Hay sentencias tramposas y sentencias que en sí mismas son una trampa. La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general es de las segundas. Este tribunal, haciendo gala de su gran preparación y del alto nivel jurídico de algunos de sus miembros, ha redactado una decisión en apariencia técnicamente sólida, pero que falla cuando va a la esencia de lo que debe resolver.

La decisión del Tribunal Supremo de aceptar la querella presentada contra el fiscal general del Estado puede ser correcta jurídicamente, pero resulta escandalosa políticamente. Son dos afirmaciones aparentemente contradictorias pero que cuadran a poco que uno entre en los detalles.

El Tribunal Supremo de España, mediante un extravagante Auto, ha dejado prácticamente sin efectos una ley recién aprobada por las Cortes Generales. No se trata de una ley cualquiera, sino de la norma más trascendente de esta legislatura y de una de las más importantes aprobadas en los últimos años por nuestro Parlamento. La ley de amnistía.

Tras muchos meses de discusión y una tramitación procelosa, la ley de amnistía ya tiene abiertas las puertas del BOE. Es, sin duda, el final de un proceso difícil, pero también el inicio de otro nuevo. Porque las leyes, por muy cerradas que aparezcan y por muy bien escritas que estén no se aplican solas. Es necesario el acto de voluntad de un juez que lo ordene.

Por fin conocemos el texto de la ley de amnistía. Tras meses de debate público en el vacío ya es posible hacerse una idea exacta de en qué se concretará la polémica medida pactada para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Con seguridad, el disponer de un proyecto de norma no cambiará la postura de tanto jurista de parte que, de antemano, tenía ya decidido que iba a estar a favor o en contra de la ley. Nuestros jueces, sin ir más lejos, ya se habían pronunciado públicamente contra ella sin necesidad de saber de qué iba, así que poco les importará lo que diga finalmente.

Seguir las propuestas de reforma del código penal recuerda estos días a escuchar el Carrusel Deportivo en los domingos de nuestra infancia; hay que estar atento al minuto y resultado. A veces ni aun así se entera uno. De golpe, el Gobierno quiere eliminar el delito de sedición, rebajar parcialmente las penas en el de malversación y arreglar el desaguisado de la ley del solo sí es sí. Y cada día lo hace de un modo diferente.

El derecho, como modo de organización social, se basa en dos premisas: certitud e igualdad. Frente a las sociedades que se basan en la arbitrariedad de los poderosos o la fuerza bruta, el derecho ofrece esas dos ventajas esenciales. Permite regirnos a través de normas que son las mismas para todos y que podemos conocer de antemano. Esa objetividad es la que nos da tranquilidad y permite que nos reconozcamos como ciudadanos y ciudadanas.

La detención del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont a su llegada en avión al aeropuerto italiano de Alguer dio origen a numerosas teorías acerca de la intervención en la misma del Estado español. Posiblemente nunca lleguemos a enterarnos de si efectivamente hubo comunicaciones policiales o de inteligencia advirtiendo del viaje desde Bélgica y promoviendo la acción policial italiana. Más difícil aún será saber si detrás de ese arresto estaba la mano de algún juez español. Todo eso, sin ser descartable, se quedará en mera hipótesis más o menos conspirativa sobre la que no merece la pena gastar tiempo.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el indulto a los presos del Procés y no ha habido sorpresas. Este órgano judicial nos tiene acostumbrados a una beligerancia contra los independentistas catalanes que excede lo jurídico y se manifiesta incluso en interpretaciones “creativas” de la ley cuando no es suficientemente dura para castigarlos. Así que absolutamente nadie esperaba un informe favorable en este tema. Aun así, el texto de la resolución no deja de ser sorprendente.