Al final no se convalidó el decreto ley 6/2024 que regulaba los contratos de temporada y de alquiler de habitaciones. Como sabemos, este decreto tenía como objetivo que se aplicara la regulación de los contratos de alquiler de vivienda habitual y permanente a todos aquellos contratos temporales que no tuvieran fines recreativos, vacacionales o de ocio.

El 16 de marzo entraron en vigor los topes de los precios de los contratos de alquiler de vivienda habitual en los 140 municipios declarados de mercado residencial tensionado en Cataluña. Pese a que los inquilinos han aplaudido que por fin se ponga freno a los precios de sus alquileres y así se evite, sobre todo, que puedan subirles los alquileres a la renovación de sus contratos, son muchos los detractores que siguen defendiendo que el mercado no es debe intervenir, y que auguran una caída de la oferta. Es evidente que con las políticas de vivienda llevadas a cabo hasta ahora no se ha logrado destensionar el mercado ni aumentar la oferta de vivienda. Además, hemos visto que es un mercado que, habiendo estado libre todos estos años, no ha logrado equilibrarse por sí mismo, como también se ha visto en todos los países europeos que están imponiendo este tipo de medidas. Ahora bien, está claro que los topes de precios no son un remedio milagroso que va a solucionar en tres años –es el límite inicial de tiempo de las medidas implantadas– lo que no se ha solucionado en décadas. Y lo que está aún más claro es que no se pueden buscar soluciones sencillas a problemas complejos.

El ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por fin ha hecho público el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, que se puede consultar en el enlace https://serpavi.mivau.gob.es/. Ahora se abre un período de diez días en los que se pueden presentar alegaciones y enmiendas antes de su publicación en el BOE, que se ha anunciado para el 13 de marzo.

El gobierno central ha anunciado la creación del grupo de trabajo para regular los alquileres de temporada, que celebrará su primera reunión este viernes 22 de diciembre. Es una buena noticia si tenemos en cuenta que actualmente este tipo de contratos está siendo utilizado por muchos propietarios para evitar la aplicación de la ley de arrendamientos urbanos, que es bastante más restrictiva para los contratos de alquiler que se destinan a residencia habitual.

El gobierno del recientemente investido Pedro Sánchez pone el foco en la política de vivienda creando un ministerio que tendrá como titular a Isabel Rodríguez. Han sido muy discutidas las últimas declaraciones de la nueva ministra, que ha hecho hincapié en la necesidad de estar junto a los pequeños propietarios. Ha utilizado un discurso muy recurrente a pie de calle: el que habla de la necesidad de proteger a las personas, especialmente a las personas mayores, que han comprado una segunda vivienda con sus ahorros para poder completar sus rentas. Sin embargo, el 97% de los arrendadores viven en una vivienda de propiedad y su perfil medio es de 54 años, estudios superiores y unos ingresos medios de unos 42.000 euros brutos anuales.

El pacto entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez tiene en la vivienda uno de sus puntos centrales. Pero, ¿qué podemos esperar? Los objetivos en materia de vivienda, ¿se acaban realizando? El pasado mes de abril Sánchez anunció a los cuatro vientos que se pondrían en alquiler social 50.000 viviendas de la Sareb. Se dijo que 9.000 ya estaban disponibles y la Sareb aseguró que habría otros 12.000 en seis meses, como máximo. Hoy, llegada la fecha que se prometió, nos preguntamos dónde están esas viviendas sociales y cuáles son las actuaciones y las condiciones en las que estas viviendas se han puesto a disposición de ayuntamientos y comunidades autónomas.