometió a sacar adelante el nuevo decreto de vivienda que, hasta ahora, todavía estaba guardado en un cajón por falta de apoyos parlamentarios –el gobierno español debía presentar la norma antes del verano–. El gobierno español negocia a contrarreloj con sus socios un nuevo decreto para que esté en la mesa del consejo de ministros este mismo martes. Junts y PNV por un lado y Sumar y Podemos por el otro son los que tienen las posiciones más enfrentadas.

Ada Colau está dispuesta a dar un paso adelante dentro del espacio a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Según fuentes conocedoras, la exalcaldesa de Barcelona ha cambiado de opinión durante las últimas semanas y, tras obviar los cantos de sirena de los compañeros de partido en diversas ocasiones, ha aceptado ponerse a trabajar para impulsar un frente amplio de izquierdas en el Estado y postularse como una de las principales líderes, en un momento en que la izquierda post Yolanda Díaz va escasa de referentes.

El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid que va en silla de ruedas, se ha consumado este miércoles en el cuarto intento de echarla de casa. A pesar de que desde este martes por la tarde cientos de vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas de la capital española se habían concentrado e instalado fuera del edificio, los antidisturbios de la Policía Nacional han ejecutado la sentencia de desahucio, lo que ha dado lugar a momentos de gran tensión: el Sindicato ha denunciado el uso de "violencia" por parte de la policía, con golpes en la cabeza a los manifestantes, así como el uso de gas pimienta. La propiedad del inmueble, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., planteaba un incremento del alquiler hasta los 1.650 euros, que Maricarmen no podía afrontar: tiene una pensión de 1.350 euros y hasta ahora pagaba 500 euros de alquiler, porque tenía un contrato de renta antigua. A pesar de los intentos de negociación, el fondo se ha cerrado en banda. Ahora la vecina no sabe dónde irá y, de momento, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que tiene una "plaza de emergencia" en una residencia. "Es una tragedia social", ha afirmado el presidente español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa desde Nueva York, que ha señalado directamente al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid como responsables de no haber evitado este desahucio.