La dimisión del director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos no es menor. No abandona el cargo por una disputa técnica ni por desgaste institucional, sino tras afirmar que Irán no representaba una amenaza inminente. La afirmación no solo contradice el relato dominante: desestabiliza el fundamento sobre el que se ha construido la legitimidad de la escalada militar. Y, sin embargo, apenas ha alterado el debate público.

En Cisjordania no está pasando nada nuevo. Lo nuevo es que ya casi no se disimula.

Los desnudos en Grok se han convertido en el símbolo de una deriva que va mucho más allá de una polémica concreta. La posibilidad de generar imágenes sexualizadas de mujeres y niñas reales, facilitada por una arquitectura diseñada para sortear límites deliberadamente, no es un accidente ni un exceso puntual. Es el resultado coherente de un tipo de inteligencia artificial que llevamos años promoviendo y celebrando.

Bruselas habla de simplificación, pero lo que se está gestando es una transformación política de fondo. En nombre de la competitividad y la eficiencia, la Comisión Europea y varios Estados miembros promueven una revisión general de las normas que protegen derechos sociales, ambientales y digitales. Bajo un barniz técnico, se esconde una apuesta ideológica: presentar las garantías democráticas como un obstáculo para el crecimiento.

Cada nuevo titular confirma lo evidente: Gaza no vive un alto el fuego, sino una pausa administrada de la violencia. El martes de esta semana Israel volvió a bombardear la Franja alegando que Hamas había violado la tregua. En esa secuencia ya conocida –acusación, represalia, silencio– se condensa la naturaleza de esta fase: una guerra intermitente convertida en rutina, donde la ocupación se gestiona como si fuera meteorología.

La Global Sumud Flotilla navega hacia Gaza entre tormentas, averías y drones, que la sobrevolaron delante de Baleares. Barcos civiles, comprados y equipados a contrarreloj por activistas de todo el mundo, asumen una labor que correspondería a los estados: abrir un corredor humanitario y denunciar un genocidio.

La reciente decisión del gabinete de seguridad israelí de ocupar formalmente la Ciudad de Gaza marca un nuevo capítulo del genocidio contra el pueblo palestino. No es un giro improvisado, sino la formalización de un plan trazado desde el inicio: destruir, matar de hambre, ocupar, desarmar y, finalmente, expulsar a la población para hacer realidad el proyecto de la llamada ‘Gran Israel’. En 1948, la justificación fue también una guerra; el objetivo real, la Nakba: un plan de limpieza étnica para garantizar la mayoría y supremacía judía en el nuevo Estado de Israel.

Lo ocurrido en Torre Pacheco no es un desvío del sistema. Es el sistema. Redadas vecinales encapuchadas, linchamientos retransmitidos en las redes, discursos de odio pronunciados por cargos públicos y amplificados sin freno: todo esto es inaceptable. Pero no es nuevo, ni inexplicable, ni exclusivo patrimonio de Vox. La extrema derecha no ha inventado el racismo: le ha sabido capitalizar.

En los últimos días, los titulares internacionales han empezado a dedicar menos espacio a Gaza. Las imágenes del genocidio en curso están siendo desplazadas por mapas que apuntan a Irán, como ya ocurrió en el pasado con Siria o Líbano. En los relatos dominantes, el foco ya no está en la eliminación sistemática del pueblo palestino, sino en la escalada entre Israel y los suyos enemigos regionales. El guión es familiar: Israel actúa, otro actor responde y la escalada se presenta como un intercambio de agresiones entre estados. La pregunta que nunca se formula es quién ha decidido ese encuadre.

Hace unas semanas, en un evento institucional en Bruselas, un experto en políticas digitales celebraba que la apuesta europea por la defensa abría una ventana de oportunidad para la inteligencia artificial europea. Pero advertía: "Necesitaremos muchos más datos de los que tenemos ahora". Nadie en la sala pareció encontrar ningún problema. Nadie mencionó que uno de los principios más importantes del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es precisamente el de limitar la recogida de datos a lo estrictamente necesario.

Una semana antes de la conmemoración del día de Nakba, el gobierno de Israel anunció una nueva ofensiva terrestre en Gaza para establecer una presencia sostenida. No es una coincidencia ni una decisión puramente estratégica. Es un gesto deliberado. Una afirmación de continuidad con el proyecto político que en 1948 desplazó forzosamente a más de 700.000 palestinos para fundar el estado de Israel sobre las ruinas.

Así se titulaba una de las imágenes más poderosas de la exposición Resistencia en la memoria: Visiones de Sudán, que visité hace pocos días en la galería Sura, en la magnífica librería Balqís de Madrid. Al observarla, me asaltó una mezcla de dolor y reconocimiento. el 15 de abril, hizo dos años desde el inicio del conflicto armado entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR). que, lejos de ser una guerra civil espontánea, ha sido alimentada por múltiples actores externos –entre ellos, y de forma muy destacada, los Emiratos Árabes Unidos–. La presentación, el pasado 10 de abril, de un caso por genocidio contra los Emiratos ante el Tribunal Internacional de Justicia por parte del gobierno sudanés marca un punto de inflexión. El texto de la demanda denuncia la implicación directa de Abu Dhabi en el apoyo militar y logístico a las FSR, incluido el suministro de armas, inteligencia y transporte.

La decisión de Hungría de abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI) tras recibir oficialmente a Benjamin Netanyahu no puede entenderse únicamente como un episodio más de la política exterior o como una expresión de apoyo puntual a Israel. Esta retirada –más que simbólica– representa un nuevo capítulo en la consolidación de una internacional del iliberalismo, un entramado de alianzas que articula complicidades entre proyectos autoritarios, profundamente ideologizados, que se refuerzan mutuamente en el desprecio al derecho internacional, a los mecanismos multilaterales y, sobre todo, a los derechos humanos.

En los últimos años, la relación entre la Unión Europea y las grandes empresas tecnológicas ha sido una de las más complejas y, al mismo tiempo, cruciales para el futuro de la gobernanza digital. Las regulaciones en materia de derechos digitales, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las leyes de servicios digitales (DSA), han sido intentos significativos de Bruselas por proteger a los ciudadanos. Sin embargo, lo que antes parecía una batalla legislativa interna de Europa contra los gigantes de Silicon Valley ha tomado una nueva dimensión con la intervención directa de Estados Unidos.

En los últimos años, la relación entre la Unión Europea y las grandes empresas tecnológicas ha sido una de las más complejas y, al mismo tiempo, cruciales para el futuro de la gobernanza digital. Las regulaciones en materia de derechos digitales, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las leyes de servicios digitales (DSA), han sido intentos significativos de Bruselas por proteger a los ciudadanos. Sin embargo, lo que antes parecía una batalla legislativa interna de Europa contra los gigantes de Silicon Valley ha tomado una nueva dimensión con la intervención directa de Estados Unidos.

La prohibición de TikTok en Estados Unidos ha generado un debate político que va más allá de las preocupaciones sobre la protección de datos. El argumento sobre la seguridad de los datos ha sido, en gran parte, una excusa para justificar una medida con implicaciones geopolíticas y sobre la libertad de expresión. 

El futuro de Siria tras la caída de Bashar el Asad no es una cuestión que solo pueda analizarse de los pasillos del poder de Moscú, Washington, Ankara o Teherán, ni mucho menos desde los comentarios de las redes sociales. Sin embargo, la narrativa predominante en torno al país se sigue centrando en intereses geopolíticos y estrategias de influencias regionales, a lo que se suman análisis sobre cuestiones religiosas, dejando a los sirios sin agencia y reforzando una deshumanización que no es nueva ni accidental. Si bien los actores internacionales hayan tenido un impacto tangible en la trayectoria del conflicto, ignorar las voces y los anhelos de quienes han sufrido y resistido tanto la brutalidad del régimen como la fragmentación del país perpetúa un círculo de violencia y exclusión.

En Francia ha explotado esta semana una crisis política, de nuevo. En el epicentro de esta tormenta se encuentran las decisiones y errores de cálculo del presidente, Emmanuel Macron, que han llevado al país a una profunda incertidumbre política, poniendo de manifiesto las fisuras en la sociedad francesa.

El lunes 28 de octubre el Parlamento israelí adoptó dos leyes que impiden las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) tanto en Israel como en los territorios ocupados.

El contexto posterior a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha marcado un punto de inflexión en la conciencia global sobre la naturaleza colonial del estado de Israel. El año de violencia extrema, calificada de genocidiaria por juristas y expertos en Gaza, a la que se añade la violencia intensificada en Cisjordania y Líbano, han llevado a muchos de estos expertos, progresivamente, a reexaminar las dinámicas de poder y control en la Palestina histórica y la región de Oriente Próximo . Aunque el llamado conflicto palestino-israelí ha sido objeto de atención internacional durante décadas, el relato dominante a menudo ha oscurecido la realidad subyacente: el colonialismo de asentamiento que define la estructura del régimen de Israel.