¿Qué pasa cuando una persona decide hacer una donación de 100 euros a una entidad que investiga la ELA? ¿En qué se traduce que una empresa apueste por la cultura local y se convierta en mecenas de un artista emergente? ¿Qué implica que una fundación construya un hospice pediátrico gracias a donaciones privadas?

Hay leyes que regulan. Y algunas redefinen modelos enteros. El Anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, entra en esta segunda categoría. Y cuando se redefinen modelos, es necesario ser extraordinariamente precisos: no todo es lo mismo. No todas las formas de colaboración público-privada son iguales. No todas responden a los mismos incentivos. Y no todas generan los mismos impactos sobre el sistema público de salud.

En los últimos meses, los medios de comunicación se han hecho eco de la presunta gestión irregular de algunas fundaciones. Desde la Coordinadora Catalana de Fundaciones queremos expresar nuestra preocupación por la afectación que estas informaciones pueden generar en la reputación del mundo fundacional, un sector amplio y diverso, comprometido con el interés general y esencial para el bienestar colectivo.