El Congreso ha decidido retirar definitivamente la acreditación de periodista al agitador ultra Vito Quiles. La mesa de la cámara baja ha tomado esta decisión después de que en el mes de mayo ya decidiera suspenderle cautelarmente y se la retirara durante tres meses. Este martes la mayoría progresista de la mesa del Congreso, con los votos de los representantes del PSOE y Sumar, ha decidido retirarle definitivamente la acreditación tras analizar la propuesta de los letrados. En concreto, se han tenido en cuenta tres faltas muy graves: dos "obstrucciones de ruedas de prensa" y la "difusión en redes sociales de imágenes obtenidas vulnerando las normas de la cámara", apuntan fuentes parlamentarias. El PP se ha abstenido de votar en la decisión de la mesa.

Alberto Núñez Feijóo ha regresado por cuarta vez a Ceuta. Esta vez, sin embargo, lo ha hecho acompañado del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, para reforzar el mensaje de los populares españoles ante esta crisis migratoria e ilustrar las llamadas a "europeizar" este enclave español del norte de África. El mensaje de los dos dirigentes populares ha ido en la misma dirección que el del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas: que los menores migrantes que entraron el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma deben ser devueltos a Marruecos.

Dos años después de que el ARA publicara que los carteles sobre el Alzheimer salieron de las filas de ERC, la comisión de garantías de Esquerra ha resuelto finalmente la investigación interna. Según ha podido saber este diario, la responsable de cumplimiento de ERC, Mireia Ingla, ha presentado las conclusiones de su informe al consejo nacional del partido de este sábado por la mañana, en el que señala a los exvicesecretarios de comunicación, Sergi Sabrià y Marc Colomer, como los máximos responsables del escándalo que sacudió al partido. En cambio, rebaja la responsabilidad del exdirector de comunicación del partido, Tolo Moya, y también del militante de la Anoia que encargó los carteles, porque asegura que obedecían órdenes. La dirección de ERC ha hecho suyas las conclusiones y ha pedido perdón en nombre del partido ante el consejo nacional.

Irene Montero hizo oficial el pasado sábado que quería encabezar la candidatura de Podemos a las próximas elecciones generales. El anuncio no era nuevo, pero sí el hecho de que fuera un paso más allá y se mostrara dispuesta a presentarse a unas primarias abiertas de todo el espacio a la izquierda del PSOE para liderar una lista conjunta. Era la primera vez que el partido morado se abría tan claramente a formar parte de una candidatura conjunta después del divorcio con Sumar. La formación que creó Yolanda Díaz, en cambio, todavía no tiene una cara visible para optar a liderar el espacio. A diferencia de hace tres años, ahora es el partido morado quien marca los pasos de Sumar.

Salvador Illa debería poner en marcha en los "próximos días" una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para impulsar un pacto nacional en educación que debería servir para enderezar la crisis que vive el sector. Y en estas conversaciones también invitará a los partidos de extrema derecha, Vox y Aliança Catalana. Según ha explicado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, el ejecutivo siempre incluye a todos los grupos que conforman el arco parlamentario en este tipo de convocatorias, pero ha añadido que ni Vox ni Aliança Catalana "han atendido nunca" estas citas. "El Govern prioriza acuerdos con los grupos que no tienen discursos de odio", ha añadido Paneque. Todavía no hay un calendario establecido y el Govern no ha concretado si en estos encuentros estará el mismo Salvador Illa, sino que Paneque ha afirmado que la "voluntad" del presidente es que esta ronda comience "cuanto antes mejor".

Inmersos en el pragmatismo y en una estrategia negociadora, Esquerra se fue de vacaciones apuntalando la gobernabilidad de Salvador Illa tras aprobarle los primeros presupuestos del Gobierno y dar oxígeno, así, a la legislatura. El partido de Oriol Junqueras hace tiempo que defiende que su objetivo es ser "útil" en Cataluña y que la estrategia negociadora, la de intentar arrancar ganancias en soberanía al Estado, es la que consideran óptima. Por eso, este otoño es especialmente clave para los republicanos, porque tienen sobre la mesa diversos compromisos que el gobierno español debe cumplir antes de las próximas elecciones generales (se avancen o no). Hablamos, por ejemplo, de la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y también el nuevo modelo de financiación. "No tenemos ningún problema en reconocer que negociaremos hasta el último momento", apuntan fuentes republicanas.

Todos los partidos catalanistas, desde el PSC hasta la CUP, se han conjurado esta Diada para ser dique de contención de la extrema derecha, aceptando que Cataluña se ha instalado definitivamente en un nuevo paradigma político. Un escenario que no es nuevo en Europa y que en nuestro país la demoscopia ya hace meses que prevé. Por eso, los mensajes políticos de este Once de Septiembre han tenido un denominador común: hacer un llamamiento a la ciudadanía para rechazar todos los mensajes de odio que propaga la extrema derecha y hacer valer los valores democráticos de aquel "Un solo pueblo" que siempre ha reivindicado el catalanismo político. Ahora bien, las encuestas reflejan una distancia entre lo que proclaman los partidos tradicionales y lo que la ciudadanía está dispuesta a votar –una encuesta de El Mundo de este viernes vuelve a situar a Aliança Catalana como segunda fuerza–. De hecho, el crecimiento del partido de Sílvia Orriols tensa a un independentismo que este Once de Septiembre ha vuelto a salir a la calle y ha roto tímidamente una tendencia a la desmovilización que arrastra al menos desde 2023.

Su salida de la política activa no fue pactada, sino más bien forzada. Alberto Casero (Trujillo, 1978), exdiputado del PP, dejó su escaño en el Congreso el 3 de marzo de 2023, después de que fuera procesado por los delitos de prevaricación y malversación por cinco contratos adjudicados en 2017 y 2018 cuando era alcalde del pueblo extremeño donde nació. A cambio de no ir a juicio, acabó aceptando un año y nueve meses de prisión, seis de inhabilitación y una indemnización de 70.000 euros. Ponía fin, así, a una larga trayectoria política, en la que su nombre seguramente será recordado por un error: el voto a favor de la reforma laboral de la entonces vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que le permitió sacar adelante la norma en 2022. "Quedé destrozado, hundido. Siempre seré el del voto", relata a el ARA.

El 8 de agosto de hace exactamente dos años la investidura de Salvador Illa pendía de un hilo. Aquel día, todas las miradas estaban puestas sobre Carles Puigdemont. El regreso del expresidente acabó siendo fugaz y marcó una jornada que culminó con el líder del PSC designado como nuevo presidente de la Generalitat gracias a los votos de ERC y Comuns. Desde entonces, Illa ha querido erigir su Govern como el que ha "pasado página" del Procés. El que ha puesto la vivienda en el centro de sus prioridades y también el que ha acordado con ERC y el gobierno español un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Ahora bien, Illa también es el presidente con la crisis educativa más profunda de los últimos años y quien ha tenido que afrontar el crónico desbarajuste de Rodalies. Superado el ecuador, el gobierno socialista encara la segunda parte de la legislatura con los primeros –y quizás los únicos– presupuestos en el saco. Es la garantía de estabilidad que Illa buscaba para llegar al final del mandato –aunque los socialistas no descartan presentar los del 2027–. Ahora bien, al Govern le quedan asignaturas por resolver antes de llegar al final de una legislatura que también tendrá variables externas que la impactarán de lleno, como las próximas elecciones municipales y generales, o el posible regreso de Carles Puigdemont.

"Mi intención era echarlos a todos y quedarme con Esquerra. Y después, poder utilizar sus recursos electorales". Esta es una de las frases que Marc Puigtió, alcaldable de ERC en Girona, pronuncia en una conversación con un joven vinculado a Vox, responsable del perfil de Instagram Girona Perduda, que propaga desinformación y mensajes de inseguridad en la ciudad. El joven grabó la conversación a escondidas y la ha hecho pública en las redes sociales en las últimas horas. A raíz de esta filtración, el partido ha abierto un expediente informativo para recopilar toda la información y tomar una decisión. En concreto, la comisión de ética de ERC se reunió este martes por la tarde para abrir el expediente y "determinar, si procede, las responsabilidades correspondientes", apuntan desde el partido, que añade que no hará ninguna valoración más sobre el caso hasta que cierre el expediente.

Si una pareja quiere firmar los papeles para hacerse pareja de hecho, ahora solo hará falta que rellene un formulario y no dos como hasta ahora. Y para dar el consentimiento sanitario antes de una intervención quirúrgica, ya se puede hacer firmando el documento correspondiente a través de la aplicación de La Meva Salut. "El paciente la lee tranquilamente y la acepta o la rechaza. [...] Es una mejora para los pacientes y los profesionales", defiende la anestesióloga del Vall d'Hebron Sandra Galve. Estos son solo dos ejemplos de los trámites que el Govern ha simplificado o está en vías de simplificar. Hasta ahora, ha agilizado hasta 170 y tiene previsto sumar 40 más que deberían estar preparados en 2028. El objetivo es ahorrar tiempo a la ciudadanía en sus gestiones diarias con la Generalitat, que el Govern calcula que son unas 2.000.

Salvador Illa llega al ecuador de mandato con la estabilidad que buscaba, con sus primeros presupuestos, pero cierra el curso político sin ser capaz de apaciguar una de las crisis que arrastra desde hace meses: la educativa. De hecho, el conflicto con los docentes se ha agraviado en los últimos días a raíz del fiasco de las pruebas PISA, pero el president de la Generalitat ha vuelto a reafirmar su confianza en la consellera de Educación, Esther Niubó, y ha asegurado que el Govern llegará hasta el final para saber qué ha pasado. Pese a la crisis, Illa ha presumido de la marcha del país y ha puesto el nuevo modelo de financiación como una "prioridad" para su mandato. De hecho, ha confiado en mantener la confianza de los socios hasta el final de la legislatura y ha asegurado que no prevé hacer ningún otro cambio de conseller después del relevo de la titular de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.

El Gobierno ha aprobado este martes, antes de irse de vacaciones, uno de los proyectos de los que ha hecho más bandera. Se trata de la ley de la dirección pública profesional, que pretende acabar con la elección a dedo de los directivos públicos y acotar su mandato. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó la norma hace un año junto con las entidades profesionales que la avalan, y este martes el ejecutivo ha presentado los detalles de una normativa que quiere poner fin a la discrecionalidad con la que, actualmente, los partidos eligen a las personas que ocupan las direcciones y subdirecciones generales del gobierno de la Generalitat. Así, la norma prevé que los procesos de selección se hagan por "mérito e idoneidad" y pone un plazo máximo de siete años (prorrogables) para los mandatos. En total, la norma afectaría a unos 727 altos cargos: 320 directores generales y 407 subdirectores.

Seguramente no sorprenderá a nadie si afirmamos que Salvador Illa es el principal pilar que le queda a Pedro Sánchez en el Estado. El actual jefe del ejecutivo catalán fue la apuesta del líder del PSOE para volver a conquistar el Palau de la Generalitat en 2021 después de años de gobiernos independentistas. No lo consiguió a la primera, pero tras tres años de espera los socialistas volvieron a presidir el Gobierno. Su idilio había nacido de la etapa de Illa como ministro de Sanidad: fue en plena pandemia cuando los dos dirigentes socialistas forjaron un vínculo, político y personal, que no se ha resquebrajado con el paso de los años. Tampoco ahora, cuando el presidente español atraviesa su peor momento de la legislatura, asediado por diversas causas judiciales que implican a su entorno político y personal más cercano. De hecho, ha sido ahora cuando Salvador Illa le ha mostrado su apoyo más incondicional. También con el riesgo de ligar su futuro político a la suerte del presidente español.

Con Juanma Moreno Bonilla entregado a Vox, al barón popular le ha caído, al menos de puertas afuera, la etiqueta de moderado que se había ganado al contraponer su perfil ideológico con el de Isabel Díaz Ayuso. El PP tiene asumido que si quiere que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa tendrá que ser de la mano de Vox. Por eso los populares han ido allanando el terreno a los pactos con la extrema derecha en la esfera autonómica y, en los últimos días, se ha intentado añadir el líder popular. Eso sí, con su estilo torpe y siguiendo una línea más bien errática.

Nadie diría que Salvador Illa fue el cabeza de la oposición de Pere Aragonès durante tres años. Nadie lo diría a juzgar por los elogios que el presidente de la Generalitat ha lanzado este viernes a su predecesor para agradecerle que haya entregado el fondo documental de su mandato de tres años al Archivo Nacional de Cataluña. Illa ha subrayado el "sentido institucional" del republicano –"Siempre puso la institución por delante de todo", ha asegurado– y ha vuelto a valorar el traspaso "modélico" que le hizo Aragonès cuando abandonó el Palau de la Generalitat. Un traspaso que Illa toma de "referencia" para cuando le toque a él. "Espero que aún queden algunos años", ha admitido con una media sonrisa en el acto que ha presidido esta mañana en el Archivo Nacional.

La Fiscalía está "obstaculizando" las investigaciones judiciales abiertas sobre el espionaje con Pegasus de diversos dirigentes independentistas catalanes. Es la conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional tras estudiar cómo está actuando el ministerio público en las diez causas judiciales que hay en marcha. En concreto, la organización denuncia que hace seis años que la Fiscalía está poniendo palos en las ruedas a estas investigaciones. "El ministerio fiscal debería apoyar a las víctimas, tiene un papel vital para proteger sus derechos", ha pedido Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional en España.

Mientras la legislatura española tenga vida, el gobierno español mantiene los pasos para intentar que el nuevo modelo de financiación autonómica vea la luz. ¿Con qué calendario trabaja? Una vez superadas las elecciones andaluzas –en las que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentó de candidata–, el ejecutivo estatal ha reactivado la maquinaria y ha fijado para el miércoles 29 de julio una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debería servir para poner sobre la mesa el nuevo sistema de financiación que los socialistas pactaron con ERC (y presentaron en enero). Previamente, el 14 de julio el gobierno español hará una reunión técnica preparatoria con todas las autonomías y esta semana ya distribuirá a todas las comunidades la propuesta concreta. El siguiente paso ya será que el consejo de ministros apruebe la propuesta para después enviarla al Congreso, probablemente en septiembre. Y allí, todavía ha de ganar los apoyos necesarios para que este nuevo modelo vea la luz.

Salvador Illa llegará al ecuador de la legislatura con la estabilidad política que buscaba. Este jueves el Parlament ha aprobado de forma definitiva los presupuestos que hace unas semanas acordó con Esquerra y Comuns, los dos socios de investidura, que esta mañana han sumado sus votos para validar las primeras cuentas del gobierno socialista –también ha votado a favor por error la diputada de Junts Noemí Nieto–. Unas cuentas que llegarán casi a los 50.000 millones de euros, un 22% más que las de 2023, el último proyecto aprobado todavía bajo la presidencia de Pere Aragonès. El pleno de este jueves también ha validado la ley de acompañamiento de los presupuestos, que incluye, entre otras cosas, subir hasta los 30 euros al día la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona y crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. Illa se garantiza, así, llegar al final de la legislatura con unos presupuestos actualizados y con una mayoría parlamentaria que necesita que el Govern continúe para que cumpla sus acuerdos.

Junio comenzó en el Parlament con una crispada sesión de control en la que la oposición intentó cercar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Y la primera sesión de control de este julio ha comenzado igual, con un paso más de los juntaires. La presidenta del grupo de Junts en la cámara catalana, Mònica Sales, ha exigido este miércoles a Illa que pida "perdón" por los casos judiciales y que deje de "esconderse". "Cuando Cataluña tiene un problema usted desaparece, cuando lo tiene el PSOE siempre está", ha dicho. "Este fin de semana tenía la oportunidad de pedir perdón en nombre de su partido", ha espetado, haciendo referencia al comité federal del PSOE, en el que el presidente dijo que los socialistas no tienen "miedo" de nada. Illa, por su parte, ha reiterado que no teme nada y que ya ha dado las "explicaciones" que tocaban.