España tiene un sistema de financiación regional perfectamente equiparable a los de los países federales de nuestro entorno. En términos generales, el sistema ha funcionado razonablemente bien. En las cuatro décadas transcurridas desde su puesta en marcha, ha ido adaptándose a la creciente descentralización del país, permitiendo la transferencia ordenada de competencias a las nuevas administraciones regionales y dotando a éstas de una autonomía financiera cada vez mayor mediante la cesión gradual de una amplia cesta de tributos con un margen muy apreciable para modificar sus tipos de gravamen. Al mismo tiempo, el sistema ha garantizado un elevado grado de nivelación entre comunidades autónomas, contribuyendo así de manera muy significativa a mantener la cohesión territorial y social del país.