La dificultad de acceso a la vivienda sigue siendo uno de los problemas fundamentales del estado español. En plena discusión sobre la nueva ley que el gobierno quiere aprobar y del debate sobre la regulación de alquileres, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y el Área Metropolitana de Barcelona acaban de anunciar el lanzamiento de Habitatge Metrópolis. La palabra innovación ha sido la más repetida en la presentación de esta empresa mixta para la construcción de 4.500 viviendas públicas en alquiler “asequible” –por debajo de mercado–. Pero Barcelona es una ciudad donde la colaboración público-privada no es exactamente una novedad y donde estos partenariados han demostrado que no son la mejor manera de llevar adelante políticas públicas esenciales para sus habitantes.