Una ley catalana de alquiler a punto de ser suspendida constitucionalmente por, paradójicamente, poder garantizar que se continúa vulnerando el constitucional y universal derecho a la vivienda –quien quiere hacer algo, busca una herramienta; quien no, una excusa, reza un proverbio árabe–. Ayer, de madrugada en las calles de Barcelona, otro recuento del millar de personas que duermen al raso. Hoy, una protesta contra los maltratos en el CIE de la Zona franca, en la jornada internacional por el cierre de los centros de internamiento, que el Parlament exigió clausurar de una vez por todas –y que esta semana hemos visto, cuerpo a tierra esposado durante tres horas, abriendo el Telenotícies–. Expulsiones en caliente del gobierno más progresista de la historia, que prometió erradicarlas. Y muros más altos del ministro que prometió bajarlos.