Con su decisión de “salir libremente de España” (artículo 19 de la Constitución) cuando todavía no se habían activado acciones penales contra él por su participación en el Procés, y establecer su residencia en Bélgica, Carles Puigdemont se ha permitido echarle un pulso al Tribunal Supremo durante siete años y ganárselo. El TS no ha conseguido convencer a ningún órgano judicial europeo de que Carles Puigdemont debía ser extraditado a España para ser juzgado por diversos delitos cometidos como presidente del Govern que dirigió el Procés. De una manera jurídicamente impecable tanto desde la perspectiva del derecho constitucional español como desde la del derecho de la Unión Europea, Carles Puigdemont ha ejercido su derecho a la defensa y ha puesto en evidencia al TS en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Desde las elecciones autonómicas de 2015 la mayoría parlamentaria de los partidos independentistas no permite la formación de un Govern en la Generalitat. Formalmente sí lo permite, pero materialmente no, ya que no puede constituirse sin contar con los escaños de la CUP y con ellos se puede articular, como mucho, una mayoría de investidura, pero no una mayoría de gobierno.

El Parlamento europeo levantó la inmunidad de la que Carles Puigdemont era portador como miembro del mismo, posibilitando con ello que el Tribunal Supremo pudiera proceder contra él. Pero contra dicha decisión del Parlamento Carles Puigdemont interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que lo admitió a trámite. No adoptó las medidas cautelares que solicitó la defensa de Puigdemont, porque entendió que no era necesario, ya que, con la admisión a trámite del recurso, quedaba paralizada la orden de detención y entrega dictada contra él por el juez Pablo Llarena. No existía ningún riesgo de detención que exigiera la adopción de medidas cautelares.