En la Unión Europea en torno a unos 300.000 pacientes dependen de medicamentos derivados del plasma sanguíneo, mayoritariamente por enfermedades crónicas que requieren tratamiento de por vida. En los últimos años, la demanda de los derivados del plasma ha crecido exponencialmente y la previsión es que siga aumentando, también por las nuevas indicaciones clínicas. Esta realidad choca con el hecho de que Europa no es, ni de lejos –a excepción de unos pocos países–, autosuficiente en plasma y más de un 40% la obtiene de Estados Unidos, donde sus estándares éticos son bien distintos a los nuestros. Hasta ahora la normativa europea que regula el uso de la sangre y sus componentes, a diferencia de los tejidos y células, establecía taxativamente que la donación de sangre debe ser voluntaria y no remunerada, y bajo este principio de no comercialización del cuerpo humano (no financial gain), recogido también en el Convenio Europeo de Bioética (1997), se ha fundamentado la actitud de la mayoría de países en los que la obtención de la sangre, y también del plasma, se ha basado en un estricto concepto de altruismo, que ve con malos ojos y critica el hecho de que a los donantes se les pueda compensar por aquellos gastos e inconvenientes que la donación comporta. Sin embargo, hay algunos países que compensan en especies como días de fiesta en el trabajo o rebajas fiscales, y cuatro que lo hacen con un importe económico proporcionado.