Esta semana tenemos una buena noticia que refrenda y amplía la garantía de derechos de las infancias y adolescencias. Se ha aprobado la ampliación de la LOPIVI (ley de protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), que obligará a contar con la escucha —el testimonio— de la infancia y la adolescencia en los procesos judiciales y administrativos donde estén involucrados niños y adolescentes, independientemente de la edad que tengan.Una de las cuestiones centrales de esta ampliación es la prohibición absoluta de utilizar el concepto de síndrome de alienación parental (SAP) en los procesos judiciales. La SAP es una falsa síndrome inventada que describe la supuesta manipulación que practican las madres respecto a sus hijos con el objetivo de ponerlos en contra de sus padres en aquellos casos en que los padres han ejercido violencias contra ellos o contra sus madres. En definitiva, la utilización de esta falsa síndrome por parte del sistema judicial ha servido para deslegitimar los testimonios de niños y niñas que declaraban que no querían estar con sus padres por el daño que esta situación les generaba. A pesar de las reiteradas alertas de diversos colegios profesionales —especialmente el de psicología— de la falta de rigurosidad científica y de perspectiva de género de este concepto, así como las recomendaciones de no tenerlo en cuenta en el sistema judicial, el uso de la SAP y la falta de escucha a la infancia en procesos de violencia ha continuado siendo una práctica habitual tanto en Cataluña como en el estado español hasta hoy.Esta situación, denunciada por decenas de entidades que abordan la violencia machista y por las madres protectoras, ha vulnerado de forma persistente y sistemática los derechos de la infancia y la adolescencia. Como decíamos, esta modificación legislativa será un gran avance que afianzará la existencia de estas prácticas; al mismo tiempo, nos hace tomar conciencia —una vez más— que el sistema judicial no puede estar a merced de la ideología de los profesionales que lo encarnan. La pretendida objetividad de la judicatura queda en entredicho cuando se evidencia que las sentencias están teñidas de convicciones políticas y de un modelo social que en muchas ocasiones no responden a la complejidad o a los avances de la sociedad actual. Deberían quedar muy lejos los tiempos en que la familia era entendida como una jerarquía patriarcal donde los niños no podían contradecir a sus padres y madres y no se les daba credibilidad, en que el hombre era el cabeza de familia y tenía la última palabra sobre lo que pasaba dentro de la institución familiar. En definitiva, los niños eran una propiedad. Así mismo, deberían quedar muy lejos las épocas en que el estereotipo femenino prevalente se centraba en ver a las mujeres como seres manipuladores que, con sus malas artes, dañaban a los hombres. A pesar de que parezca que estoy haciendo arqueología social, estos son los valores conservadores y retrógrados que prevalecen detrás de una mirada judicial cuando esta no da voz a los niños y a sus necesidades, y que sigue sosteniendo —a veces— que hombres que han violentado a sus parejas pueden ser buenos padres independientemente de este hecho.Los avances sociales —y, por tanto, legislativos— deben ir siempre en la línea de garantizar libertades y derechos de todas las personas sin limitación de edad o situación. Las leyes deben estar siempre orientadas a proteger a quien es más vulnerable. Felicitémonos, pues, porque las reivindicaciones sociales respecto a las infancias comienzan a ser escuchadas.

Hace unos días saltó a los medios una noticia que nos heló. Se trataba, presuntamente, de uno de los casos de violencia hacia un bebé por parte de sus padres más espeluznantes que se han divulgado. Tan pronto como se conoció –y en la supuesta búsqueda de contexto– diversos medios de comunicación hicieron hincapié en una vertiente de este contexto que inmediatamente despertó mi indignación como profesional de la acción social desde hace 30 años. La sorpresa máxima de tertulianos y supuestos “expertos” era cómo se había producido esta situación tratándose de una familia que describían como “normal”. En el contexto, "normal" hacía referencia al hecho de que habitaban en un barrio no señalado como zona en riesgo de exclusión social, padre y madre trabajaban y además la madre era enfermera. En definitiva –y sin nombrarla como tal–, se definía como una familia que no tenía problemas económicos. Así pues, cuando se hacía referencia a una familia “normal” en estos términos se desprende que todas las familias con una situación de precariedad económica no son normales y, por otra parte, deduzco también del contexto que lo que se dice sin decir es que, en las familias donde no hay pobreza, no es habitual que se produzcan violencias o no tenemos manera de explicarlas. Me parece especialmente interesante poner el acento en cuál es el marco mental que subyace bajo palabras a medias dichas. Estos marcos muy a menudo pueden determinar la vida de personas sin que haya una voluntad expresa. En este caso estamos hablando de estigma hacia la pobreza, ahora llamada aporofobia. Bajo esta premisa clasista entendemos que los niños en familias económicamente vulnerables siempre están en riesgo y, por lo tanto, en observación, control y bajo sospecha. Por otro lado, aquellos niños para los cuales –por la situación económica de su entorno de convivencia– no hay mecanismos que permitan encender la luz de alarma pueden estar viviendo situaciones de desprotección o violencia física, psicológica o emocional sin que se despliegue ningún mecanismo de protección, excepto en casos de altísima gravedad como este.Si bien, en general, existe una alta profesionalidad en los diversos sistemas públicos de protección a la infancia y la adolescencia, así como en el sistema de salud, el estigma puede operar y opera tanto a escala estructural como en el ámbito concreto de la mirada individual. El estigma hace que hayamos aceptado como sociedad un sistema donde todos los niños que acuden solo a circuitos privados (educativos y de salud especialmente) no reciben el mismo nivel de control que en el ámbito público. Justamente porque pensamos que en las familias “normales” todo esto no pasa. Y, por otra parte, también hemos aceptado que los espacios donde las familias acuden a pedir ayudas económicas por situaciones de vulnerabilidad económica son analizadas de arriba abajo. Todo se entiende y es explicable desde el análisis particular, pero el resultado final es un clasismo y a menudo racismo estructural que presenta un sesgo en la mirada social respecto a la relación entre las violencias y la desigualdad económica.

¿El contexto patriarcal anula o condiciona la capacidad de decisión de las mujeres? ¿Si lo hace, cómo y por qué? Esa incapacidad –si es que la asumimos– ¿es inherente en todas las mujeres, o existen diferencias? ¿Dónde empezar a poner límites? ¿Cómo ha contribuido la ficción a distorsionar la idea de consentimiento? En esta pieza coral, seis opinadoras exploran la (im)posibilidad o la dificultad de decir que no de las mujeres y las rendijas abiertas a través de las cuales se puede operar para revertir esta desigualdad.