Ir a la playa y disfrutar de un buen baño sin riesgo de que el agua esté contaminada nos parece lo más natural del mundo, pero hace unos años era impensable. En las playas del delta del Llobregat, sin ir más lejos, estaba prohibido el baño porque llegaba el agua de este río, uno de los más contaminados de Europa junto con el Anoia. Pero todo esto cambió gracias a una normativa de la Comisión Europea, la Directiva Marco del Agua, que reconoce desde el año 2000 la importancia de los ríos para el mar, como una fuente vital de nutrientes para la vida marina y de sedimentos para la costa.Ahora esta directiva está en riesgo. La misma Comisión Europea que la impulsó ha planteado una reforma que puede debilitarla. Su propuesta implica incrementar las posibilidades de que proyectos considerados "estratégicos" puedan prevalecer sobre la legislación ambiental vigente. Actualmente, los estados miembros ya pueden solicitar excepciones al cumplimiento de determinadas obligaciones de la directiva, pero solo en circunstancias muy concretas y justificadas. La reforma pretende ampliar este margen de excepción y adaptarlo a las nuevas prioridades estratégicas de la Unión Europea. Esto podría facilitar la autorización de proyectos vinculados a la extracción de materias primas críticas (principalmente para la producción de energías renovables diversas) o las infraestructuras relacionadas con defensa y seguridad. Estos cambios plantean una contradicción enorme con la situación actual, dado que, justamente ahora, se han aprobado medidas para reducir sustancias contaminantes como los PFAS y microplásticos en el agua, y también estamos pagando multas diarias a la misma Comisión Europea por el hecho de no cumplir con los niveles requeridos de saneamiento y ahorro de agua.Si se aprueba esta reforma, existe un riesgo muy claro: pasar de un modelo de directiva basado en la protección de los ecosistemas acuáticos a un modelo que normaliza su degradación. Y esto tendría consecuencias directas no solo para ríos y acuíferos, sino también para la salud de los ecosistemas terrestres y costeros, y para la vida cotidiana de la gente.Por lo tanto, este debate es más que una cuestión jurídica. Se trata de escoger qué modelo de relación queremos tener con el agua. La Directiva Marco del Agua introdujo un cambio de paradigma: el agua no se gestiona solo con criterios económicos y políticos, sino que pone en el centro los criterios ecológicos para garantizar la salud de los ecosistemas acuáticos y evitar su degradación.

Una gran paradoja de un país mediterráneo como el nuestro es que empresas privadas dispongan de concesiones para extraer agua mineral que después embotellan, comercializan e incluso exportan, pagando un canon irrisorio (21 céntimos por cada mil litros embotellados). O que, en situaciones de emergencia por sequía, las embotelladoras no tengan limitación legal alguna sobre la cantidad de agua que pueden extraer. Esta situación está amparada legalmente, porque las captaciones de agua se enmarcan en la ley de minas de 1973, una norma preconstitucional que sigue vigente y que hace que el agua sea considerada como un mineral y no se integre en el sistema ordinario de planificación hidrológica.

En marzo nos ha traído por fin lluvias por todo el país. Esto es una noticia buenísima, tanto para los embalses, como para los bosques y suelos, que han pasado mucha siete en los últimos años. Ahora bien, es necesario ser prudentes a la hora de hablar del fin de la sequía en Catalunya, porque estamos ante una carrera de fondo en la que la precaución debe ir por delante de todo.

Mucha gente ya no percibe que estamos en situación de sequía grave porque ha llovido un poco, las temperaturas son más bajas y acabamos pensando que era un problema sólo del verano. La realidad es muy diferente: tenemos tan sólo un 19% de las reservas de agua disponibles, ¡la sequía pluviométrica es todavía extrema y continuamos en plena lucha para que los sistemas de abastecimiento no fallen!