El principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación son unas antiguas aspiraciones del ser humano, recogidas de forma entusiasta por el constitucionalismo del siglo XVIII para acabar con el Antiguo Régimen. Al constitucionalismo español le costó más tener claro que todos somos y tenemos que ser iguales, y no fue hasta la Constitución republicana de 1931 que, en su artículo 2, proclamó la igualdad ante la ley de todos los españoles, y en el 25 recogía la prohibición de discriminación, entre otras cosas por razones de ideología política. El artículo 14 de la Constitución española de 1978, siguiendo la línea de la Constitución francesa de 1958 (arte. 2.1), de la italiana de 1947 (arte. 3), y de la alemana de 1949 (arte. 3), dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de...”.