“Que la denunciante hubiera bailado de forma insinuante o incluso que se hubiera podido abrazar al acusado no puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento. Estas actitudes no suponen dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzca posteriormente". Este fragmento, extraído de la sentencia del caso Alves que hemos conocido hace unos días, resume bien el espíritu del documento. Se trata de una resolución contundente de 61 páginas que condena con convicción una agresión sexual con violencia perpetrada por una persona que muchos creían intocable, un veredicto que aspira a hacer pedagogía del concepto del consentimiento, blindando y validando el relato de la víctima, coherente y persistente, imprescindible para que el pronunciamiento sea condenatorio. Una lección en contra de los mitos que conforman la cultura de la violación, tan extendidos socialmente y que rodean el comportamiento de la víctima antes, durante y después de una agresión, y esperamos que un precedente de jurisprudencia para otros casos similares. 61 páginas fruto del resultado de la lucha feminista también en el ámbito jurídico, una sentencia didáctica que refleja el esfuerzo y la lucha de muchas compañeras juristas reivindicando la libertad y la indemnidad sexual de las mujeres.

La credibilidad de las víctimas

Cuando una mujer interpone una denuncia por una agresión sexual, especialmente en los casos mediáticos, primero se la somete a ella a un juicio social. ¿Se puso en riesgo? ¿Su actitud fue apropiada? ¿Lo hace por el dinero? ¿Por venganza? El imaginario de la víctima ideal, la correcta, la irreprochable, no existe, ninguna mujer encaja en él y nunca nada de lo que hace acierta en la justa medida. Todo este escrutinio, que no encontramos en otros delitos, va encaminado hacia un punto concreto: poner en duda su credibilidad.

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