Siempre que intentamos entender situaciones complejas, tratamos de buscar una razón que justifique cómo actúa alguien, o por qué algo sucede de cierto modo. En los últimos tiempos, incluso las personas expertas en política, particularmente en política internacional, están completamente despistadas sobre las razones del personaje: cualquier pronóstico razonable basado en las reglas que hasta ahora conocíamos se ha roto. Hay quien, incluso con un esfuerzo inmenso, ha puesto en fila todos los hechos, a modo de Excel, y ha intentado encontrar un hilo conductor. En el caso de Trump, en estos momentos hay que asumir que todos los que lo han intentado han fracasado.

Es muy raro que Santos Cerdán, para defenderse y evitar su dimisión, no haya utilizado el comodín del llamado deepfake, que ya es frecuente en los tribunales y que cada vez, desgraciadamente, lo será más. La razón puede ser que el interesado desconozca esta línea de defensa, o bien que el audio no sea ninguna deepfake y que la corrupción investigada sea real y haya optado por la opción más inteligente en estos casos: renunciar a la política y defenderse como un ciudadano cualquiera. También es factible que no haya querido perjudicar políticamente aún más a su partido, sea cierta o falsa la conversación, lo que es posible que ni el propio Santos Cerdán recuerde, porque la supuesta conversación es de hace seis años. Sea como fuere, se equivocan a menudo los tribunales cuando creen, como casi todo el mundo, que la memoria humana es como una grabación de audio y vídeo. En realidad, es muy precaria y en condiciones mínimamente aceptables no dura más de 48 horas. Tras ese tiempo, la psicología del testigo ha confirmado científicamente que la memoria se reconstruye y se va llenando de falsos recuerdos para integrar sus lagunas, lo que produce memorias irreales que el sujeto cree firmemente que se corresponden con la verdad. Un desastre que hace que los interrogatorios en los procesos judiciales, pese a su teatralidad a veces espectacular, sirvan en realidad para poco más que para perder el tiempo o intentar apelar a los prejuicios sociales del juez para que decida el caso, no en favor de la verdad, sino de los intereses de un abogado o de un fiscal.

En ciertas cuestiones es imposible ser equidistante. El velo de las mujeres, si es obligatorio, es incuestionablemente una prenda machista en cualquiera de sus variedades. Más grave, evidentemente, cuantas más partes del cuerpo cubre, porque es justamente eso lo que se busca: que la mujer no pueda mostrar su cuerpo, como si el físico de cualquiera fuera algo para avergonzarse. El velo es equiparable a la exhibición sistemática de una pancarta machista, y ya sólo por eso su uso puede considerarse una forma de violencia sobre la mujer, una más de las que, de hecho, defienden públicamente algunas religiones.

A pesar de todo el tiempo transcurrido, puede sorprender saber que el proceso contra Carles Puigdemont todavía está empezando, lo que abre la posibilidad de que se amplíe la investigación a otros posibles actos no averiguados todavía y no cubiertos por la ley de amnistía. Esta realidad hacía que si volvía ahora a España –lo que era incomprensible precisamente por eso– la condena hubiera podido ser, en total, de más de 10 años, que no es irrelevante para alguien de 61 años. Por eso, la tocata y fuga del 8 de agosto planteaba un riesgo jurídico inmenso, dejando a un lado su relevancia política, si es que la tenía.

Si no lleváramos ya tiempo asistiendo a una retahíla de decisiones demasiado cuestionables por parte de algunos –pocos– jueces, que un presidente del gobierno dijera lo que dijo el lunes podría sonar a intervencionismo del poder ejecutivo sobre el poder judicial; es decir, a romper la separación de poderes, que es la principal base de las democracias junto con la protección de los derechos fundamentales, que deriva en parte de esa misma separación.

No traten de encontrar una respuesta al titular en este artículo; no la encontrarán. Yo no sé lo que sucedió en esos veinte minutos. Como dijo el sospechoso, sólo lo saben a ciencia cierta ellos dos. Lo único que les puedo decir es qué hace falta para condenar a Dani Alves, con lo que también sabrán qué sucederá si no se encuentra lo necesario.

Hacía ya tiempo que se había especulado con la posibilidad de que alguien sufriera una agresión sexual, u otros delitos, en el metaverso. Esto es, en un entorno virtual. Por tanto, no verdaderamente real. Sin embargo, ¿es posible cometer delitos en un espacio distinto al habitual?

Muchos se preguntan qué les ha ocurrido a algunos de esos jóvenes militantes antifascistas de los setenta, que ahora de mayores serían capaces de votar en la extrema derecha, o que incluso no la reconocen como peligrosa. La respuesta no es sencilla porque los perfiles de los implicados son extraordinariamente diversos. Hay políticos, profesores, literatos, filósofos, periodistas, cantantes, actores e incluso antiguos deportistas de élite. Algunos no tienen ni la más mínima autoridad intelectual para teorizar sobre movimientos políticos, pero hablan de ellos como si fueran Gramsci o Habermas. No es que sólo puedan hablar de política personas como estos últimos, pero todos deberíamos darnos cuenta de que son los únicos que gozan de auténtica autoridad científica.

Hay cierta inquietud sobre cuál puede ser la conducta de los jueces que tengan que aplicar la ley de amnistía. Muchos piensan cómo han resuelto algunos miembros de este colectivo sus casos tras las reformas del Código Penal en materia de agresión sexual, sedición y malversación. No han ignorado la reforma, pero en vez de seguir la voluntad declarada del legislador en los debates parlamentarios, han optado por acogerse a interpretaciones más bien literales del redactado de las leyes que han dado la espalda de forma sorprendente a las intenciones del Parlamento. En el Tribunal Supremo se permitieron incluso criticar algunas de las reformas, haciendo así una declaración claramente política que no solo es condenada por toda la normativa internacional que intenta garantizar la independencia judicial, sino que es contraria al espíritu y las intenciones de la división de poderes.

Solo fue un beso, dicen algunos. Fue una agresión sexual, dicen otros. Ni siquiera está claro qué significa para el Código Penal el hecho del que todo el mundo todavía habla. Sus normas suelen ser interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, quien para observar la existencia del delito acaba exigiendo una serie de indicios que guían al juez. En este caso, se exige la falta de consentimiento, que el beso tenga contenido sexual y conciencia del agresor de los dos hechos anteriores. Solo si concurren estos tres indicios, los tribunales creerán que sí hay para tanto y declararán la existencia del delito. Podrían haber sido otros requisitos, como de hecho ha sido el caso históricamente, pero ahora las cosas, por varias razones, son así.

No es fácil hablar en términos exclusivamente jurídicos de algo que, a pesar de tener una definición técnica relativamente consolidada, no es una noción inmutable ni mucho menos. Me estoy refiriendo a la amnistía y, de paso, al indulto. Se trata de dos formas –en principio– distintas de evitar una pena. La primera sería global y eludiría la acción de los tribunales, sometiendo a un olvido procesal total unos hechos que podrían haber sido considerados delito por los jueces, antes de que lo sean. El indulto estaría más encaminado a perdonar las penas de delitos ya juzgados.

¿Podremos juzgar alguna vez a Putin, sus ministros, mandos militares y todos aquellos que opten por cometer crímenes contra la humanidad?

La Universidad está envejecida y, por desgracia, no hay muchos jóvenes que se quieran dedicar a ejercer de profesores en el futuro. El apasionante camino de la investigación científica que se traslada a la docencia –eso es la Universidad– no es escogido por esos jóvenes porque las administraciones lo han convertido en una carrera de obstáculos exageradamente burocratizada, que no tiene en cuenta la calidad auténtica del aspirante más que por indicios lamentablemente falsificables, y que además lo precariza de tal forma que es irreal pensar en un puesto de trabajo estable hasta aproximadamente los cuarenta años, cuando los mejores años de la vida de una persona ya han pasado.

Suena bien. Exigimos el pasaporte covid para entrar en espacios interiores y por fin podremos recuperar la libertad y todo podrá volver a abrir. Lo están haciendo en Francia y en otros países y, por lo tanto, ¿qué problema hay?

Se veía venir. Hace apenas un año debatí con Josep Lluís Martí en este diario sobre la conveniencia de poner barreras de burocracia sanitaria al acceso de personas a todo tipo de lugares cerrados e incluso a países. Él, con buenos argumentos, estaba más a favor, y yo era mucho más reacio. En ese momento no había ninguna vacuna.

Después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas, muchas voces dijeron que la única solución vendría de “Europa”, concretamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En aquel momento se daba por sentado que el Tribunal Constitucional confirmaría la sentencia del Tribunal Supremo, porque siempre había confirmado unánimemente todas las resoluciones relacionadas de manera directa o indirecta con este caso, a pesar de que algunas eran profundamente discutibles, particularmente las que confirmaron las prisiones provisionales de los políticos, o la que en julio de 2019 afirmó una inviolabilidad del rey extraordinariamente expansiva, anulando la reprobación que le hizo el Parlament de Catalunya.