Cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a Madrid, lo hizo con la aureola de un gestor solvente, moderado y previsible. Venía de gobernar Galicia con todo bajo control y cuyo perfil dialogante parecía ideal para recuperar el centro que Pablo Casado había derrochado en su naufragio a la dirección del PP. Feijóo era entonces el símbolo de una derecha que quería volver a ser seria, capaz de inspirar confianza en las clases medias y de aparecer como una alternativa a Pedro Sánchez.

Todos estamos de acuerdo en que es inaceptable que haya personas que son detenidas cientos de veces por cometer hurtos y pequeños robos y que después siguen actuando con impunidad en nuestras calles. Comprensiblemente, esta realidad genera frustración, desconfianza y una percepción de fracaso tanto del sistema policial como del judicial que siempre acaba siendo utilizada por quienes no dudan en instrumentalizarlo para sacar rédito político.

El fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo es una imagen insólita, casi impensable en cualquier democracia madura. Esta semana, Álvaro García Ortiz fue juzgado por un presunto delito de revelación de secretos a raíz de la filtración de un correo electrónico relacionado con la causa por fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Más allá del caso concreto, la fotografía es de una extraordinaria fuerza simbólica. Es el Estado juzgando al Estado.

El espionaje político más grave de la historia reciente de España va camino de quedar impune. El caso Pegasus, que toma el nombre del software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group utilizado para infectar a los teléfonos de decenas de representantes independentistas, se ha ido diluyendo con el tiempo, sepultado bajo el peso de la opacidad institucional y la desgana judicial. Lo que debería haber sacudido los cimientos democráticos del Estado ha acabado convirtiéndose en una pesadilla burocrática, sin responsables, sin reparación y, sobre todo, sin verdad.

Tras la resaca de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y mientras se esperaba la sentencia del Tribunal Constitucional que acabó de recortarlo, hizo fortuna la imagen del catalán cabreado. Era una manera de poner palabras al cansancio acumulado por un trato discriminatorio y sistemático de España hacia Cataluña. Aquella irritación colectiva se nutría de un agravio histórico -fiscal, cultural, lingüístico, competencial- que parecía haber llegado a su límite. El catalanismo político supo canalizar ese malestar hacia una causa compartida, que desembocó en el proceso independentista, con el resultado por todos conocido.

Pedro Sánchez está contra las cuerdas. Los casos de corrupción que salpican a dos de sus colaboradores más directos, los ex secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han dejado sin aliento al presidente español, que ha perdido la credibilidad y el control de la situación. Y como todo es susceptible de empeorar, el enfrentamiento público con Donald Trump a propósito del gasto militar es una jugada de recorrido incierto que puede darle muchos dolores de cabeza.

Este martes se ha firmado el Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo que pretende impulsar el uso social del catalán y revertir una tendencia preocupante: el continuado retroceso que sufre nuestra lengua desde el inicio del siglo XXI. Este pacto llega después de años en los que la lengua había dejado de ser una prioridad política a pesar de las evidencias de retroceso. Fue con el gobierno del president Pere Aragonès cuando se pusieron las bases de ese pacto que ahora se ha rubricado, con la voluntad de situar el catalán de nuevo en el centro del debate público y de las políticas de país.

"¿A quién creerá usted, a mí o a sus propios ojos?" Esta célebre frase de Groucho Marx en la película Sopa de ganso resume muy bien el esperpento de las comparecencias en la comisión del Congreso de los Diputados sobre la operación Catalunya. El festival de negaciones, olvidos selectivos y cinismo de manual que han protagonizado figuras como Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal o Alicia Sánchez-Camacho es el modus operandi de quien se siente impune y protegido por las estructuras del Estado.

Haga usted las leyes y deje para mí los reglamentos. La frase célebre del conde de Romanones resuena estos días en el panorama político catalán después de que Junts per Catalunya y el PSOE hayan alcanzado un acuerdo para delegar determinadas competencias en materia de inmigración en Catalunya. Tras muchos meses de negociaciones y la promesa de arrancar un traspaso integral de competencias en inmigración, con ultimátums incluidos y una cuestión de confianza finalmente retirada, ambas formaciones han registrado en el Congreso un proyecto de ley para formalizar esta delegación, aunque todavía quedan muchos interrogantes sobre su implementación real.

Los primeros seis meses de Salvador Illa como presidente de la Generalitat han estado marcados por una estabilidad aparente pese a la precariedad de su mayoría parlamentaria. Sin capacidad para aprobar los presupuestos de 2025 ni una agenda legislativa clara, su gobierno se encuentra en una situación aritmética idéntica a la que tenía el gobierno republicano de Pere Aragonès, pero Isla y el PSC han logrado fijar un relato de gobernabilidad que les permite avanzar sin una oposición contundente ni una movilización social destacada.

Paseando por Barcelona, Roma, Nueva York o Singapur vemos los mismos restaurantes y las mismas tiendas de ropa y, si entramos, encontraremos la misma oferta, estemos donde estemos. El modelo de las franquicias permite un crecimiento expansivo que se basa en clonar la marca y los productos que ofrece para que los clientes puedan reconocerlo fácilmente. Ahora parece que este concepto también se está extrapolando en el terreno de la política y en la agenda mediática.

Siempre nos habían dicho que los presupuestos eran la ley más importante del año, pero es evidente que esta afirmación no debía de ser tan cierta. Una vez más, arrancaremos la última hoja del calendario sin que las cuentas de Catalunya ni las del Estado hayan entrado ni en el Parlament ni en el Congreso. En una aritmética política sin mayorías estables, en la que todo depende de un solo voto, la negociación se ha vuelto un ejercicio agónico en el que demasiado a menudo cuenta más la forma que el fondo.

Es difícil acumular tanta incompetencia política, que todo el mundo se dé cuenta y que esto no acabe con una dimisión inmediata. Pero el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lo ha logrado. La tragedia provocada por las lluvias torrenciales de finales de octubre ha dejado una herida que tardará generaciones en cicatrizar. Los desbordamientos del río Júcar y algunos de sus afluentes han arrasado varios municipios de l'Horta Sud de Valencia y han causado una devastación que todavía cuesta dimensionar. Se han perdido 219 vidas y todavía hay 8 personas desaparecidas, según los últimos datos oficiales. Los daños materiales son el reflejo seguramente inevitable de una catástrofe meteorológica de esta magnitud, pero la pérdida irreparable de tantas vidas humanas no puede atribuirse sólo a la fuerza de la naturaleza: es el resultado de una cadena de errores, negligencias y falta de preparación por parte del gobierno valenciano.

Isabel Díaz Ayuso es la reina de los titulares. La presidenta madrileña ha logrado posicionarse como una de las figuras más mediáticas y polémicas de la política española y utiliza el gobierno de la Comunidad de Madrid solo como un pretexto para intervenir en la política estatal para ir ganando terreno e influencia, hasta hacer sombra al propio líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La victoria por la mínima del PSC en las elecciones catalanas de 2021 solo le sirvió para que Salvador Illa se convirtiera en jefe de la oposición. Pero durante toda la legislatura optó por un tono moderado y posibilista para mostrarse como la opción capaz de recoger los efectos de la resaca política que quedaba después de los años más intensos del proceso independentista y de la represión infligida por el Estado. El PSC ha sabido conectar con el estado de ánimo de una parte importante de la ciudadanía que busca tranquilidad y buenos alimentos, y ha contado con la ayuda involuntaria de los partidos independentistas, que han agotado a un electorado harto de muchos reproches y pocas propuestas.

Da la sensación de que no acabamos de ser conscientes de los efectos devastadores que tiene para nuestra sociedad el desmedido precio de la vivienda en Cataluña, tanto para el presente como para el futuro. Y si hablamos de la ciudad de Barcelona, ​​la realidad es aún más cruda: la media del precio de alquiler es de 1.193 euros al mes (1.350 euros en el barrio del Eixample), lo que marca récords nunca vistos. En el pico de la burbuja inmobiliaria que hizo estallar la larguísima crisis del año 2008, el alquiler tocó máximos con 833 euros al mes y bajó hasta los 670 euros hace diez años, cuando los efectos de aquella crisis habían dejado el mercado de trabajo arrasado. Con el paréntesis de la pandemia, los precios no han dejado de crecer y en los dos últimos años lo han hecho a un ritmo del 10% anual. Quizás las cifras cansen, pero sirven para explicar una realidad insostenible. Hoy, en Barcelona, ​​el precio medio del alquiler supera el salario mínimo, que este año es de 1.134 euros.

La mitología griega nos regala numerosas metáforas para entender las tensiones del mundo contemporáneo. Una de las más conocidas es la historia de Pandora, la primera mujer mortal, a quien los dioses regalaron una caja con la condición de que nunca la abriera. Pero, consumida por la curiosidad, Pandora acabó abriéndola y dejó escapar todos los males que contenía: la guerra, la pobreza, las enfermedades... y sólo quedó la esperanza en el fondo. Este mito nos sirve para ilustrar el conflicto permanente que genera el sistema de financiación autonómica en España, que siempre tiene Cataluña como principal damnificada y, a la vez, como principal burro de los golpes.

Este miércoles ha comenzado la cuenta atrás para la investidura y no hay nada claro. Si no hay un giro de guion insólito que lo cambie todo a última hora, sea porque el PSC decide abstenerse para facilitar la investidura de Carles Puigdemont o porque el bloque de la derecha española de PP y Vox hace presidente a Salvador Illa, la única opción que tiene el candidato socialista de ser investido es convencer a Esquerra Republicana de que lo apoye. Pero los republicanos ya han dejado claro, por activa y por pasiva, que si hay alguna opción de que esto ocurra será porque antes se habrá logrado un pacto en materia fiscal que justifique ese apoyo. En este contexto, el PSC debe superar algunos obstáculos complejos si no queremos volver a las urnas el 13 de octubre.

La forma de elección de la mesa del Parlament, pensada para evitar cualquier situación de bloqueo, ha permitido que haya una mayoría independentista, con Josep Rull de presidente, en el órgano que gobierna la cámara. Para hacerlo posible ha bastado tener más votos que los demás candidatos, porque en esta elección solo se puede votar a favor o en blanco, pero no en contra de nadie. Tras las elecciones del 12 de mayo, no existe una mayoría independentista, pero ya se ha visto que la mayoría constitucionalista tampoco es capaz de articularse. Hasta la fecha, la suma de PSC, PP y Vox no se ha producido.

Cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia salta asustada por la ventana. Esta célebre frase de Francesco Carrara, jurista italiano del siglo XIX, resume perfectamente lo vivido en Cataluña y en España en los últimos años. Para combatir el independentismo catalán, el gobierno de Mariano Rajoy decidió externalizar a los tribunales un conflicto de naturaleza exclusivamente política, en una etapa de lawfare sin precedentes en un estado democrático. Se ha retorcido el derecho y se ha instrumentalizado la justicia para perseguir y condenar a los adversarios políticos blanqueando cualquier actuación de legalidad discutible. Contra los independentistas, el fin justificaba a los medios. Cárcel, inhabilitaciones, embargos, espionaje y campañas de deshumanización han sido prácticas habituales realizadas desde la absoluta impunidad. Y cualquier denuncia de esos abusos siempre termina en un cajón.