Con el drama de Afganistán, la cuestión de los refugiados ha vuelto a los titulares. Y quizás es momento de recordar que, con su llegada progresiva, y en un contexto cambiante, los estados miembros de la Unión Europea han ido aplicando políticas de integración de resultados desiguales en las que se divisa una gran distancia entre lo que dice la ley y lo que se aplica después. Esta es, de hecho, la conclusión principal del último informe NIEM (iniciales en inglés del Mecanismo de Evaluación Nacional por la Integración), un proyecto europeo desarrollado por centros de estudios de varios países que evalúa los sistemas de integración para los refugiados. A pesar de que los 14 países de la UE analizados tienen marcos jurídicos homologables a los estándares internacionales en cuanto a la protección de los derechos de los migrantes y refugiados, las barreras administrativas y la falta de recursos, de coordinación y de acciones ajustadas a las necesidades de este colectivo les imposibilitan el ejercicio de los derechos que la ley les reconoce. La distancia entre el marco legal y las políticas de integración es especialmente marcada en áreas clave como por ejemplo la vivienda. El caso español y el griego son paradigmáticos en este sentido. Veámoslo.