La defensa de la lengua catalana desde la recuperación de las instituciones autonómicas hace casi 50 años ha tenido, sin duda, efectos positivos (en general, las lenguas en situación de minorización han frenado mejor su declive en el uso social allá donde han tenido más apoyo institucional y social), pero también ha sufrido carencias que explican en parte el retroceso en el retroceso. Una de las luchas políticas que se han mantenido es que el conocimiento del catalán, como lengua oficial que todos tenemos el derecho de hablar y el deber de conocer, debe ser un requisito y no sólo un mérito para todo trabajador que tenga que atender al público: si no es así, ¿cómo podemos garantizar el derecho de expresarse en catalán si cuando nos atiende como ciudadanos o clientes?