En el marco de una constelación de fenómenos sociolingüísticos paranormales, el día 26 de junio el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó instar a las Cortes Valencianas a modificar la zonificación lingüística establecida por la ley de uso y enseñanza del valenciano (LUEV, 1983). La zonificación en cuestión –en formulación poco afortunada, todo se ha dicho– dividía la Comunidad Valenciana en dos áreas de predominio lingüístico atendiendo a criterios históricos. Cabe decir que el criterio –fuertemente discutido en su momento– no tenía tanto que ver con la situación demolingüística de la década de los ochenta del siglo pasado como con la lengua predominante de los repobladores del siglo XIII. De esta forma se definió una zona de predominio lingüístico (histórico) valencianohablante y otra castellanohablante, lo que planteaba una gestión diferente de los derechos y deberes lingüísticos en función de la ubicación de la ciudadanía valenciana. Llegados a este punto, no puedo dejar de decirme que el planteamiento en cuestión se ha convertido de manera recurrente en una piedra en el zapato de la normalización lingüística vislumbrada.

Déjeme empezar por el final, no sea que la retórica diluya el mensaje: necesitamos, urgentemente, un gran pacto social para la revitalización de la lengua catalana. El no nacido Pacto Nacional por la Lengua propuesto la legislatura anterior respondía a un llamamiento institucional a trabajar, de la mano de la sociedad civil, para mejorar la confortabilidad del catalán en su ecosistema histórico. El documento de expertos –que tuve el honor de coordinar junto a Isidor Marí– ya puso sobre la mesa las debilidades de una lengua que no acaba de exitoso en el pesado camino hacia la normalidad, pero también ponía énfasis en las fortalezas, un vector que no debemos obviar si queremos conseguir una adhesión ciudad.