Desde el siglo XIX Cataluña ha optado por articularse mediante un modelo territorial que ha oscilado entre el particularismo, el federalismo y el independentismo. Los dos primeros conectados con Madrid; y el último, por razones obvias, de carácter unilateral. El poso de estos tres enfoques y sus correspondientes respuestas son lo que, en parte, ha dado forma al entramado institucional español. Grosso modo, la segunda parte del siglo XX y el primer cuarto del XXI podemos convenir en que Cataluña ha cumplido sobradamente las funciones modernizadoras y, sobre todo, democratizadoras, con el comportamiento de grandes hombres y mujeres, ya fuera desde la calle, las fábricas o las instituciones. Ahora bien, ante el panorama político local e internacional resulta legítimo preguntarse si es un papel agotado o si, tal y como a menudo sostiene el presidente Illa, Catalunya todavía tiene mucho que aportar al conjunto de España.

Las democracias atraviesan tiempos difíciles, también en nuestro país. Las dinámicas globales que las erosionan, junto a aspectos más locales, se observan desde hace tiempo en la opinión pública catalana. Los últimos datos del CEO son una muestra muy alarmante: varias cohortes de edad, especialmente las más jóvenes, no se despeinan a la hora de afirmar que preferirían más bienestar y menos democracia; un falso dilema de manual que forma parte de los lugares comunes más visitados por los discursos antidemocráticos nada carentes de altavoces. Hace pocos días, un magnífico reportaje nos mostraba en TV3 cómo la juventud del siglo XXI no necesita acceder a los medios de comunicación, ni ir a mítines multitudinarios, para ser consumidores de narrativas extremistas, algunas de ellas abiertamente fascistas: les basta con hacer un vistazo a su teléfono móvil.

En su etapa minoritaria, el independentismo había arrastrado a una cultura política que contenía elementos discursivos antagónicos con la vocación institucional del catalanismo: se mantenían postulados contrapuestos a la estructura autonómica de autogobierno, que se asociaba a la opresión española. Los gobiernos tripartitos, con la presencia de ERC, y posteriormente los gobiernos de CiU ya en su fase soberanista e independentista, significaron un cambio histórico con la presencia de independentistas en los ejecutivos catalanes, en una primera etapa, y después con la formación de gobiernos y mayorías parlamentarias que han fijado el Estado propio como objetivo.

Los acuerdos firmados por los principales partidos independentistas con el PSOE van mucho más allá de la investidura de Pedro Sánchez y han permitido alinear a los partidos catalanistas en una sola reivindicación, la de la amnistía. Si bien no tenemos la fotografía, la futura ley de amnistía ha sido bendecida, no sin matices, de la CUP en el PSC. Sin embargo, después de los hechos de 2017, la conversión de esta coyuntura en una oportunidad política para Catalunya resulta más dudosa. Es por ello que conviene centrar todos los esfuerzos en la gestión colectiva de este pacto durante los próximos meses y años; sólo así podrá pasar de ser un acuerdo de investidura, fruto de la coyuntura electoral, a un acuerdo histórico. Están llamados todos los que han participado e, incluso, los que lo miran desde la barrera.