El Partido Popular tenía una caja B. La sentencia sobre la contabilidad B del PP, los papeles de Bárcenas, y la obra de reforma de la sede central de la madrileña calle de Génova, notificada ayer, vuelven a acreditar lo que la Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo más tarde ya habían dictaminado en el caso Gürtel. La sentencia ha sido firmada en un momento especialmente difícil para el PP a raíz del estallido del caso Arnaldo o las contrataciones realizadas por administraciones del PP a Enrique Arnaldo, el candidato de Pablo Casado a incorporarse al Tribunal Constitucional. 

Este martes 26 de noviembre comienza el último p¡leno del Tribunal Constitucional bajo la presidencia del magistrado Juan José González Rivas, tras el anuncio del nombre de los cuatro magistrados que cubrirán otros tantos mandatos caducados, un hecho que se formalizará en el mes de noviembre, y que incluye el del presidente y la vicepresidenta, Encarna Roca. El conocido como el tribunal de los varapalos al gobierno -por el objetivo no escrito del bloque conservador de admitir en cada pleno recursos de amparo o inconstitucionalidad preferentemente de Vox- se despide con una ponencia que propone declarar inconstitucional la prórroga del estado de alarma por la pandemia y otra que aspira a declarar inconstitucional de manera total el impuesto de plusvalías. 

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha caído en una trampa. O ha picado el anzuelo. Manuel Marchena será mucho Manuel Marchena presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero Batet tenía que ser fuerte y tenía la información para saber que no debía picar. ¿Por qué? Porque nadie le exigió u ordenó quitar el acta del diputado Alberto Rodríguez. En ningún sitio del fallo de la Tribunal Supremo dice que tenga que privársele de su condición de diputado.  

La presidenta del Congreso de los Diputados; Mertixell Batet, ha caído en una trampa. O ha picado el anzuelo. Manuel Marchena será mucho Manuel Marchena presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero Batet tenía que ser fuerte y tenía la información para saber que no debía pìcar. ¿Por qué?  Porque nadie le exigió u ordenó quitar el acta del diputado Alberto Rodríguez.  Es que en ningún sitio del fallo del Tribunal Supremo dice que tenga que privársele de su condición de diputado.  

"El pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos llevaba bastante tiempo cerrado. Fue un acuerdo entre ambos partidos para compensar la retirada de sus candidatos al CGPJ, la magistrada Vicky Rosell y el magistrado José Ricardo de Prada", señala al ARA una fuente judicial que ha seguido paso a paso las negociaciones entre los partidos de la coalición gubernamental y el Partido Popular.

"El pacto entre el partido Socialista y Unidas Podemos llevaba bastante tiempo cerrado. Fue un acuerdo entre ambos partidos para compensar la retirada de sus candidatos al CGPJ, la magistrada Vicky Rosell y el magistrado José Ricardo de Prada", señala al ARA una fuente judicial que ha seguido paso a paso las negociaciones entre los partidos de la coalición gubernamental y el Partido Popular. El PP ha registrado un comportamiento que podría, contra las apariencias, calificarse como errático, guiado por sus conveniencias.

Al comparecer en diciembre de 2019 para presentar en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su segunda candidatura fallida a magistrado de la sala penal, la sala segunda, del Tribunal Supremo, Ramón Sáez (Madrid, 1957) solicitó, no sin candidez y voluntarismo, un “respeto a la pluralidad” a los miembros de la Comisión Permanente encargados de seleccionar las ternas -tres candidatos por cada plaza- para que el pleno bajara, más tarde, el pulgar.     

 A finales de mayo de 2021, el juez Manuel García-Castellón se encaminaba a cerrar la instrucción del caso Kitchen cuando el excomisario José Manuel Villarejo se disponía a comparecer en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Al escuchar la afirmación de Villarejo, el 27 de mayo de 2021, sobre su presunto intercambio de mensajes por teléfono con Mariano Rajoy en relación con la operación de espionaje al extesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, el juez, según dijeron fuentes judiciales al ARA, exclamó que si era necesario estaba dispuesto a citar a Rajoy. Lo que hizo el juez el 28 de mayo, al día siguiente de la mdencionada comparecencia, fue citar a Villarejo para declarar el 2 de junio. Pero, ese fin de semana, el juez reflexionó después de intercambiar opiniones, y el lunes 1 de junio por la noche filtró a los medios de comunicación que pensaba aplazar la declaración hasta que acabaran las comparecencias en la comisión parlamentaria en el Congreso.  

La sección IV de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, desestimó este martes 19 los recursos del Partido Popular y de Vox contra el nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado en enero de 2020. La sección, que se formó esta vez con siete magistrados, resolvió que ambos partidos carecen de legitimidad para recurrir, sin entrar a considerar si, como planteaban los recurrentes, Delgado era idónea o inidónea, imparcial o parcial para ocupar el puesto. 

La sección IV de la sala de lo contencioso-administrativo, la sala tercera del Tribunal Supremo, desestimará este martes 19 de octubre, según había avanzado el ARA, los recursos del Partido Popular y de Vox dirigidos a anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por presunta falta de idoneidad e imparcialidad. La deliberación y votación será presidida por el presidente de la sala tercera, César Tolosa, porque los recursos afectan al ministerio fiscal.  

Los abogados de la firma internacional Clifford Chance han presentado una respuesta a la demanda presentada por los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein por acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Reino Unido y difamación. El escrito de respuesta señala que Juan Carlos I es inmune ante esta demanda por su condición de ex rey de España y ex Jefe de Estado. 

La necesidad, dicen, tiene rostro de hereje. Y Pablo Casado le ha visto las orejas al lobo Santiago Abascal en el Tribunal Constitucional. Los Plenos del TC se han convertido en una tercera cámara legislativa en la cual el liderazgo es del partido de la ultraderecha contra todo lo que se mueve en el Gobierno y el Congreso.

Resultó muy fácil. Demasiado quizá. Aitor Martínez, abogado del bufete Ilocad, cuyo director es el ex magistrado Baltasar Garzón, pidió ayer en nombre de su cliente, uno de los 27 acusados, el ex comisario Enrique García Castaño, suspender dos sesiones del juicio y mira por dónde lo consiguió sin resistencia alguna del tribunal.

El próximo archivo de las diligencias de las tres investigaciones sobre las actividades presuntamente delictivas de Juan Carlos I por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo dejará abiertas, según han señalado fuentes judiciales al ARA, las que mantiene la Fiscalía Anticorrupción sobre un posible corrupción en las transacciones económicas internacionales en la adjudicación del AVE del Desierto La Meca-Medina de 2011. 

El pleno del Tribunal Constitucional iniciado el pasado lunes 4 de octubre avanza hacia la consumación de un macrovarapalo al Congreso y al Gobierno. El primer golpe ha sido dar por buena este martes 5 de octubre la vulneración de derechos planteada por un recurso de amparo de Vox contra la suspensión momentánea de actividades aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados a raíz de la pandemia en marzo de 2020; el segundo golpe es la declaración de inconstitucionalidad de la prórroga de seis meses del estado de alarma decretada por el gobierno y aprobada por el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2020.

¿Qué nos anticipa Plinia Azzena, la magistrada que dictó el auto de libertad sin medidas cautelares de Carles Puigdemont, siguiendo la solicitud de la fiscal general de Italia, Gabriella Pintus? Esa resolución es la pista más relevante para adentrarse en lo que puede ocurrir en la audiencia del lunes 4, en la que Puigdemont prestará declaración a partir de las 11:30 horas ante un tribunal de tres magistrados en Sassari, y en la situación procesal posterior.

El juez Pablo Llarena y la Sala Segunda del Tribunal Supremo han encontrado, “por si acaso”, el chivo expiatorio ante una posible derrota de sus maniobras en Italia para extraditar a Carles Puigdemont: la Abogacía del Estado. Es decir, si Pedro Sánchez ha sido capaz de practicar un “autoindulto”, magistrado Manuel Marchera scripsit, con los indultos a los líderes independentistas condenados por sedición, ¿cómo no aprovechar para endosarle preventivamente el posible fracaso de la Operación Cerdeña? 

Los fiscales italianos, en línea con la Fiscalía del Tribunal Supremo, defenderán la extradición de Carles Puigdemont a España con el argumento de que el viaje del expresident a Cerdeña del pasado jueves 23 de septiembre esta fuera de la cobertura extendida por el auto del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) el 30 de julio de 2021. Ya la jueza italiana que dejó en libertad a Puigdemont se refirió a la citada resolución al señalar que la inmunidad “jurídicamente intacta” del expresident es para acudir y regresar al lugar de reunión del Parlamento Europeo al tiempo que subrayó la legalidad de su detención por realizarse fuera de ese itinerario. 

La policía italiana ha actuado en la Barceloneta sarda, Alguero, en Cerdeña, en cumplimiento de la orden europea de detención, cursada en 2019 por el magistrado Pablo Llarena a través del sistema electrónico, contra el ex president Carles Puigdemont por un delito de rebelión. Pero la policía no decide la extradición. Es un tribunal italiano el que resuelve. “Esta detención no tiene ningún recorrido”, dice una fuente judicial especializada en euroórdenes al ARA. “El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea lo va proteger”, añade. 

El Tribunal Constitucional (TC) tendrá que fijar fecha para debatir en pleno, cuando acabe el plazo de alegaciones, los recursos de amparo Vox y el Partido Popular contra las fórmulas de juramento empleadas por diputados y senadores que tomaron posesión el 3 de diciembre de 2019 para la XIV legislatura vigente hasta finales de 2023. En concreto, han sido 29 los diputados los que optaron por una promesa de cargo que los recursos cuestionan. Una concesión del amparo llevaría a repetir los juramentos o a la pérdida de los escaños, lo cual afectaría al nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y la mayoría parlamentaria como tal sobre la que se apoya el Gobierno. El periodo de alegaciones, según fuentes judiciales consultadas por ARA, está por acabar al finalizar la primera semana de octubre.