Una gran paradoja de un país mediterráneo como el nuestro es que empresas privadas dispongan de concesiones para extraer agua mineral que después embotellan, comercializan e incluso exportan, pagando un canon irrisorio (21 céntimos por cada mil litros embotellados). O que, en situaciones de emergencia por sequía, las embotelladoras no tengan limitación legal alguna sobre la cantidad de agua que pueden extraer. Esta situación está amparada legalmente, porque las captaciones de agua se enmarcan en la ley de minas de 1973, una norma preconstitucional que sigue vigente y que hace que el agua sea considerada como un mineral y no se integre en el sistema ordinario de planificación hidrológica.

En marzo nos ha traído por fin lluvias por todo el país. Esto es una noticia buenísima, tanto para los embalses, como para los bosques y suelos, que han pasado mucha siete en los últimos años. Ahora bien, es necesario ser prudentes a la hora de hablar del fin de la sequía en Catalunya, porque estamos ante una carrera de fondo en la que la precaución debe ir por delante de todo.

Mucha gente ya no percibe que estamos en situación de sequía grave porque ha llovido un poco, las temperaturas son más bajas y acabamos pensando que era un problema sólo del verano. La realidad es muy diferente: tenemos tan sólo un 19% de las reservas de agua disponibles, ¡la sequía pluviométrica es todavía extrema y continuamos en plena lucha para que los sistemas de abastecimiento no fallen!